Los pulsos de Díaz en el Gobierno adelantan la pugna entre los socios por las leyes sociales

Las frágiles costuras del Gobierno de coalición vuelven a tensarse. La crisis de la luz, la ampliación de El Prat y el salario mínimo han roto la tregua entre PSOE y Unidas Podemos durante el arranque del curso político. Un armisticio que había favorecido durante los últimos meses el estilo de Yolanda Díaz, más conciliador que el de su predecesor como líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Pablo Iglesias. Aunque sin estridencias y evitando polémicas innecesarias, los conflictos ya no se quedan solamente dentro de la sala del Consejo de Ministros. Ya sea para culpabilizar públicamente a la rama socialista de inacción ante la escalada de los precios de la luz, para reivindicar la bandera verde contra la ampliación del aeropuerto de El Prat o para descargar "en la parte mayoritaria del Gobierno" la decisión de subir el salario mínimo este mismo mes de septiembre, como finalmente ha ocurrido, o aplazarlo para octubre.

Las discrepancias vuelven a hacerse públicas y nada hace presagiar una distensión cuando se afronta la fase final de unas negociaciones en cuestiones clave para los morados como son la regulación de los alquileres, la mejora del ingreso mínimo vital o la fiscalidad. Las posiciones en estos asuntos siguen estando muy distanciadas y amenazan con acabar retrasando la tramitación de los Presupuestos del próximo año por falta de acuerdo. Otra de las cuestiones más sensibles es la reforma laboral, todavía por abordar en la mesa de diálogo social. Como con el salario mínimo, son visibles las discrepancias sobre el alcance de esta entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

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La reforma laboral es la medida estrella de la legislatura para el departamento de Díaz. Comprometida con Bruselas para antes de que finalice el año, la pasada semana se retomaron los contactos entre los agentes sociales con la CEOE reiterando su posición de rechazo. Unas negociaciones enturbiadas tras el desacuerdo con los empresarios para la subida del SMI. Díaz endureció el tono con los representantes de los empresarios acusándolos de no querer negociar respecto al salario mínimo. Esta carpeta, y previsiblemente el pulso con Calviño, se retomará en enero para fijar la senda de subida de cara a 2022 y 2023, con el objetivo de cumplir con el programa de coalición. Este se compromete a situar el SMI en el 60% del salario medio a final de la legislatura.

La parte morada del Ejecutivo vuelve a intentar recuperar perfil propio en el contexto de la negociación de los Presupuestos y cuando se acerca el ecuador de la legislatura. Durante los próximos meses, el Gobierno tiene entre sus prioridades desplegar un paquete de leyes sociales que fijen el mensaje de la "recuperación justa". Una serie de banderas que el socio minoritario de la coalición se resiste a no capitalizar. Todo ello cuando suenan los tambores de adelanto electoral en Andalucía y Castilla y León, mientras el PSOE afronta una profunda renovación orgánica en su congreso federal para encarar el ciclo electoral de 2023.

La escalada del precio de la luz aparejó ya desde el verano una batalla dentro del Gobierno. Los morados fueron redoblando la presión, mientras los socialistas los acusaron de proponer medidas contrarias al marco regulatorio europeo y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, acabó acusando al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de hacer "demagogia barata" en referencia a sus propuestas. Cuando finalmente se anunció el paquete de medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros, desde Unidas Podemos reivindicaron que sus presiones habían hecho efecto.

Yolanda Díaz valoró que "el bien común está por encima de las cuentas de resultados de las grandes empresas"

"Frente a las eléctricas que se lucran a costa de un derecho básico, el Gobierno debe proteger a la gente", argumentaba la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien se anotaba el tanto de que los socialistas hubiesen aceptado algunas de sus propuestas para regular el mercado y bajar la factura de la luz. La vicepresidenta segunda y líder de los morados en el Gobierno, Yolanda Díaz, valoró por su parte, respecto a la medida de detraer beneficios de las eléctricas, que "el bien común está por encima de las cuentas de resultados de las grandes empresas".

A la espera de tomar una decisión sobre su candidatura para las elecciones generales, Díaz ha comenzado un proceso de "escucha" por diferentes territorios y entre diversos sectores de cara a "levantar un proyecto de país". Un proyecto "sin etiquetas" y en el que busca una recomposición de las alianzas, más allá de Unidas Podemos, tendiendo la mano a nuevos actores, a sumar. Un modelo de frente amplio, aglutinador como "gran casa de la democracia" y que tenga entre una de sus señas de identidad el ecologismo, bandera en disputa entre las diferentes opciones de izquierda. De ahí que no haya rehuido el conflicto interno con el PSOE sobre la ampliación de El Prat, anteponiendo la "emergencia climática" a un proyecto faraónico y con afectación medioambiental.

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La vicepresidenta segunda escenificó su rechazo al proyecto que ahora ha suspendido el Gobierno de la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de los 'comuns' de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler. Con ambos, acudió a la zona afectada por la ampliación. Igual de estratégica que la bandera verde para el "nuevo proyecto de país" que busca levantar Yolanda Díaz lo es la profundización de las alianzas territoriales. El discurso verde cotiza al alza y dibujar un "planeta habitable" es uno de los retos marcados para la construcción de esa nueva iniciativa.

El conflicto vuelve a normalizarse en el seno del Gobierno cuando se abre la ventana de negociaciones entre los socios más importante de lo que resta de legislatura, la de los Presupuestos. En materia de ingreso mínimo vital, Seguridad Social y derechos sociales, siguen sin acercar posturas, como se constató en la última reunión para intentar consensuar una serie de enmiendas que faciliten el acceso a la prestación. En materia de vivienda tampoco hay avances y los morados avisan de que no cederán para que en la futura ley se establezcan mecanismos para poner límites a los precios de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas. Las líneas rojas han salido de la ecuación en las negociaciones, pero se recupera el mantra de que "sin conflicto no hay avances" mientras Díaz combina el ajedrez con el boxeo.