Alcohol, patadas y otros desfases de los políticos por sus malas conductas en la calle

Íñigo Errejón tendrá que sentarse ante la juez para declarar por la supuesta patada que le propinó a un hombre en mayo, después de que este presentase una denuncia. El líder de Más País no es el primer político que pasa por este trámite a pesar del aforamiento aparejado a su condición de diputado por Madrid. Su caso no tendrá que afrontar el proceso que emprende el Congreso cada vez que el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio, es decir, la liberación de dicho aforamiento para que pueda ser juzgado. Se le acusa de un delito leve, a criterio de la jueza, y por ello, no hará falta nada de eso.

Otros antes que él no han tenido la misma suerte. Ser diputado o senador comporta una serie de derechos, y uno de ellos es la exención de los procedimientos de la justicia ordinaria. Como representante de la soberanía popular, solo el Supremo puede juzgar a un parlamentario. Pero también ser diputado obliga a la ejemplaridad, incluso en situaciones comprometedoras o enervantes. Vamos a repasar algunos precedentes de conductas indeseables de sus señorías en plena calle, o a la vista de la gente y, de lo que es peor para ellos, de la policía.

Por ir ebrios

En 2010, el entonces líder de las Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, fue condenado a 2.400 euros de multa y la privación del derecho a conducir durante ocho meses tras ser sorprendido de madrugada ebrio en la carretera, provocando incluso un accidente de tráfico en pleno centro de Madrid. Uriarte, que también era diputado en el Congreso, colisionó con otro coche que estaba parado en un semáforo en rojo en la calle Serrano, llegando incluso a abollarle el parachoques y abrirle el maletero del golpe. El político, que conducía con una tasa del alcohol de 0,52 miligramos (el doble de lo permitido), se justificó ante el juez asegurando que su amigo, que viajaba como copiloto, estaba aún más borracho. El caso terminó elevándose, por su condición de aforado, al Tribunal Supremo, y aunque no hubo juicio, se le sentenció con las mencionadas condenas. Uriarte no dimitió ni fue penalizado por su partido, pero dejó de participar en la comisión de Seguridad Vial del Congreso, de la que irónicamente era miembro.

Hasta el caso de Uriarte solo había un precedente en el que el Supremo investigase a un miembro de la Cámara Baja por un delito en la carretera. Fue en 1997, cuando el entonces diputado socialista Javier Barrero fue parado a las 4.00 de la mañana por la Guardia Civil y se negó a someterse a un control de alcoholemia. Fue imputado por un delito de desobediencia grave y el fiscal pedía seis meses de prisión, pero dos años después la Sala de lo Penal del Supremo le absolvió. Los jueces aseguraron que no observaban delito alguno, aunque sí una infracción administrativa, en rehusar dicho test si no había síntomas manifiestos de ebriedad (que él, a ojo de los agentes, no presentaba); no creían que hubiese un "indudable riesgo" para la seguridad vial.

También estuvo relacionado con el alcohol el caso del senador del PSOE Casimiro Curbelo, que fue expulsado de una sauna por provocar un escándalo y romper una mampara. Indignado, el socialista se dirigió en evidente estado de embriaguez a una comisaría a las 6.00 de la madrugada donde terminaría insultando y enfrentándose físicamente con los agentes. "Vosotros sois policías y estáis a mi servicio", les espetó cuando le arrestaron, y acabaron abriéndole diligencias por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. "¡A mí no me detiene ni la Guardia Civil!", gritó, según las declaraciones de los policías. Es llamativo que tanto Curbelo como Nacho Uriarte pasaron a tener cargos mucho más discretos dentro de sus partidos después de sendos escándalos: El primero ejerce actualmente de portavoz del grupo mixto en el parlamento canario, mientras que el popular aguantó tres años más en el Congreso y desde 2015 trabaja en la Secretaría General de Iberoamérica. Sin embargo, Javier Barrero mantuvo su escaño hasta 2015, y en su última legislatura incluso fue elegido vicepresidente segundo de la Cámara.

Alcohol y política son pésimos amigos. A decir verdad, pocas cosas casan bien con el alcohol. Ser diputado o cargo público y ponerse beodo es doblemente censurable por lo dicho antes: la ejemplaridad. A la exalcaldesa de Zamora Rosa Valdeón, del PP, se le acabó la trayectoria política en 2017 tras sufrir un accidente de tráfico y presentar una tasa de alcoholemia tres veces por encima de lo permitido. A ella no le pasó nada, por fortuna, pero a su periplo en la política sí.

Asaltar piscinas y dar patadas

Un caso muy conocido es el de Joan Puig, miembro de la dirección de Esquerra Republicana, que en 2005 entró en la finca de Pedro J. Ramírez en Mallorca para protestar contra la edificación de su piscina en suelo público. Puig llegó incluso a bañarse en ella mientras sostenía su carné de diputado en la boca, justificándose en que, como el terreno no era privado, tenía derecho a hacerlo. El periodista se querelló contra el líder independentista, realizando incluso una petición de suplicatorio al Congreso para que no le avalase la condición de aforado.

Lo de tener un encontronazo callejero con un detractor anónimo, como le ha pasado a Errejón, no es nada nuevo. El que fuese tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, fue increpado en la calle Príncipe de Vergara del madrileño barrio de Salamanca por Rafael Pedro de Lecea, un vecino de la zona de 59 años, durante la jornada electoral del 26 de junio de 2016. Este señor le afeó al político, que venía de depositar su voto, la corrupción del partido y el "daño" que le hicieron a España, a lo que, según la denuncia que presentó el primero y a la que tuvo acceso eldiario.es, Bárcenas respondió quitándole las gafas, tirándolas al suelo y pegándole continuadamente en el cuerpo y en la cara antes de salir corriendo. Según la versión de Lecea, el extesorero le insultó: "Maricón, hijo de puta, tú no sabes nada de lo que ha pasado", antes de pegarle. El político denunció a este hombre de vuelta, asegurando que fue él quien le agredió y que solo pretendió defenderse, y, de acuerdo con lo que explicó, el señor le insultó y agredió y él se limitó a abandonar el lugar para evitar el conflicto.

La valenciana Elisa Díaz González, también del PP, tuvo en 2014 una pelea con una mujer británica que la demandó por agredirla en un albergue de animales en el que ambas eran voluntarias. Ambas reconocieron la pelea, denunciando bofetadas mutuas. Tal fue la violencia de los manotazos que la mujer estuvo hospitalizada durante seis días y terminó perdiendo la audición del oído derecho, mientras que la diputada sufrió contusiones en la cara y el hombro. Aun así, el auto judicial sembró dudas sobre si los golpes fueron anteriores al enfrentamiento.

Los antiguos compañeros de Errejón en Podemos saben bien por lo que está pasando. Más o menos, porque a Alberto Rodríguez, que fue secretario de Organización de la formación, le tomaron declaración tras ser señalado por un delito de atentado y delito leve de lesiones, al propinar presuntamente una patada a un antidisturbios durante una manifestación en Tenerife, provocándole una contusión en la rodilla izquierda. Rodríguez estaba participando en un encuentro en su ciudad natal contra el entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, cuando se vio envuelto, presuntamente, en una pelea con un agente. No era la primera vez que el dirigente de Podemos se veía envuelto en algo así.

En 2006, durante un botellón en La Laguna, fue imputado por un delito de desorden público por enfrentarse con la Policía cuando esta procuraba hacer un control de drogas a los allí presentes. Rodríguez, acompañado por su hermano, llegó a zarandear e increpar verbalmente a los agentes. Según la denuncia, también se les lanzaron objetos de cristal. El caso terminó en el Supremo 11 años después, cuando él ya era diputado de la formación morada, pero vencieron los plazos y acabó prescribiendo. Aun así, el historial del canario no acaba aquí. En 2012, durante la huelga general, fue detenido por desorden público, y pasó el día en comisaría, aunque no llegó a juicio. Rodríguez acusó a los policías de insultarle, asfixiarle, amenazarle y romperle los dientes contra una acera.

Otro caso similar es el de Isabel Serra, a la que se le acusó de lesiones leves contra dos policías durante un desahucio que la exportavoz de Podemos intentaba paralizar en la calle Tribulete de la capital, el 31 enero de 2014. Según la denuncia, Serra y el resto de activistas de la plataforma Stop Desahucios tenían "una actitud violenta" y llegaron a escupirles, lanzarles objetos como macetas o adoquines e insultarlos repetidas veces. Siempre de acuerdo con lo declarado por la Policía, la diputada de la Asamblea de Madrid empujó e insultó a dos mujeres agentes, llamándolas "cocainómana, mala madre, hija de puta" y diciendo que "si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro". Serra llegó a ser condenada a la inhabilitación política y a 19 meses de prisión, pero al ser una pena menor de dos años no fue encarcelada. Finalmente, además, fue absuelta del delito de desorden público porque no se demostraba una intención clara de atentar contra la paz pública. De todas formas, tuvo que indemnizar a los dos agentes a los que se enfrentó físicamente con 7.230 euros.

En el ala conservadora encontramos a Javier Ortega Smith y Enrique Cabanas. Los dos dirigentes de Vox fueron demandados en 2016 por un militante, Argimiro Santos, que les acusó de golpearle durante una asamblea del partido, causándole supuestamente lesiones de carácter leve. Ellos, en respuesta, denunciaron de vuelta a Santos, reconociendo el altercado pero eximiéndose de culpa. El caso fue elevado al Supremo, y aún no ha sido cerrado.

Caso Errejón

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcárce, ha solicitado tomarle declaración al líder de Más País porque, como adelantaba El Confidencial, según el auto los hechos hasta ahora investigados pueden corresponder a "un delito leve de maltrato", aunque no se haya acreditado "la existencia del un delito de lesiones a la vista del informe médico forense".

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Valcárce lo hace, como ya contó este diario, después de atender a varios testigos, estudiar los informes forenses, analizar los policiales y comprobar las cámaras de seguridad de la zona de Lavapiés donde presuntamente se produjeron los hechos.

Errejón ha negado los hechos, asegurando que el hombre, que la Policía confirmó que parecía ebrio, se le acercó para insultarle. Cabe destacar que los tres testigos son un amigo del denunciante, la hermana del amigo y un hombre que llegó al lugar después de que sucediera el supuesto conflicto. Además, el denunciante, A. D. C., se califica a sí mismo como "fascista" en Twitter, una red social en la que ha insultado de forma pública a Errejón en varias ocasiones. Ahora, el caso queda la espera de la declaración del diputado, cuya fecha aún no se ha fijado.