La Galicia rural declara la guerra a los bancos: clamor contra el cierre de sucursales

Manifestaciones lideradas por alcaldes, recogida de firmas, un exregidor encadenado a un cajero automático, un simulacro de velatorio presidido por el primer edil… En las últimas semanas, las movilizaciones se suceden en Galicia contra el cierre de sucursales bancarias en los pueblos, que sufren las consecuencias de las fusiones de unas entidades y los ajustes de otras. La Xunta ha reaccionado con una inyección de 2,8 millones de euros para tratar de frenar la desbandada, una medida que la oposición considera un obsequio encubierto y que, de momento, no ha frenado las protestas. Su presidente, Alberto Nüñez Feijóo, apela al Gobierno, al que insta a diseñar un plan frente a una retirada que atribuye a la “reconfiguración” del negocio bancario.

En una comunidad autónoma con una población especialmente dispersa, el cierre de sucursales ha dejado en una situación muy delicada a un amplio sector de sus habitantes, afectados además por una brecha tecnológica que no facilita el acceso a la banca electrónica. A principios de año eran 50.000 vecinos de 45 ayuntamientos los que carecían de oficinas y cajeros en sus municipios, principalmente en Ourense y A Coruña, según el Instituto Gallego de Estadística.

"El dinero fluía de la ventanilla del banco a los establecimientos del pueblo; ahora, ese círculo se rompe y todo frena en seco"

Un reciente análisis publicado por el Banco de España revela que un millón de ciudadanos viven en zonas de vulnerabilidad media, con 0,6 puntos para la retirada de dinero en efectivo por cada 1.000 habitantes. Las provincias gallegas de Lugo, A Coruña y Ourense concentran casi el 24% de esa población. De las 2.500 oficinas en Galicia de hace apenas unos años solo quedan operativas 1.190, y la resta continúa de forma imparable.

La situación resulta dramática en ayuntamientos como Campo Lameiro (Pontevedra), en donde este 8 de septiembre Abanca cerró la última sucursal que quedaba operativa en sus 64 kilómetros cuadrados de superficie. Más de la mitad de sus casi 2.000 habitantes son mayores de 60 años, muchos de ellos jubilados acostumbrados a retirar su pensión en efectivo. Y sin ese dinero, se rompe una cadena de pequeños establecimientos y supermercados que mantiene la economía local, lo que redunda en el fenómeno de la Galicia vaciada.

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El regidor de Campo Lameiro, Carlos Costa (PP), encabezó este miércoles una original protesta en forma de funeral, a la que asistió el diputado nacional del partido Diego Gago y varios alcaldes de la zona. El acto consistió en un cortejo organizado por una empresa local de pompas fúnebres, con participación de la banda de música municipal y la Coral Polifónica de la localidad. Hubo ataúdes, cirios, coronas de flores, plañideras y una intervención del alcalde en la que no ahorró críticas a Abanca y a su presidente, Juan Carlos Escotet. El Ayuntamiento le declarará persona 'non grata' por su “deslealtad con su clientela”, previsiblemente con el apoyo de todos los grupos.

“Nuestros vecinos se verán obligados a desplazarse a varios kilómetros de distancia para poder disponer de la atención y de los servicios bancarios que necesiten”, denuncia a El Confidencial Costa, panadero de profesión. “Aquí vive gente mayor, gente que si ya tiene dificultades para sacar dinero de un cajero automático, operar con la banca electrónica le resulta imposible”, explica. El alcalde considera que los efectos del cierre de esa última oficina serán desastrosos. “El dinero fluía de la ventanilla del banco a los establecimientos del pueblo; ahora, ese círculo se rompe y todo frena en seco”, lamenta en conversación con este diario.

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La actitud de Costa supone un mal trago para Feijóo, que mantiene una excelente relación personal con Escotet. “Entendemos que el alcalde de Campo Lameiro defienda los intereses de sus vecinos. En manifestaciones sobre personas concretas, no entramos”, salió al paso el presidente de la Xunta. Su Gobierno ha entregado 2,8 millones de euros a diferentes entidades, entre ellas Abanca, para que instalen cajeros en aquellas localidades donde se han ido cerrando sucursales. No obstante, Feijóo ha admitido que “no es admisible que un municipio se quede de la noche a la mañana sin cajero y sin oficina bancaria”, pero ha descargado la responsabilidad en el Gobierno central, al que reclama “una estrategia a nivel global y para toda España”.

Esa estrategia la solicitó por carta el 'conselleiro' de Hacienda, Valeriano Martínez, a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en demanda de "coordinación y planificación”. En la misiva, firmada este martes, sostiene que el cierre de sucursales es un problema “de ámbito nacional" derivado de la "fuerte reestructuración del sector".

El banco que preside Escotet sostiene que Galicia es "una de las comunidades que mayor acceso tiene a servicios financieros"

Carrusel de protestas

Mientras se suceden las recogidas de firmas en distintos ayuntamientos, una de las movilizaciones más extravagantes la protagonizó un exregidor del PP, Roberto Vázquez, de Portas (Pontevedra), que se encadenó el miércoles a un cajero de Abanca junto a otro vecino. Hasta la noche del viernes, allí comió y allí durmió, en demanda de que el banco rectifique otro cierre o alguna institución pública lo evite. El propio Ayuntamiento convocó a sus vecinos este viernes a una concentración de protesta.

Los alcaldes de otros cinco ayuntamientos — Zas, Fene, Vimianzo, Cerdido y A Baña— se manifestaron días atrás en A Coruña. Fue una protesta entre gaitas, cacerolas y bocinas que terminó delante de las oficinas centrales de Abanca, a la que acusaron de “abandonar” el medio rural gallego. La entidad, heredera de las antiguas cajas —adquiridas por Banesto por 1.000 millones de euros tras un rescate público de 9.000—, asegura mientras que cuenta con la mayor implantación comercial en Galicia y sus ayuntamientos rurales. Según datos del banco, el 33,5% de sus oficinas están enclavadas en núcleos de menos de 5.000 habitantes. Además, la entidad que preside Escotet sostiene que Galicia es “una de las comunidades que mayor acceso tiene a servicios financieros”.

Para paliar los estragos que provoca el cierre de sucursales, Abanca ha propuesto a ayuntamientos como Campo Lameiro el establecimiento de una oficina móvil. El anuncio provocó estupor en los grupos políticos de la localidad, que lamentan que se les envíe “un microbús” cuando el banco es propietario del local en el que prestaba el servicio. Pero después de la intensa semana vivida en la localidad pontevedresa, y tras la intervención de Feijóo, este viernes su alcalde parecía aflojar la cuerda: “Estamos en negociaciones con el banco, esperemos que todo salga bien y no haya que terminar con la declaración como persona 'non grata' de Escotet”.