Cincuenta encuestadores llevan a juicio al CIS por presunto fraude laboral tras su despido

Medio centenar de encuestadores y coordinadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han decidido acudir a los tribunales para intentar demostrar que en los últimos años han mantenido una relación laboral con el organismo. Residen en diferentes provincias de España y su trabajo consistía en recorrerse el país puerta a puerta para, con un cuestionario preparado por el centro, poder ofrecer al organismo que ahora preside José Félix Tezanos el trabajo de campo necesario para la elaboración de los barómetros. No pertenecían, sin embargo, a la plantilla, sino que en cada sondeo pasaban una factura con el número de entrevistas que habían realizado. Acaban de prescindir de ellos y se han organizado para intentar demostrar un presunto fraude laboral.

Algunos llevaban más de tres décadas trabajando en el CIS. “Yo empecé a hacer encuestas a finales de los ochenta y me he recorrido toda España. Cataluña, Andalucía, País Vasco… Llamando a cada casa para que se sentaran 10 o 15 minutos y me respondieran. Porque, hasta la pandemia, el trabajo de campo era presencial; a partir de junio de 2020 comenzamos a hacerlo mediante llamadas telefónicas”, especifica uno de ellos pidiendo anonimato para no sufrir represalias. En cada factura se les retenía un 15% en concepto de IRPF y algunos lo compatibilizaban con otros trabajos o eran estudiantes. No tenían contrato.

"Yo empecé a hacer encuestas a finales de los ochenta y me he recorrido toda España. Cataluña, Andalucía, País Vasco…"

Pero el 31 de agosto el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia dejó de contar con ellos. El propio Tezanos explicó internamente que se trataba de una regularización laboral para ofrecer mejores condiciones a los encuestadores. En efecto, el CIS decidió, tras sucesivas advertencias del Tribunal de Cuentas y varias sentencias en contra, firmar un contrato de larga duración con Tragsa, a través de su filial Tragsatec, para cubrir los puestos de encuestadores (encargados de captar personas para realizar las encuestas) y coordinadores (responsables de organizar la efectiva realización de los estudios sociológicos enviados por el CIS). El centro se desprendía oficialmente así de estos históricos trabajadores y cedía la competencia en recursos humanos a la compañía dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Buscan demostrar que hubo relación laboral

Con sus demandas ante los tribunales, lo que están intentando los trabajadores es conseguir un reconocimiento de que existió, durante todos estos años, una relación laboral con el CIS. El organismo defiende que prestaban sus servicios a través de contratos menores por cada barómetro, extremo desmentido por ellos. Los demandantes argumentan que su caso es similar al de los ‘riders’ y que, si llegan a acreditar que sí existió una relación laboral, podrían llegar a ser considerados incluso falsos autónomos.

El razonamiento jurídico que emplean en sus demandas es que el Tribunal Supremo reconoce que para que exista una relación laboral, y no mercantil, se deben dar dos características: la dependencia y la ajenidad. “Entendemos que existieron ambas circunstancias por varias razones”, explica uno de los abogados de los encuestadores. “El CIS enviaba a mis representados en cada estudio un documento con las normas a seguir en el que se indicaban directrices, obligaciones, el callejero donde había que realizar las encuestas, número de entrevistas a realizar, calle por la que había que empezar y plazo para su realización y presentación”, expone el letrado. “A partir del mes de junio de 2020, en que las encuestas comenzaron a realizarse de forma telefónica, el CIS enviaba las normas por correo electrónico, indicando las fechas y turno de trabajo”, añade.

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Otro argumento que emplean los demandantes es que el trabajo que realizaban era “personal e intransferible, tal y como así se hacía constar en los carnets identificativos que el CIS proporcionaba a los encuestadores” y que, incluso, el organismo les entregó unas “tablets' para poder realizar las encuestas, así como la plataforma 'online' cuando las entrevistas fueron telefónicas”. También exponen que la dirección del CIS realizó sesiones formativas con la red de campo.

Respecto a sus honorarios, “las encuestas solo se pagaban si una vez revisadas por el CIS no contenían fallos, pues, de lo contrario, eran anuladas y no se les pagaba nada”, especifica el letrado. Y, además, “el propio CIS era el que imponía el precio al que se pagaban las entrevistas, sin posibilidad de negociación por parte de los encuestadores”. Por cada una de ellas, antes del covid, el organismo abonaba 17,50 euros brutos. Con la pandemia y el confinamiento, la cifra se redujo a 12,06 euros.

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Por estos motivos, los demandantes entienden que existió una relación subordinada con el CIS que debería ser considerada como laboral. Apelan a la figura del fijo-discontinuo, “siguiendo las directrices del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores”. Desde el barómetro de septiembre de este año, solo han sido llamados a realizar el trabajo de campo aquellos encuestadores que han sido seleccionados por Tragsatec, motivo por el cual, entienden los mismos demandantes, ha de entenderse que han “sido despedidos”.

El representante legal del CIS en estos juicios será la Abogacía del Estado. Algunos de los procesos, en los juzgados de lo social, ya tienen fecha para el próximo mes de noviembre en tribunales de Madrid.