¿Ayuso contra Aguirre? La CAM implica a la expresidenta en el caso Campus de la Justicia

Un escrito en un caso de corrupción amenaza con romper el idilio político entre Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso. Los letrados del Gobierno de la Comunidad de Madrid han implicado a la expresidenta regional en la adjudicación de uno de los contratos clave de la trama del fallido Campus de la Justicia, un proyecto investigado durante los últimos tres años por la Audiencia Nacional y que se ha saldado, por ahora, con el procesamiento del exconsejero de Justicia Alfredo Prada (2003-2008) y otros cinco cargos de confianza de la antigua máxima responsable del Partido Popular.

Los seis investigados se enfrentan a una posible condena por prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Aguirre nunca ha estado imputada en el caso, pero la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que está personada como acusación particular, señala en su escrito de calificación de los hechos que la expresidenta estuvo al tanto de la licitación irregular del contrato para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la que iba a ser la nueva sede de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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Ese encargo fue adjudicado en abril de 2006 al estudio del famoso arquitecto británico Norman Foster, Foster & Partners, por un importe de 13.317.653 euros, el más elevado de todos los concursos del Campus de la Justicia que están bajo sospecha. Según la Fiscalía, “la contratación [de Foster] tuvo graves incumplimientos legales, dado que, entre otros extremos, no consta expediente de contratación, informe de las necesidades a satisfacer, justificación del precio establecido, publicidad ni concurrencia”. El Ministerio Público atribuye a Prada el liderazgo en la tramitación investigada y señala que incluso se desplazó personalmente a Londres para cerrar con el arquitecto los detalles del acuerdo. Fue él, según la Fiscalía, quien “decidió la adjudicación”.

Sin embargo, la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que ocupa en la actualidad Enrique López, sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, que Prada no fue el único responsable de las supuestas irregularidades. En la página 15 de las 153 del documento, el jefe de los letrados de la Administración regional, Diego García Paz, subraya la implicación de Aguirre. “Es evidente que sí hubo conocimiento de esta contratación por parte de la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, al constar su firma, y la de Alfredo Prada Presa en el acuerdo para la redacción del proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 17.04.2016”, señala el representante del Gobierno de Ayuso.

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El letrado expone que la IGAE ya señaló en su informe sobre el contrato de Norman Foster que “no son suficientes simples criterios de 'conveniencia' u 'oportunidad' técnica que aconsejen contratar con un empresario determinado, sino que deben existir circunstancias determinantes de que el contrato solo pueda encomendarse a un determinado empresario. Además, esas circunstancias deben estar debidamente acreditadas en el expediente, pues en caso contrario se produce una distorsión del principio de igual concurrencia en la contratación”. Ninguna de esas circunstancias fue respetada por Aguirre ni Prada, según la acusación particular.

La Abogacía de la Comunidad de Madrid refuerza los indicios sobre la participación de la expresidenta en los hechos investigados recordando que Prada aseguró en 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre Campus de la Justicia de la Asamblea de Madrid, que la elección del arquitecto inglés estuvo guiada por criterios de carácter político: “Se toma esa decisión política de contratarle... Eran decisiones políticas”. Asimismo, el escrito añade otro extracto de su declaración en sede judicial, en marzo de 2019, en la que el exconsejero de Justicia remarcó la misma idea: “Había una decisión política del Gobierno, que no de Alfredo Prada. Una decisión política del Gobierno de contratar al señor Norman Foster y no por razones caprichosas”.

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El escrito no tendrá consecuencias legales para Aguirre, pero, más allá de las posibles consecuencias reputacionales para la expresidenta, pone en duda por qué no fue citada a declarar en calidad de investigada durante la fase de instrucción, pese a las pruebas documentales incluidas en el sumario y la declaración judicial de Prada. La exposición del letrado de la Comunidad de Madrid también abre la puerta a que la antigua dirigente del Partido Popular sea citada a declarar como testigo en la fase de vista oral.

El inicio del juicio aún no tiene fecha. El proyecto de Campus de la Justicia contemplaba la construcción de 14 edificios, entre ellos el de Foster, pero finalmente solo se concluyó uno, el que alberga el Instituto de Medicina Legal. La Fiscalía pide para Prada ocho años de cárcel. Los otros procesados son Isabelino Baños, director general técnico de Campus de la Justicia; Mariano Sanz, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director del Área Financiera; Félix García Castro, letrado asesor, y Andrés Gómez Gordo, director del Área de Seguridad.