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Las diligencias que pide la familia de Yéremi Vargas para acorralar al principal sospechoso
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LOGRA LA REAPERTURA DEL CASO

Las diligencias que pide la familia de Yéremi Vargas para acorralar al principal sospechoso

El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana acordó en 2017 el sobreseimiento de la causa al considerar que no existía "ningún indicio" contra él

Foto:  Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas. (EFE)
Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas. (EFE)

El juez Juan Manuel Hermo ha acordado reabrir el caso sobre la desaparición de Yéremi Vargas después de que la familia presentara el 29 de julio un escrito en el que carga contra un sospechoso al que la Guardia Civil ya investigó en 2015: Antonio Ojeda Bordón, también conocido como 'El Rubio'. En octubre de 2017, el juez descartó la participación en los hechos de este individuo, pero los padres del menor consideran que se han pasado por alto una serie de indicios clave y solicitan al magistrado que ordene la práctica de 12 nuevas diligencias. La petición queda ahora a la espera de que la Fiscalía presente un informe en el que deberá valorar la pertinencia de las mismas.

El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana acordó en 2017 el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existía "ningún indicio" contra Ojeda o "ninguna otra persona", decisión que fue ratificada por la Audiencia de Las Palmas un año después. En cualquier caso, la familia vuelve a la carga y pide retomar la investigación poniendo el foco en dos aspectos: las declaraciones de dos compañeros de prisión de Ojeda a los que supuestamente confesó su participación en los hechos y su presencia en la localidad de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), el día de 2007 que se produjo la desaparición.

Foto: Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas. (EFE)

En cuanto al primer punto, el escrito de la familia, de 45 páginas, destaca dos afirmaciones que estos internos atribuyen a Ojeda: "El chiquillo llegó muerto" y "lo tuve que desaparecer". El juez concluyó que "las manifestaciones vertidas por los internos solo eran una manera de conseguir beneficios penitenciarios", pero la familia no comparte esta tesis y pide incorporar al caso los expedientes de sus respectivos pasos por prisión para demostrarlo. También quiere que se cite como testigo a uno de ellos para volver a escuchar su versión y recabar los expedientes penitenciarios del propio Ojeda para conocer "su modo de vida" y si mantuvo "contacto muy estrecho" con otros internos.

El escrito, de hecho, hace también referencia a otro recluso que supuestamente también coincidió con Ojeda en prisión y habló con él sobre la desaparición del menor: "Contar con una declaración hasta ahora novedosa de testigo, sobre las manifestaciones vertidas directamente por Don Antonio Ojeda Bordón al ser cuestionado por el tema de Yéremi, así como la respuesta que da la persona que debe ser considerada como investigada en el presente procedimiento al ser cuestionado sobre la mejor manera de hacer desaparecer a una persona, que coincide con lo relatado por los otros dos internos y que ya obra en actuaciones", argumenta la familia.

El escrito solicita además recabar los datos médicos del propio Yéremi Vargas ante la supuesta afirmación que uno de los internos atribuye a Ojeda: "En cuanto a la enfermedad cardiorrespiratoria del menor, se trata de un elemento que solo era conocido por su familia directa, y que puede traer causa con el hecho de que el 'chiquillo llegó muerto'", explica. "Siendo imposible conocer de otra manera por estas dos personas el hecho de la enfermedad respiratoria del pequeño y las implicaciones en su salud provocándole la muerte si se le aplicaba una sustancia disolvente, que a priori a ninguna otra persona le produciría la muerte más allá de un estado de inconsciencia".

Por otra parte, los padres del menor piden una serie de diligencias para demostrar que Ojeda supuestamente se encontraba en el lugar y momento de la desaparición: "Múltiples declaraciones lo situaban como cliente habitual y diario de un bar, de nombre Nisio, que se encontraba en la misma calle Honduras, calle a la cual tenía salida el solar donde desapareció el menor, y que estaba ubicado a escasos metros, siendo incluso posible ver el referido solar desde la puerta de dicho bar". Para reforzar esta idea, piden volver a tomar declaración a un testigo que cuando se produjeron los hechos tenía 11 años y supuestamente vio un vehículo que coincide con el de Ojeda en la zona.

Foto: Manifestación de apoyo a la familia de Yéremi en 2007. (Reuters)

El juez considera que las declaraciones que prestó este hombre durante la investigación son contradictorias, pero la familia le da credibilidad y pide que se le cite de nuevo: "Creer que un niño de dicha edad tiene los conocimientos necesarios para diferenciar perfectamente distintos modelos de coches solo puede mencionarse como irracional", critican los padres. Más allá del tipo de vehículo, inciden en que este testigo indicó a los investigadores que pudo ver cómo el mismo lucía una "pegatina con motivos de palmeras", aspecto que consideran clave porque encaja con el símbolo que lucía el modelo que conducía el sospechoso: un Renault 5 Oasis blanco.

Otra diligencia que solicitan al juez para poder situar a Ojeda en el lugar de los hechos pasa por una entrevista que él mismo concedió a 'Antena 3' en 2015: "Se trata de unas manifestaciones en las que Don Antonio Ojeda Bordón se posiciona como testigo de la desaparición de Yéremi Vargas y, por lo tanto, se sitúa en el mismo lugar de los hechos", explica el escrito. A la vista de que el principal sospechoso no tuvo ningún problema en valorar el caso frente una cámara, solicitan además una pericial psicológica por si pudiera aportar nuevos datos por el modo en que "habla sobre los hechos", "pronuncia el nombre del menor" o incluso "la importancia de posibles lapsus lingues".

Foto: Manifestación por la desaparición de Yéremi Vargas. (EFE)

El escrito finaliza entonces solicitando una diligencia que carga contra el propio juez por cómo ha llevado las riendas de la investigación. En concreto, que el Consejo General del Poder Judicial facilite su "expediente sancionador" sobre "la falta de respeto proferida" a un miembro de la Guardia Civil. La familia confía en poder apartar así al juez del caso: "Con la documentación solicitada, se pone de manifiesto la necesidad de recusar al mencionado juez de instrucción sobre el conocimiento del presente procedimiento, así como del presente escrito al acreditarse la falta de diligencia en la instrucción del procedimiento para con los investigadores policiales", argumenta.

La solicitud de estas diligencias queda ahora a la espera de que se pronuncie la Fiscalía, pero el caso ya se ha reabierto. Esta decisión se produce además tras unas semanas en las que ha trascendido la detención del padre de Yéremi Vargas, quien acumula ya tres denuncias por supuestos abusos. En cualquier caso, se trata de investigaciones distintas sin ninguna relación con la de su hijo, pues ya se descartó que tuviera responsabilidad alguna en su desaparición: en la hora en la que se produjeron los hechos, su padre se encontraba en el Rally Gran Canaria y la Guardia Civil incluso lo paró en un control de tráfico.

El juez Juan Manuel Hermo ha acordado reabrir el caso sobre la desaparición de Yéremi Vargas después de que la familia presentara el 29 de julio un escrito en el que carga contra un sospechoso al que la Guardia Civil ya investigó en 2015: Antonio Ojeda Bordón, también conocido como 'El Rubio'. En octubre de 2017, el juez descartó la participación en los hechos de este individuo, pero los padres del menor consideran que se han pasado por alto una serie de indicios clave y solicitan al magistrado que ordene la práctica de 12 nuevas diligencias. La petición queda ahora a la espera de que la Fiscalía presente un informe en el que deberá valorar la pertinencia de las mismas.

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