La Fiscalía investiga al presidente del tenis de Madrid por apropiarse de 500.000€ en sueldos

La Fiscalía Provincial de Madrid mantiene abierta una investigación contra el presidente de la Federación de Tenis de Madrid (FTM), Juan Luis Rascón, por la supuesta apropiación de más de medio millón al asignarse a sí mismo "un salario de 10.530 euros mensuales" desde octubre de 2016, cuando tomó las riendas de la institución. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público pide citar como imputado tanto a Rascón como al gerente de la FTM, Juan Avendaño, por estos hechos.

Más conocido como ‘Tati’ Rascón, de 50 años de edad, fue tenista profesional y llegó a ocupar el número 144 del 'ranking' mundial a mediados de los noventa tras ganar un título ATP en Charleroi y llegar a la final de otro campeonato en Sevilla. En los últimos años, ha comentado partidos de tenis para la televisión. Consultado por este periódico, Rascón ha admitido que la Fiscalía les pidió una serie de documentación a raíz de una denuncia presentada, pero afirma desconocer que se haya pedido su imputación.

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"La autocontratación por parte de Juan Luis Rascón tras su nombramiento [como presidente] a 06/10/16 y su mantenimiento como tal hasta 15/03/21 podría constituir un ejercicio abusivo de sus funciones como presidente constitutivo de un delito de administración desleal, o incluso de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones, a salvo de acreditarse que la remuneración de Juan Luis Rascón Lope no ha sido con cargo a subvenciones públicas", sostiene el escrito de la Fiscalía. "Esto lo habría cometido con la colaboración y aquiescencia de Juan Avendaño Iglesias, gerente de la FTM, quien ha tratado de justificar este hecho".

El propio Avendaño señaló para ello a la Fiscalía que Rascón ejercía como director deportivo desde 2011 y, tras hacerse con la presidencia, asumió las funciones que se corresponden con este cargo. En cuanto a los 10.530 euros mensuales, argumentó que Rascón informó "a la asamblea general de que mantendría la misma retribución que como director deportivo con el fin de no generar gastos adicionales", una explicación que no convence al Ministerio Público.

"Sorprende que no haya un acuerdo expreso al efecto", señala el escrito de la Fiscalía

"Si bien el cargo de presidente de la FTM puede ser retribuido, ello debe ser aprobado por la asamblea general, sin que en este caso conste acuerdo al respecto", señala el escrito. "Y sin perjuicio de poder haberse aprobado mediante la aprobación de los presupuestos anuales, siendo la primera vez que el cargo del presidente pasaba a ser retribuido, sorprende que no haya un acuerdo expreso al efecto, cuya necesidad parece inferirse de la norma [recogida en los estatutos de la FTM]".

Tampoco convence a la Fiscalía el hecho de que desde la FTM insistan en que "la remuneración del cargo conlleva su afiliación y cotización en la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la práctica de retenciones". Según explica el escrito, esta alta se produjo como empleado de la FTM y con un tipo de contrato "que excluye a los consejeros y administradores", lo que conlleva el disfrute de una serie de beneficios laborales como vacaciones, bajas, indemnizaciones por despidos y cotización.

568.520 euros

Esta situación choca además con el razonamiento expuesto por el propio Avendaño, quien defiende que "no existe un contrato laboral entendido como contrato de trabajo por cuenta ajena entre ambos" y que en ningún caso se contempla a Rascón como "un empleado de la federación". Tras analizar el modo en que se produjo la autocontratación y a la vista de la ausencia de comunicación directa con la asamblea general, la Fiscalía considera que Rascón pudo incurrir en un delito al apropiarse de 568.520 euros.

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La denuncia que dio origen a esta investigación la presentaron cuatro personas entre las que se encuentran un extenista profesional y el líder de una candidatura alternativa a presidir la federación. Estas personas daban cuenta de otras actividades presuntamente ilícitas que achacaban a la junta presidida por Rascón, como la reventa ilegal y sin declarar a Hacienda de material deportivo a precios por debajo de mercado.

En concreto, denunciaban la venta de más de 100 cajones de bolas de tenis semanales a 82 euros cada uno. Según fuentes del sector, en cada uno caben 24 botes con tres bolas. Para refrendar su acusación, los denunciantes aportaban el pantallazo de una conversación de WhatsApp con el siguiente mensaje de uno de los directivos: “Me lo comentaron los de la tienda de deportes, que a 82 euros el cajón se han vendido más de 100 cajones en una semana. Ya sabéis, si queréis bolas, poneros en contacto conmigo”.

Descarta el resto de denuncias

Sin embargo, la Fiscalía zanja en este punto que “no existen suficientes indicios de criminalidad”. Afirma que la denuncia se apoya “únicamente” en esa imagen de una conversación de chat de la que no se ha podido acreditar ni el origen ni la procedencia. “Iniciar una investigación penal de este hecho con base únicamente en la fotocopia de una captura de pantalla sería prospectivo”, dice el escrito firmado el 11 de agosto por la fiscal de delitos económicos María Valencia Fernández.

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Tampoco ve indicios de ilícito penal en que Rascón se diera de baja como empleado de la federación en 2016 para luego presentarse a presidente unos días después. Los denunciantes alegaban que eso era una baja fraudulenta, pero la Fiscalía no lo ve igual porque, según entiende, nadie le garantizaba que fuera elegido. Tampoco se aviene a pedir su imputación por presuntas irregularidades en las elecciones de 2020. Considera el Ministerio Público que no hay “una irregularidad tan grosera” que se pueda tildar de prevaricación.

Pero además de la citación como investigados por la autocontratación, la Fiscalía pide al juez que identifique a todos los miembros de la asamblea general de 2016, los presupuestos en los que se aprobó el sueldo de Rascón y las actas de la asamblea en las que se trató ese tema, así como las nóminas y certificados de retenciones del presidente entre 2016 y 2021. También solicita al juzgado que se dirija a la Tesorería de la Seguridad Social para requerir el contrato indefinido del principal investigado y su hoja de histórico penal.