Moncloa endurece su perfil antes de la mesa de diálogo y hurga en la división del Govern

Hace apenas tres meses, el Gobierno no ahorraba en halagos a ERC destacando su esfuerzo por girar hacia posiciones más pragmáticas, a pesar de la presión de Junts. La puesta en marcha de la 'operación diálogo' tras la concesión de los indultos vino acompañada de una sensación de optimismo contenido, de cierta vuelta a la institucionalidad. A la espera de que desde el Govern "madurasen la nueva realidad", en Moncloa se destacaba la necesidad de Pere Aragonès de realizar "política útil", de centrarse en la gestión y priorizar "las cosas del comer". La pandemia habría modificado las prioridades, también en el independentismo bajo el liderazgo de los republicanos. Ahora todo ha cambiado. Ni el discurso del Gobierno es el mismo, ni tampoco los gestos de Pedro Sánchez con Cataluña. Vuelven los reproches, como se ha visibilizado tras el golpe en la mesa con la suspensión de la ampliación del aeropuerto de El Prat, y se recrudecen las desconfianzas mutuas.

Sánchez ha ido transitando de la mano tendida al desinterés sobre Cataluña, tratando de 'descatalanizar' la agenda y olvidarse de la 'operación diálogo' en su lista de prioridades para el nuevo curso político. Incluso ha endurecido el perfil, cargando también contra la división en el seno del Govern. Por las "posiciones contradictorias", que no solo afectarían al diálogo entre las dos administraciones, sino que serían las responsables de la desinversión de 1.700 millones para la ampliación de El Prat. Todo ello antes de la celebración de la Diada y de la mesa de diálogo, en la que el presidente no ha querido asegurar su presencia. Si bien, desde el Ejecutivo, insisten en no asociar la decisión con la celebración de esta reunión.

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Comprometida para la próxima semana, según al acuerdo al que llegó con Pere Aragonès en su encuentro en la Moncloa el pasado mes de junio, la segunda reunión de la mesa de diálogo sigue sin concretar fecha ni asuntos a tratar. A pesar de las conversaciones, no ha habido ningún avance durante lo que va de septiembre. Fuentes de Moncloa condicionan la asistencia de Sánchez a Barcelona al orden del día. Si desde el Gobierno cuestionan que Junts tenga voluntad de que se celebre este encuentro, respecto al fracaso del proyecto para ampliar El Prat señalan a los republicanos. Quien llegó a un acuerdo para esta inversión con el Ministerio de Transportes fue el vicepresidente —de JxCAT—, Jordi Puigneró. Para convertir este aeropuerto en un 'hub' internacional, lamenta un ministro, era "imprescindible" una colaboración de la Generalitat que no habría habido.

De la 'operación diálogo' se amenaza con transitar a la 'operación retirada', trasladándose un claro mensaje de caos en la Generalitat que dificultaría cualquier avance. Tanto para buscar una salida a lo que se denominó 'conflicto político' como para poner en marcha una agenda de inversiones y mejora de la financiación. Aragonès, comprometido con una moción de confianza a mitad de legislatura vinculada a los avances en la mesa de diálogo, ha querido separar de este foro el desencuentro sobre el aeropuerto.

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“Si las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central se han tensionado, la mesa de diálogo es más necesaria que nunca”, argumentó el 'president'. Durante la misma comparecencia, marcó terreno avanzando: “No renunciaré a defender la autodeterminación y la amnistía por el boicot a la infraestructura de El Prat que está desplegando el Gobierno español”. Precisamente, el referéndum de autodeterminación es una línea roja para el Ejecutivo central y su presencia en el orden del día alejaría a Sánchez del encuentro.

El Gobierno es consciente de su dependencia de los apoyos de ERC para garantizar la estabilidad parlamentaria y sacar adelante los Presupuestos del próximo año. Deberá seguir practicando la estrategia del palo y la zanahoria, mientras Aragonès denuncia la crisis de El Prat como una "operación de chantaje". Era su respuesta a la decisión anunciada en una rueda de prensa extraordinaria por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmando que "el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta".

El reto del Gobierno pasa por mantener los apoyos necesarios mientras modifica su relato con los independentistas

En este contexto de recrudecimiento de las hostilidades, Junts ha aprovechado para pedir a sus socios que se replanteen seguir dando apoyo a la estabilidad del Gobierno, además de reforzar su escepticismo sobre la mesa de diálogo. Al margen del ruido de las últimas horas y de cómo evolucione la crisis de El Prat y del foro, ya ha habido movimientos entre socialistas y republicanos para tratar de blindar su relación en el Congreso y salvaguardar el escudo social de Sánchez.

El reto del Gobierno pasa por mantener los apoyos necesarios para consumar la legislatura mientras modifica su relato con los independentistas para desembarazarse de una operación con alto coste electoral. Máxime cuando las encuestas vienen coincidiendo en dibujar un vuelco en las urnas. Tras la remodelación del Gobierno, ya comenzó a intuirse un cambio de estrategia respecto a Cataluña, empezando por la sustitución al frente del Ministerio de Política Territorial de Miquel Iceta por Isabel Rodríguez. Los guiños al independentismo disminuyeron hasta el punto de desaparecer, más allá de subrayar que las relaciones, "desde el punto de vista institucional", seguirían siendo "buenas y cordiales". "Somos el Gobierno de España", se responde respecto a la menor tibieza a la hora de responder a declaraciones de la Generalitat.

Las apelaciones desde el Govern al horizonte de la independencia comenzaron a responderse con más contundencia y se borró del plan anual normativo para 2021 la reforma del delito de sedición. Tras la concesión de los indultos, este prometido cambio en el Código Penal que ahora ha quedado congelado se presentaba como una forma de cerrar el círculo, al facilitar con ello que volviesen a España los políticos independentistas fugados.

División en el Gobierno de coalición

Si el Ejecutivo pone el foco en las desavenencias entre los socios del Govern para responsabilizarlo de la falta de concreción de la mesa de diálogo y del fracaso del proyecto de ampliación de El Prat, elude que respecto a esto último también han chocado socialistas y morados. Unidas Podemos hizo suya la consigna de su confluencia catalana, En Comú Podem, de anteponer la "emergencia climática" a un proyecto faraónico y con afectación medioambiental. Desde la formación morada, se deslizan también las dudas sobre el visto bueno de Bruselas a la ampliación.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogaba por "avanzar en propuestas de futuro, que apuesten por la movilidad sostenible", y calificaba sin medias tintas la renuncia del Ejecutivo a llevar a cabo el proyecto: "Es una gran noticia que se conserve intacto el espacio natural de La Ricarda y se replantee la ampliación de El Prat en plena emergencia climática". Asimismo, recalcó que la Comisión Europea tampoco entendería la propuesta de Aena.

Poco dada a visibilizar en público las tensiones en el seno del Gobierno de coalición, Díaz escenificaba este jueves su oposición al suspendido proyecto durante su visita a la zona afectada por la ampliación del aeropuerto de El Prat. Lo hacía de la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del también alcalde de los 'comuns' de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler. Ocupar el espacio ecologista es estratégico para el proyecto político que pretende poner en marcha la vicepresidenta segunda, de cara a su hipotética candidatura electoral en 2023. El discurso verde cotiza al alza y dibujar un "planeta habitable" es uno de los retos marcados por Díaz para la construcción de un "nuevo proyecto de país" si finalmente decide ser cabeza de lista en los próximos comicios generales.