Los jueces rebajan casi dos años la condena al etarra Henri Parot tras un nuevo cálculo

La Audiencia Nacional ha revisado la condena del etarra Henri Parot y ha aprobado descontarle el periodo que pasó en situación de prisión preventiva entre febrero de 2006 y noviembre de 2007. En ese tiempo, fue investigado por un delito que cometió estando preso. De este modo, uno de los etarras más sanguinarios ve rebajada en 20 meses su pena, que terminará de cumplir en julio de 2029, según establecen dos resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso El Confidencial.

Parot, detenido en 1990 y condenado por 39 asesinatos, será homenajeado el próximo 18 de septiembre en Mondragón (Guipúzcoa) en una manifestación convocada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare y el colectivo Elkartasun Eguna. Esta iniciativa ha despertado la indignación entre las víctimas, sindicatos policiales y partidos políticos. Piden su prohibición al considerarla una humillación.

Paralelamente, en un auto del pasado 29 de junio, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "acuerda practicar una nueva liquidación de condena al penado Henri Parot Navarro en la que se le abone el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2006 y el 2 de noviembre de 2007 al haber simultaneado en dicho periodo prisión preventiva y cumplimiento de condena". El periodo comprende un total de 620 días.

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Lo firman los magistrados Concepción Espejel, Francisco Javier Vieira y Eduardo Gutiérrez. Al auto lo acompaña una providencia en que establecen que "procede aprobar la liquidación de condena practicada al penado Henri Parot Navarro, con fecha de cumplimiento prevista para el 10 de julio de 2029". La fecha es todavía lejana, pero este límite es el que siete en cuenta a la hora de calcular los porcentajes de condena cumplida para acceder al tercer grado o la libertad condicional.

Los abogados de Henri Parot pidieron a principios de junio que se hiciese un nuevo cálculo y se descontase este periodo que pasó como investigado dentro de la cárcel. En su caso, pedían que se empezase a contar el periodo de prisión provisional desde el 18 de noviembre de 2005. La Fiscalía informó a favor del descuento, pero en su caso estableció una nueva cuenta, entre el 21 de febrero de 2006 y el 18 de diciembre 2007, casi un mes y medio más que el fijado finalmente por los jueces.

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Los magistrados han tenido en cuenta un informe de la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), donde se encuentra Parot desde que este año el Ministerio del Interior decidiese acercarle procedente de la prisión de Puerto III (Cádiz). El centro penitenciario aclaró que al etarra se le había descontado ya el tiempo que había estado en prisión provisional hasta el 20 de febrero de 2006. Había que empezar a contar desde esa fecha hasta el momento en que su nueva condena se hizo firme.

11 años más

A finales de 2007, el Tribunal Supremo hizo firme su nueva condena de 11 años para él por integración en ETA, con la agravante de reincidencia, por una carta que escribió en 2001 desde la cárcel y en la que animaba a la dirección de ETA a cometer más atentados. El alto tribunal desestimó así tanto los recursos de la defensa, que pedía la anulación de la sentencia, como los presentados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia, que solicitaban que Parot fuera condenado a otros 15 años de cárcel como autor de los delitos de proposición para cometer atentados y conspiración, respectivamente.

Opinión

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El abogado de Parot, Iñaki Goyoaga, defendió ante el Supremo la anulación de la sentencia al considerar que su cliente ya fue condenado por este delito de pertenencia a organización terrorista y que nunca dejó de pertenecer a ETA. La Fiscalía rebatió este argumento y lo comparó con los casos de tráfico de drogas o impago de pensiones. Señaló que "el delito continuado acaba cuando hay una sentencia". "Todo lo que hay después son hechos nuevos. Con la sentencia se hace borrón y cuenta nueva".

Parot conoció esta decisión del Tribunal Supremo en la cárcel, donde ya cumplía 26 condenas derivadas de su actividad como terrorista que la Justicia unificó bajo 30 años de cumplimiento máximo en prisión.