El Gobierno afrontará en el nuevo curso una posible investigación del Congreso por la luz

Faltaba un movimiento para que el aumento del precio de la luz entrara de lleno en el Congreso, parlamentariamente hablando. Ese movimiento se va a producir este miércoles gracias a Más País, Equo y Compromís, pues son los grupos que firman una petición de comisión de investigación sobre el funcionamiento de un mercado que está agujereando los bolsillos de los ciudadanos y mermando la salud de las cuentas de las empresas. La Mesa de la Cámara, su órgano de gobierno, tendrá que decidir si la tramita o no la semana que viene, y después, la Junta de Portavoces habrá de resolver cuándo va al pleno, si es que va. El paso de la iniciativa por esos dos organismos amenaza con agravar las diferencias que PSOE y Unidas Podemos, los socios de la coalición, tienen al respecto.

El Confidencial ha accedido al texto que registrarán los partidos proponentes a lo largo de la mañana, en coincidencia con el regreso de los debates. La Diputación Permanente, que sustituye al pleno en periodos extraordinarios, como es el mes de agosto, discutirá este miércoles hasta 16 peticiones de comparecencia de una decena de ministros, incluido el presidente. Precisamente una de las afectadas es la vicepresidente tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por el alza de la tarifa eléctrica. Ante la constatación de que esa solicitud del PP iba a contar con el apoyo de una mayoría del Congreso, el Gobierno se ha apresurado a ser él el que pide la asistencia de Ribera. Será la semana que viene.

El trámite de una comisión de investigación es el siguiente: hecho el registro, la propuesta llega a la Mesa, que preside Meritxell Batet e integran otros ocho diputados (dos más del PSOE, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox). Pedirán el criterio previo de los letrados. Con el informe de los servicios jurídicos en la mano, se toma una decisión. Si es sí, la medida recalará en la Junta de Portavoces. Aquí, donde se reúnen todos los grupos con la Mesa para decidir la agenda legislativa, puede haber una mayoría a favor de que el pleno haga el debate correspondiente y proceda a su constitución o puede que una mayoría se niegue a que el asunto entre en el orden del día. En el primer caso, habrá investigación. En el segundo, no.

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Más País y Compromís -encuadrados en el Grupo Plural- han tomado la delantera. Han sondeado a los demás aliados del Gobierno y han recabado un parecer mayoritariamente a favor de que la petición avance. No firman, sin embargo, y por ello, las únicas rúbricas que aparecerán serán la de Inés Sabanés, Joan Baldoví e Íñigo Errejón, así como la de Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias. Creen fuentes de Más País que varios grupos se adherirán, pero no el PSOE. Creen incluso que el PP podría entrar, incluso Cs, y así ya habría una mayoría parlamentaria suficiente.

En el texto, los proponentes delimitan el objeto de la investigación, que toca varios palos. Por un lado, "la repercusión real que tiene para la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas el incremento de la factura de la luz", y por otro, "la forma de poner fin a los abusos tarifarios y garantizar un precio justo de la electricidad a través de una reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista". La petición se cuida de aludir directamente a empresas, aunque uno los campos prioritarios de investigación es este: "si las grandes compañías eléctricas han actuado de forma premeditada modificando los caudales de la generación hidroeléctrica, bien para manipular el precio de la electricidad al alza o bien para aprovecharse de su alto precio vaciando embalses y poniendo en peligro el suministro de agua en zonas cercanas". Resuena el eco de la 'desaparición' del embalse de Ricobayo, en Zamora, que está investigando de hecho el Gobierno. Iberdrola, en el punto de mira.

La solicitud añade como otro ámbito de investigación "la forma de sacar a determinadas tecnologías de generación eléctrica de la subasta diaria para que se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno, eliminando los beneficios caídos del suelo".

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Quieren los partidos a favor de la comisión ir a otro modelo, de ahí que planteen la ejecución de una "auditoría del déficit de tarifa y de los costes reales del sistema eléctrico" y analizar las vías para "avanzar hacia un sistema que, a través de regulaciones e incentivos fiscales, favorezca la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía distribuidas, primando el autoconsumo y las comunidades energéticas". Más País, Compromís y Equo extienden la comisión de investigación al fin de "las puertas giratorias y los salarios de escándalo de los exministros fichados por las empresas del oligopolio energético".

El texto enumera y detalla las razones que han propiciado la iniciativa, y no es otro que el alza del precio de la luz hasta cifras récord, 117 euros el megavatio hora hace unos días. Pero, como recuerda el texto, las perspectivas para los próximos meses son similares; no se prevé una amortiguación de esta tendencia alcista. El Gobierno ha tomado medidas, como la reducción hasta final del año del IVA o la suspensión de la tasa por generación eléctrica, pero se han demostrado de momento insuficiente.