En mi pueblo, "no": por qué la España vaciada se opone a los megaproyectos

Matarraña es un pequeño paraíso. Las guías de viajes comparan la comarca turolense con la Toscana. Hoteles de lujo cuidados hasta el extremo, huéspedes que viajan en helicóptero, pueblos de postal símbolo de la arquitectura medieval y renacentista y una naturaleza preservada con mimo por sus habitantes. Pero sobre el enclave se cierne una "amenaza". Así es como definen muchos vecinos de la zona la propuesta de construcción de un parque eólico, con 84 molinos de 200 metros, "más altos que el Pirulí". El 'boom' de las renovables, considerado por algunos como la oportunidad de oro para que la España vaciada despierte del letargo, es visto con recelo por vecinos, asociaciones, ganaderos y agricultores por los pocos beneficios que realmente, según defienden, deja en el territorio. La desconfianza se extiende por todo el país y, más allá de las renovables, otros megaproyectos han levantado a pueblos y ciudades en armas contra lo que consideran una nueva forma de "colonialismo".

El volumen de proyectos para la construcción de parques eólicos es tal, que solo en la provincia de Teruel, si se aprobasen todos, se comerían el 10% del terreno, 1.480 kilómetros cuadrados, según cálculos de Teruel Existe. Pero el problema se replica en otros puntos de España, en Galicia, Murcia y las dos Castillas, ya sea con molinos o con placas fotovoltaicas. El objetivo del Gobierno es que para 2030 España genere 89 gigavatios de renovables, frente a los casi 40 que se producen ahora. Pero esa loable meta ha desembocado en una alocada carrera, según los críticos, en la que hace falta urgentemente una regulación que ordene el despliegue de las renovables.

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"El modelo de los grandes proyectos es especulativo. Las energías renovables ya se han convertido en el pelotazo del siglo XXI”, censura Jesús Villamón, coordinador del Grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe. "No nos oponemos a las renovables, pero lo que habría que fomentar es el autoconsumo. Ahora mismo, en la provincia, con los proyectos planificados se prevé generar tanta energía como la que históricamente han producido las 10 centrales nucleares de España ¿Qué puede suponer eso? Una invasión, una colonización, un arrase", lamenta.

Y para Villamón un ejemplo es el proyecto de Matarraña. Una comarca que vive del turismo y en la que la construcción de esos 84 molinos destrozaría el paisaje y el trabajo y empeño en el que se han volcado muchos vecinos para encontrar una forma de vida que no implique huir a la gran ciudad. Uno de ellos es Javier Ciprés, ingeniero de telecomunicaciones. Volvió a Rafales cuando terminó los estudios y desde entonces se dedica a la producción de comestibles derivados de la aceituna y la almendra.

"Esta es una comarca pequeñita, no seremos más de 8.000 habitantes, y aquí se ha apostado por una economía circular, donde el turismo, la agricultura y la ganadería están interrelacionados. Los molinos son una gran amenaza que se cierne sobre el sistema en el que llevamos 20 años trabajando. No son una oportunidad, todo lo contrario", resuelve Ciprés. El vecino critica el impacto que tendría el proyecto en un entorno que a penas ha cambiado en los últimos 100 años y rechaza las promesas de generación de empleo que habitualmente suelen acompañar a estas grandes propuestas.

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"Las centrales eólicas está demostrado que no generan puestos, porque con una persona puedes llevar 15 parques", argumenta en la misma línea de lo expuesto por Villamón. Según cálculos de Teruel Existe, sin tener en cuenta que el impacto en el mercado laboral es casi nulo, solo el 3% de lo que generan los molinos se queda en el territorio. "El 2% en impuestos para el Ayuntamiento y el 1% para el propietario. ¿Qué negocio conoces que solo pague un 3% por el alquiler del local donde desarrolla su actividad?", se pregunta el miembro de la agrupación de electores.

La clave para Teruel Existe, más allá del fomento del autoconsumo, pasa por una planificación que discrimine en aquellos puntos de la provincia donde se pueden instalar este tipo de megaplantas y en aquellas otras zonas que no. Y una vez que se determine en qué lugares se podrían levantar los parques, "tienen que pasar por caja en función de los que generen". La entidad propone un canon de un 15% para crear un fondo estructural para el desarrollo de la provincia. Un tanto por ciento que en Francia se sitúa en el 25% y en Dinamarca en un 30.

Consultas vecinales

Pero si hay muchos vecinos que están en contra de estos proyectos, también los hay partidarios. Para resolver las dudas sobre la idoneidad de las megaplantas, las principales compañías que las están impulsando, Capital Energy y Forestalia, han organizado charlas informativas en los municipios afectados. El objetivo: lograr el apoyo social en las consultas que se están celebrando y en las que únicamente los empadronados pueden mostrar su parecer. También las plataformas contrarias están promoviendo encuentros para expresar su punto de vista.

Precisamente, durante este fin de semana, se está viviendo una intensa jornada de debate en varias localidades de la Matarraña. En Valdejunquera y Valdeltormo se celebran consultas populares para cerrar la postura definitiva sobre los proyectos eólicos que promueve Capital Energy. El próximo 8 de octubre es la fecha límite para alegar contra las tramitaciones administrativas.

La alcaldesa de Valjunquera, Susana Traver, explica a El Confidencial que el proyecto está creando una "fractura social" en el municipio. "Hay gente del pueblo que está a favor por los impuestos que genera o por los alquileres que cobrarán los agricultores de la sociedad de montes, pero otros afirman que será una catástrofe paisajística y que tendrá un fuerte impacto acústico. La tensión es evidente porque al ser un pueblo pequeño somos una gran familia", detalla. La pregunta a la que deben responder los vecinos es clara: ¿Quieres parques eólicos en tu municipio? Y solo dos respuestas: sí o no. Así se decidirá la implantación de la planta.

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Fuentes de Forestalia defienden que desde el principio "se ha ofrecido diálogo y colaboración con las instituciones para el desarrollo consensuado de las instalaciones proyectadas. Este ofrecimiento de consenso se hace extensivo a los particulares cuyos terrenos se vean afectados por los proyectos en tramitación y así se ha hecho en las reuniones informativas". Las mismas voces sostienen que las plantas "tienen que superar unos exigentes procesos de evaluación administrativa" y defienden que "son una importante fuente de recursos para el territorio".

¿Y qué pasará si en estas consultas populares termina ganando el 'no'? La alcaldesa de Valjunquera lo deja claro: "No tenemos casi nada que hacer. Es difícil pararlos y eso que estamos analizándolo con juristas y urbanistas. Sabemos que habrá un coste político alto. Y que la fractura social seguirá existiendo".

Ciprés sin embargo difiere: "Tenemos esperanzas de que no se ejecute el proyecto. Hay siete ayuntamientos implicados y en varios ya se ha votado en contra. Si el rechazo es mayoritario, no creo que ningún Gobierno autonómico se atreva a declarar de utilidad pública el territorio para que los pongan".

La historia se repite

En Armillas, también en Teruel, llueve sobre mojado. Esta pedanía de Vivel del Río Martín ha visto, a lo largo de los años, cómo las mejoras que prometían los grandes proyectos pasaban de largo por la puerta de sus vecinos. Ni las salinas ni la mina de arcillas ni la línea de alta tensión ni el primer parque eólico, construido hace dos años, redundaron en beneficio alguno, según denuncia Miguel Morte, uno de los propietarios afectados. Por eso, con esta experiencia, ante la previsión de la instalación de un segundo grupo de molinos, "la inquietud es muy alta y el enfado, también".

La historia reciente de Armillas ha estado ligada a un camino que ejemplifica a la perfección la cara y la cruz de esa realidad que denuncian. El único acceso público a la pedanía es una carretera "horrible", describe Morte, con "siete kilómetros y 100 curvas". Fue proyectada así a principios del siglo XX para cubrir las necesidades de la explotación de sal, pero nunca se pensó en los vecinos, en dar respuesta a una demanda social, en definitiva, en prestar un servicio.

Por la vía no pueden circular ni autobuses ni camiones por su peligrosidad, por lo que el acceso real a Armillas es a través del camino que los propios habitantes acondicionaron y que, en gran parte de su trazado, atraviesa sus propiedades, fincas privadas. "Ninguna administración ha querido hacer de ese camino una vía pública. Y ese es otro agravio para nosotros. Hemos sido los que hemos puesto una solución y por ahí es por donde pasa el camión de la basura, los bomberos, las ambulancias, la autoridades cuando vienen a visitarnos…", resume Morte.

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También era la vía que atravesaban algunos de los camiones de la mina de arcillas para llevar el material que extraían hasta Castellón. Fue así hasta que los vecinos se hartaron y les prohibieron el paso por un camino que los pesados tráileres machacaban y de cuyo mantenimiento se tenían que encargar los habitantes de la pedanía. En 2018 los responsables de la mina, ahora sin actividad, y los afectados llegaron a un acuerdo para que los vehículos utilizasen otros accesos.

Y ahora, ante el anuncio de la construcción de un segundo parque eólico con 10 molinos, Morte no se fía ni del alcalde ni de las empresas que llegan con la gallina de los huevos de oro bajo el brazo. Asegura que el Ayuntamiento nunca ha invertido en la pedanía y teme que la historia se pueda repetir. Extremadamente crítico con el proceder de algunas compañías, pero consciente de que los beneficios económicos pueden empujar a muchas personas a arrendar sus terrenos y a los ayuntamientos a impulsar estas propuestas, lo que reclama es una regulación. "No se pueden sembrar parques a lo loco. Es como cuando los niños salen corriendo y se empujan para pillar el mejor sitio de la fila, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de terrenos y de las subvenciones europeas", ilustra y zanja: "No importamos nada. Nos colonizan como en la selva".

Una movilización sin precedentes

Más allá de las renovables, las suspicacias sobre otros proyectos de gran envergadura se multiplican por el país. Podrá sonar a disparate, pero Cáceres ha cumplido este verano cuatro años en guerra para evitar que prospere la propuesta para la extracción del litio que esconde la Sierra de la Mosca. El material, de un altísimo valor, es clave para la construcción de las baterías de los coches eléctricos y aunque el paraje podría albergar el segundo yacimiento más importante de Europa, los cacereños rehúyen de los cantos de sirena, de las promesas de los empleos que se podrán crear y de los beneficios que traerá aparejados la explotación. El principal motivo, aseguran, los problemas de salud derivados de explotar una mina a cielo abierto, a menos de un kilómetro de distancia de la ciudad y que podría alcanzar una superficie similar a la de la urbe.

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Acusaciones que siempre ha descartado la empresa impulsora del proyecto, TEL, una firma participada en un 75% por la australiana Infinty Lithium y en un 25% por Sacyr. Las cifras que manejan apuntan a una inversión inicial de 280 millones de euros, la creación de 320 puestos de trabajo durante la fase de construcción, 195 durante la fase de operación y 800 indirectos, además de una contribución de 60 millones para el Ayuntamiento. Pero a pesar de los intentos de la compañía por acallar las críticas, —en la página web se detallan todas las medidas que tienen previsto implementar para que la instalación no tenga ningún tipo de impacto acústico, no afecte a la calidad del aire y las iniciativas que se ejecutarán para la recuperación del terreno y el entorno—, la contestación vecinal no cesa.

Para medir el nivel de rechazo basta una cifra: en una ciudad de 100.000 habitantes se han presentado 33.000 alegaciones contra el proyecto, según explica Alejando Palomo, portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. Además, en esta ocasión, el rechazo lo comparten también la mayoría de los partidos —en el pleno del Ayuntamiento todos los grupos, a excepción de Ciudadanos, se posicionaron en contra—, y el alcalde, el socialista Luis Salaya, ya ha anunciado que presentará su dimisión si la Junta de Extremadura, gobernada por su mismo partido, termina por dar luz verde a la mina.

No obstante, el Consistorio tiene en su mano una de las llaves maestras para activar o desactivar la operación. Sin la modificación del Plan General Municipal de Urbanismo no se puede permitir la extracción del preciado metal.

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"Ni da dinero, ni deja nada", defiende con desparpajo Palomo. El principal motivo de oposición es la salud y el impacto que pudiera tener la mina sobre el verdadero motor económico de Cáceres, el turismo. De hecho, como recuerda el portavoz, la Unesco, a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo ecologista, se ha interesado sobre las afecciones que el proyecto podría generar en la ciudad, cuyo conjunto monumental fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Los vecinos se muestran confiados en la posibilidad de paralizar el proyecto. Los tribunales se han convertido en el lugar en el que se está dirimiendo el futuro de la mina. Y esa es la vía, la de los juzgados, que se han propuesto explotar desde la Plataforma contraria. "Nos estamos dejando miles de euros pero hay que seguir así, igual que el primer día", anima Palomo a sus conciudadanos.

Contrasta además el rechazo que ha levantado este proyecto frente a otro similar previsto también en Extremadura. La región alberga otra mina de litio, en el municipio de Cañaveral. La explotación de este segundo yacimiento está ligada además a la construcción de una fábrica de baterías. Y mientras esta propuesta está completamente encauzada, los planes para Cáceres se enfangan.