Igualdad creará un registro de objetores para garantizar el aborto en todos los casos

El Ministerio de Igualdad ha iniciado este martes la consulta pública para reformar la ley del aborto con el objetivo de acabar con los "obstáculos" que dificultan el ejercicio de este derecho y eliminar el "estigma" que aún soporta. Coincidiendo con el Día Global de Acción para el Acceso al Aborto seguro y legal, el departamento ha abierto la consulta previa a la elaboración de un proyecto normativo que modificará la norma.

La ministra de esta cartera, Irene Montero, incluirá en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) un registro de profesionales objetores para garantizar el acceso al aborto en todos los casos, una iniciativa que se va a realizar, según han explicado fuentes del Ministerio, a imagen del registro que ya se incluye en la Ley de Eutanasia.

Fuentes del departamento, han explicado a Europa Press que se ha decidido usar la Ley de Eutanasia como referencia en esta materia porque obtuvo un amplio consenso durante su redacción. El objetivo de este registro de objetores, según han apuntado las mismas fuentes, es identificar las necesidades en cada área sanitaria, de manera que se pueda garantizar el derecho a la IVE en todos los casos.

Promover los partos "respetuosos"

Tal y como explica Igualdad en el texto publicado con motivo del inicio de esta consulta, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE supuso, hace 11 años, "notables" avances, pero también, señala, se han registrado "obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos" recogidos en la norma.

A su juicio, la legislación actual "restringe la capacidad de decisión" para abortar "de las mujeres de 16 y 17 años, limitando lo establecido para otro tipo de prestaciones sanitarias" que se recogen en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Atender este problema, apunta Igualdad, es uno de los aspectos centrales a los que pretende dar respuesta la modificación de la norma, como también impulsar instrumentos que permitan una mayor celeridad en la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal en protocolos asistenciales, desde un enfoque de género, que promuevan la autonomía de la mujer y el parto respetuoso.

Otros "objetivos" de esta reforma, según recoge el Ministerio en el documento, es garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida; reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la IVE; o garantizar la equidad territorial, la accesibilidad, así como la eliminación de la estigmatización y el acoso.

Acabar con el "acoso" en clínicas

La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ya explicó este lunes que en España existe "una mala práctica" en relación a la "objeción de conciencia" de los profesionales que "hace que el derecho humano al aborto se obstaculice" y no sea tratado como "una prestación más de la cartera del Sistema Nacional de Salud", sino "una práctica que genera estigma social".

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En este sentido, Igualdad señala que el 87,1% de las IVE se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales el 79% fueron en centros privados. Así, indica, se recoge en el informe sobre este tema del Ministerio de Sanidad publicado en 2019 y que permite también hacer una comparativa de los informes anuales publicados entre 1988 y 2018. De esta comparativa, denuncia Igualdad, se extrae que hay ocho provincias en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo.

"Estos datos indican que existe un problema en relación con la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la IVE", explica Igualdad, que también pone el foco en el "acoso" que las mujeres y profesionales sufren en el acceso a algunas clínicas abortistas en España.

Madrid toma sus propias medidas

El Pleno de Cibeles ha aprobado la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE). La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha reclamado en el Pleno de Cibeles que se garantice "el derecho de las mujeres a ejercer su derecho al aborto en libertad, de acuerdo a la ley y garantizar su integridad física y moral".

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También ha subrayado la importancia "del derecho a la libre circulación en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo y la retirada de las subvenciones públicas a entidades que participen del acoso a las mujeres, tanto en el ámbito de las clínicas como elaborando y difundiendo información falsa sobre la interrupción voluntaria del embarazo".

Según la Asociación de Clínicas de Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), ha citado Pulido, desde que se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, de 2010, "más de 8.000 mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas y amenazadas de algún modo, cuando ejercían el derecho a interrumpir su gestación en un centro sanitario".