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"¿Se desconfía de los policías?": las dudas del juez del caso Ghali ante la versión de Laya
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EL VíDEO DE SU DECLARACIÓN COMO IMPUTADA

"¿Se desconfía de los policías?": las dudas del juez del caso Ghali ante la versión de Laya

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza mantiene abierta una investigación por posible falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento

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¿Quiénes ordenaron que Brahim Ghali no tuviera que pasar por el control de aduana tras aterrizar en España el 18 de abril? Esa es la principal incógnita que trata de despejar el juez Rafael Lasala y que Arancha González Laya se negó a aclarar este lunes. En su declaración como imputada, a cuyo vídeo ha tenido acceso El Confidencial, la exministra de Exteriores se escudó en la Ley de Secretos Oficiales y alegó que la información afecta a "nuestra seguridad", "nuestra defensa" y "nuestras relaciones exteriores". Al juez no le convenció esta explicación, pero por mucho que preguntara y repreguntara, González Laya se negó a dar nombres.

Por el momento, la responsabilidad en torno a la posible entrada ilegal a España del líder del Frente Polisario queda así limitada a los dos únicos imputados: la propia exministray el que fuera su jefe de Gabinete, Camilo VIllarino, quien ya reconoció en verano que, en última instancia, fue él quien libró al líder saharaui de mostrar documentación. Pero, ¿y por encima de él? ¿Solo González Laya dio la orden? Este lunes, la exministra tuvo la oportunidad de añadir nuevos nombres al procedimiento, pero no quiso. Su estrategia fue clara: hacer de tapón entre el juez y el resto del Gobierno. Las consecuencias de esta estrategia, también: hacer dudar al juez de su versión.

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González Laya insistió una y otra vez en que la decisión de acoger a Ghali fue "humanitaria", en que se encontraba intubado y gravemente enfermo de covid-19, en que se hizo con "discreción" porque "tenemos dos vecinos" llamados Marruecos y Argelia cuya relación está marcada por las "aristas políticas"... Pero sus argumentos no convencieron al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que terminó por expresar cuál es la principal sospecha que sustenta su investigación:

  • "Si la discreción consiste en que dos policías o dos guardias civiles no le tomen la documentación en el aeropueto de Zaragoza: 'Fulano de tal, Mengano de tal'...¿Se tiene desconfianza de la Guardia Civil o de los policías? ¿De que vayan a ir a un lado u a otro diciendo 'ha entrado por aquí Brahim Ghali'? (...) El motivo de la discreción, al fin y al cabo, es que no pase un control de pasaportes, que no tengan conocimiento dos ciudadanos normales, dos guardias civiles o dos policías nacionales... ¿Es eso? ¿O es que el documento lo tienen que pasar pos escáner y ahí podían salir alerta Schengen o alertas interiores?".

Esa es la tesis con la que trabaja Lasala como telón de fondo: si el Gobierno evitó pedirle el pasaporte por temor a que tuviera cuentas pendientes con la Justicia en España u otros países del espacio Schengen. Al menos, esa la conclusión que extrajo de la declaración de Villarino el pasado 23 de septiembre y que, pese a su insitencia con González Laya, se vio incapaz de confirmar el pasado lunes. En cualquier caso, la sospecha se mantiene, y con ella los posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Por mucho que la exministra negara la mayor durante el interrogatorio, Lasala considera que sus explicaciones dejan una serie de lagunas.

¿Ley de Secretos Oficiales?

Desde el arranque del interrogatorio, el juez trató de aclarar los diversos miembros del Gobierno que gestionaron la entrada a España del líder del Frente Polisario, pero una y otra vez, González Laya se acogió a la Ley de Secretos Oficiales. En concreto, a un acuerdo secreto del Consejo de Ministros de 2010 que permite no revelar determinadas informaciones de Exteriores. Lejos de dar por bueno este razonamiento, el juez mostró sus dudas sobre el mismo a lo largo de la comparecencia:

  • "Me entenderá, ya que precisamente está aludiendo tanto a la Ley, que yo me rijo por el principio de legalidad en los procesos penales. En todos los procesos, realmente. Usted no me está hablando de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, que es del año 1968, sino de una especie de adaptación en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010 que según dijo el señor Villarino no está publicado ni comunicado. Si esas son las reglas del juego, ¿yo cómo actúo? Estoy obligado a seguir el principio de legalidad. Me están diciendo cada dos por tres que 'esto no lo respondo porque estoy vinculado por el principio de reserva' en virtud de algo que dicen que ocurrió, sucedió, entre no se sabe quiénesy que por lo visto deben pasárselo de un Gobierno a otro desde el año 2010. Parece que es una especie de un elástico, ¿no?".
  • "Comprenda que no podemos nadie controlar un acuerdo, una norma, un protocolo, que nadie sabe cuál es la primera letra ni cuál es la última, que se dice que existió o que existe todavía. Yo me vinculo por el principio de legalidad, y comprenda que esa es la situación en la que estamos: usted se acoge a eso y me parece muy bien, pero comprenda que yo tengo que seguir buscando la ley".

Pese a su insistencia, González Laya no dio su brazo a torcer: "Yo también tengo unas obligaciones". "La manera en la que España toma decisiones políticas es una cuestión que afecta a nuestra seguridad, afecta a nuestra defensa, afecta a la gestión de nuestras relaciones exteriores y, por lo tanto, quiero acogerme a mi obligación de reserva". Según argumentó, la "discreción no es arbitrariedad, no es ilegalidad y, desde luego, no es ocultamiento", y ese razonamiento se extiende a la actual investigación.

¿Una causa humanitaria?

Otro aspecto que el juez puso en duda es que a Ghali se le acogiera únicamente por razones humanitarias. La exministra repitió este argumento y apuntó a que España también ha hospitalizado a miembros del Frente Polisario en ocasiones anterioes, pero Lasala quiso saber si hubo otros motivos para abrir las puertas al líder saharaui:

  • "La cuasa era humanitaria porque el hombre estaba bastante enfermo, pero lo que me deja a mí un poco preocupado es... ¿Humanitaria o era alguna necesidad que planteaba precisamente un gobierno, el Gobierno argelino? Porque causas humanitarias hay para muchos millares de personas que se están muriendo allá y aquí... Y sin embargo en esta ocasión a este señor hay que trasladarlo forzosamente a España: ¿era realmente una causa humanitaria o era estratégica por la razón que sea, aunque no se pueda saber?".
  • "Dicho de otra manera: ¿convenía a Argelia que se trasladara a Ghali a España? ¿Había alguna conveniencia política? ¿Algo le expresaron las autoridades argelinas? (...) ¿Sabe si esa ayuda médica se pidió antes a otro país?".
  • El motivo que se dice es humanitario, pero también había un perfil político ha dicho usted. Insisto: que me hable de motivos humanitarios cuando realmente se está muriendo la gente a miles por un lado y por otro, por eso es la cuestión... Insisto en si es un motivo humanitario o si es el perfil político de este señor, si hay un interés de Argelia...".

Ante estas preguntas, la exministra sí reconoció que la decisión tenía un componente "político", pero defendió que no por ello debía pasarse por alto el grave estado de salud en el que se encontraba Ghali el 18 de abril: "No nos olvidemos que esta persona venía sedada e intubada". Para reforzar esta idea, González Laya ennumeró además otras decisiones "humanitarias" que ha tomado el Gobierno con ella en el Consejo de Ministros, llegando incluso a poner como ejemplo la gestión de las vacunas.

¿Un avión de Estado?

En cuanto a que no se le pidiera mostrar documentación tras aterrizar en España, González Laya alego el carácter diplomático de Ghali: "Cuando yo llego a un país tercero, innumerables veces he pasado sin mostrar mi pasaporte. Se acepta quien soy, no se verifica". La exministra argumentó que "esto es un vuelo de Estado, es un vuelo oficial de un país tercero con el que se ha acordado que viene", pero su razonamiento hizo que el juez dudara una vez más del modo en que se había producido el traslado:

  • "Diciéndolo un poco al revés: por eso precisamente se escogió además que fuera un avión de Estado. Si es una causa humanitaria, ¿por qué no se viene con un avión medicalizado? O nosotros enviamos el avión a Argelia y lo traen aquí... Además, se emplea el avión de Estado como un, quizá, requisito más para ver si podemos eludir en lo posible todos los controles...".

Pero González Laya echó por tierra esta teoría: "La decisión de enviarlo lo hace el país tercero y lo hace sin pedir ayuda para que España le envíe ningún tipo de avión", explicó. "Ellos son los que deciden cómo lo envían a nuestro país y eligen el método. Pero señoría, póngase en mi situación: ¿qué sentido tiene que un país tercero, a sabiendas de que esta persona pueda tener unas dificultades en otro país, decida meterlo en la boca del lobo", se preguntó entonces la exministra.

¿Se avisó al resto del espacio Schengen?

Tras imputar a la exministra el pasado mes, el juez ya ordenó a la oficina Sirene de España que le informase si había "descripciones a efectos de detención o localización" de Ghali en cualquier país del espacio Schengen. Todavía no ha recibido respuesta, pero esa cuestión centró gran parte del interrogatorio:

  • "¿Se hizo la comprobación primero de si este hombre igual tenía una alerta para informar al Estado correspondiente de 'hemos admitido por causas humanitarias a fulano de tal'?".
  • "A pesar de lo manifestado por el señor Villarino, es decir, el código Schengen, que nos vincula con otros 27 países. ¿No vaya a ser que salten las alarmas, no le pasamos por el control? Está muy bien ser humanitario, pero hay también unas obligaciones para los 28 países, estamos vinculados, es un tratado internacional, ese es el quid de la cuestión: no que entre o no entre, sino que omitimos cualquier control, que sí que es una cuestión administrativa, y así no hay problemas con nadie".

Esta es la principal duda ante la que a la exministra no le quedó más remedio que reconocer que no lo comprobaron: "No se hizo ninguna verificación de su pasaporte. ¿Hicimos alguna averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación de la entrada en territorio Schengen? Pues no, señoría, no lo hicimos". ¿Y eso por qué? "Porque nos guiaba la buena fe". Si algún país confirma ahora que tenía una orden de detención contra Ghali, queda por ver si al juez le basta con la "buena fe".

¿Quiénes ordenaron que Brahim Ghali no tuviera que pasar por el control de aduana tras aterrizar en España el 18 de abril? Esa es la principal incógnita que trata de despejar el juez Rafael Lasala y que Arancha González Laya se negó a aclarar este lunes. En su declaración como imputada, a cuyo vídeo ha tenido acceso El Confidencial, la exministra de Exteriores se escudó en la Ley de Secretos Oficiales y alegó que la información afecta a "nuestra seguridad", "nuestra defensa" y "nuestras relaciones exteriores". Al juez no le convenció esta explicación, pero por mucho que preguntara y repreguntara, González Laya se negó a dar nombres.

Arancha González Laya
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