¿Seguirá apareciendo en tu título universitario la firma del Rey?
El ministro Castells omite en su nueva ley la figura del monarca en el trámite de expedición. Fuentes del departamento argumentan que un real decreto ya regula el proceso y que no habrá cambios
El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario ‘borra’ la figura del Rey en el proceso de expedición de los títulos que acreditan haber cursado una carrera. La propuesta, vista este martes en una primera lectura en el Consejo de Ministros y principal proyecto del departamento que dirige Manuel Castells, obvia el papel del monarca y otorga en exclusiva a los rectores esa potestad. La redacción contrasta con la de la actual norma en vigor, donde se recoge expresamente que son los responsables de los centros, “en nombre del Rey”, los que despachan los documentos, como adelantó ‘ABC’. No obstante, a pesar de la controversia, la firma de Felipe VI seguirá apareciendo en los diplomas.
“El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices y condiciones para la obtención de los títulos universitarios oficiales, que serán expedidos por el rector o rectora de la universidad”, establece el polémico punto 1 del artículo 8 de la futura ley de universidades, la tercera de la democracia en regular la enseñanza superior. Son tan solo 32 palabras, pero su redacción, o mejor dicho, la omisión de la figura del Rey, amenazan con provocar un incendio para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que ya lo hicieron los puntos más controvertidos de la conocida como ley Celaá, aunque en este caso en educación obligatoria.
Actualmente, el encabezamiento de todos los títulos reza: “Felipe VI, Rey de España, y en su nombre, el Rector de la Universidad de…”, y según defienden desde el departamento de Castells así seguirá siendo a pesar de la omisión. Las mismas voces explican que el real decreto de 2010 en el que se detalla el trámite ya recoge expresamente el papel que juega la figura del monarca.
“Este real decreto desarrolla las condiciones específicas de la expedición de títulos universitarios, que no corresponde abordar a una ley orgánica. La tipicidad de los reglamentos es la de desarrollar las leyes y en este caso este decreto hace eso mismo. En definitiva: no, el Ministerio de Universidades no ha hecho que se elimine al Rey de los títulos oficiales y este seguirá apareciendo como hasta ahora”, señalan las mismas fuentes.
Igualdad
Entre los principales objetivos de la nueva ley figura combatir la precariedad laboral de parte del profesorado, rebajando la contratación temporal del 40% al 20%, entre otras medidas, así como la construcción de una universidad “equitativa”. A este respecto, y en materia de igualdad entre hombres y mujeres, el texto señala que en igualdad de condiciones de dos candidatos se primará la contratación de “las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.
Además, el anteproyecto contempla que las universidades “deberán contar con unidades de igualdad y de diversidad y con un plan de igualdad de género en política universitaria y en materia de recursos humanos, así como con un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo”.
Rectores
Otro de los puntos que más polémica pueden levantar es la elección de los nuevos rectores. Hasta ahora, para acceder al cargo había que ser catedrático, exigencia que desaparece. Según ha defendido Castells, se cambia de una “definición de rango a una por méritos”, de modo que cualquier funcionario que tenga un mínimo de tres sexenios de investigación, otros tantos quinquenios de docencia y, durante al menos cuatro años, haya desempeñado cargos de gestión en la universidad podrá optar al puesto.
El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario ‘borra’ la figura del Rey en el proceso de expedición de los títulos que acreditan haber cursado una carrera. La propuesta, vista este martes en una primera lectura en el Consejo de Ministros y principal proyecto del departamento que dirige Manuel Castells, obvia el papel del monarca y otorga en exclusiva a los rectores esa potestad. La redacción contrasta con la de la actual norma en vigor, donde se recoge expresamente que son los responsables de los centros, “en nombre del Rey”, los que despachan los documentos, como adelantó ‘ABC’. No obstante, a pesar de la controversia, la firma de Felipe VI seguirá apareciendo en los diplomas.
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