El Gobierno se da 15 días para presentar los Presupuestos pese a no tener aún los apoyos

El Gobierno mantiene su hoja de ruta para aprobar los Presupuestos de 2022 "en tiempo y forma" pese a no contar todavía con el apoyo de ninguno de sus socios potenciales. Las negociaciones todavía están en una fase inicial, incluso entre los socios de la coalición. Con todo, la intención del Ejecutivo es aprobarlos en el Consejo de Ministros en un plazo máximo de 15 días para inmediatamente llevarlos al Congreso. La previsión es aprobar el decreto para la subida del salario mínimo en la reunión del 28 de septiembre y los Presupuestos en la del 5 de octubre. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha evitado valorar el estado de las negociaciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ella misma presidió por la ausencia de Pedro Sánchez al encontrarse en La Palma para seguir el desarrollo de la erupción volcánica de la isla, pero ha recalcado su optimismo vaticinando que "vamos a tener un acuerdo".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, arrancó este martes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar su apoyo a las cuentas. Previamente a estas reuniones, sus interlocutores han coincidido en resaltar que todavía queda mucho camino para llegar a un acuerdo. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que los socialistas "van mal" y ha afeado a los socialistas estar "demasiado tranquilos con lo que tienen por delante". En esta línea ha recalcado que el voto de los republicanos, clave para sacar adelante los Presupuestos, no está asegurado porque "el voto de ERC se suda y se negocia". En términos similares se han mostrado desde otros grupos parlamentarios que ya apoyaron las cuentas públicas del presente año, como EH Bildu.

Las conversaciones con el PNV, que el Gobierno considera socios prioritarios, están más avanzadas que con otros grupos aunque igualmente sin haberse materializado ningún tipo de acuerdo. Los nacionalistas vascos llevan más de dos semanas dialogando y trabajando discretamente con el ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, y según indican fuentes de este grupo parlamentario en el Congreso "así continuaremos" ante la previsión de que todavía falta camino por recorrer para consensuar su apoyo.

Desde el Ejecutivo vinculan la aprobación de los Presupuestos para el próximo año a una mayor agilidad en la distribución de los fondos europeos. La hucha europea y su reparto autonómico facilitaría las alianzas parlamentarias con nacionalistas y regionalistas. "Todos los grupos son conscientes de la importancia de estos Presupuestos para desplegar el plan de recuperación", ha explicado la vicepresidenta económica para resaltar la necesidad de que las cuentas estén aprobadas antes del 1 de enero. La prioridad del Ejecutivo pasa por no prorrogar los actuales Presupuestos, que se habían concebido como un balón de oxígeno para, al menos, estirar la legislatura tres años. Moncloa quiere llevar a término el mandato de cuatro años y hacerlo con una hoja de ruta clara en lo político y lo económico.

Antes de llegar a un pacto con los socios de investidura, una vez desechada la geometría variable con Ciudadanos por la exclusión de los de Inés Arrimadas tras la concesión de los indultos, deberán ponerse de acuerdo PSOE y Unidas Podemos respecto al borrador de los Presupuestos. De las exigencias planteadas por los morados se han atendido hasta el momento las vinculadas con los mecanismos para frenar la escalada del precio de la luz y la subida del salario mínimo interprofesional.

En materia de vivienda, fiscalidad o ingreso mínimo vital, las posiciones siguen alejadas. Tanto es así que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, señalaba este mismo martes que acuerdos como el de la regulación de los alquileres "tiene que estar sustanciado antes de que pueda haber Presupuestos", sin dejar de insistir en una reforma fiscal y en mejorar el ingreso mínimo vital porque "no llega a la gente vulnerable como debería llegar".

La última reunión, celebrada el pasado miércoles, entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y el de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, para tratar de desbloquear este asunto acabó sin avances. El desacuerdo tiene que ver con las principales correcciones planteadas desde Derechos Sociales, entre las que destacan la ampliación de los supuestos de vulneración o que se utilicen como referente los ingresos del último trimestre y no los del último año. Entre los colectivos, en lo que se pone el foco para facilitar el acceso se encuentran los menores de 30 años, aquellos que comparten vivienda por una situación de pobreza sobrevenida o las personas con discapacidad. Se demanda asimismo crear una pasarela automática entre las rentas de inserción autonómicas y el ingreso mínimo vital.

En lo que respecta a la ley de vivienda, se trata de un principio de acuerdo comprometido ya en la negociación de las actuales cuentas y está todavía sin ejecutar. De ahí que reclamen que se concrete "como condición previa" antes de llevar el proyecto de los Presupuestos de 2022 al Congreso. La futura norma está recogida en el plan anual normativo del Gobierno para este año, y Unidas Podemos mantiene su exigencia de que se establezcan mecanismos para limitar y facilitar eventuales bajadas de precios en los alquileres. En materia fiscal, los morados proponen subir el impuesto de sociedades con un tipo mínimo del 15% para grandes empresas, reducir bonificaciones del de patrimonio y recuperar la reivindicación de reducir el IVA veterinario y de los productos de higiene femenina.

El Gobierno se volcará durante las próximas semanas en la ley más importante del año y que podría serlo también de la legislatura ante la posibilidad de llegar con estas cuentas al final del mandato gracias al viento de cola de los fondos europeos. Está en marcha toda la maquinaria burocrática y negociadora de cara aprobar los Presupuestos, con conversaciones a diferentes bandas.