Casado despliega su agenda legislativa en agosto para mantener el asedio a Sánchez

Algo ha cambiado en la actitud, en las formas y en el contenido de lo que el PP comunica en los últimos tiempos. Con múltiples encuestas apuntalando sus opciones de ser el partido más votado en unas elecciones generales, los de Pablo Casado parecen estar cogiendo vuelo en su oposición a Pedro Sánchez y empiezan a dar por superada la disputa en la derecha con Vox. En los últimos días, han ido un paso más allá y el líder popular ha comenzado a esbozar promesas ante la posibilidad de que alcance el gobierno. En concreto, lo ha hecho en materia de energía y de educación, dos de los asuntos más candentes que amenazan con complicar el día a día del Ejecutivo.

A pesar de que en las filas de la formación se reclama prudencia y se incide en que puede quedar "mucho" para volver a las urnas, sus dirigentes parecen haber puesto la maquinaria a punto para comenzar a definirse como la alternativa real a los socialistas, como una opción de gobierno frente a las otras siglas que no se quede únicamente en la crítica.

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Este miércoles, Casado no rehuyó una de las grandes controversias que afectan al país desde hace semanas: el alto precio de la electricidad. El popular no se limitó a cargar contra el Consejo de Ministros por "dejar a demasiada gente atrás", sino que asumió su rol de fuerza de gobierno y tiró de promesa ante sus votantes. El presidente del PP avanzó que, de llegar a la Moncloa, impulsaría una norma que permita a los españoles pagar únicamente por "el coste de la energía consumida" para evitar situaciones como la actual, con la luz "en máximos históricos en plena ola de calor".

"Lo haremos por ley cuando gobernemos", aseguró sobre una medida que ya había trasladado en los últimos meses, pero que ahora vincula directamente a una regulación que sacarían adelante si logra alcanzar el poder. En el PP, creen que se trata de una cuestión con la que pueden hacer mucho daño al Ejecutivo, que se ha vanagloriado de "no dejar a nadie atrás", pero que no encuentra la fórmula para revertir una situación que afecta a millones de personas, especialmente a las más vulnerables.

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Pero no se trata de la única promesa con tintes electorales que ha realizado en las últimas horas. Este martes, Casado abordó los planes educativos de Sánchez para poner en marcha la llamada ley Celaá o Lomloe en las aulas después de que el Ministerio de Educación haya trasladado a las comunidades los primeros borradores sobre el currículo y las competencias. Entre ellas, se introduce el concepto de 'perspectiva de género' en múltiples asignaturas, algo que para los populares supone un intento de introducir la ideología en las aulas. Una disputa que recuerda a la que se abrió bajo los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero.

"España nos echa de menos"

Ante esta coyuntura, Casado anunció que la nueva ley educativa tendrá, si de él depende, una vida muy corta, ya que prevé apostar por una contrarreforma que acabe con los principales pilares de la que ahora se pone en marcha. "Como rechazan un pacto educativo, al llegar al Gobierno aprobaremos una ley que garantice libertad de elección; calidad con pruebas nacionales; inspección contra el adoctrinamiento; unidad estatal con MIR educativo; castellano vehicular; más materias comunes, inglés y STEM [materias vinculadas a las ciencias y la tecnología]", afirmó.

Los populares han dejado claro su rechazo a la nueva regulación y han defendido que buscarán descafeinarla en las regiones donde gobiernan. En Madrid, han aprobado recientemente un proyecto de ley que busca dejar sin efecto o reducir algunos de los aspectos de la Lomloe que a su juicio son lesivos para la educación de los menores.

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Ya a finales de julio, el líder de la oposición había abogado por la estrategia propositiva para mantener el nivel de asedio. Lo hizo poniendo sobre la mesa la necesidad de alcanzar pactos en terreno sanitario y económico, pero también defendiendo su propia agenda hacia una bajada de impuestos y resaltando la necesidad de trabajar en materia de vivienda joven y para desarrollar un plan nacional del agua. Más allá de esto, incidió en la necesidad de elaborar una ley de pandemias, reclamo que lleva haciendo desde hace más de un año, y de una reforma de la Ley General Audiovisual para limitar la capacidad de propaganda en los medios públicos, en aparente referencia al independentismo catalán. "Si no lo acepta, lo haremos al llegar al Gobierno", aventuró en su balance del curso político.

Paralelamente, desde el partido se ha trasladado en las últimas semanas que están en un buen momento y que confían en la línea que han ido consolidando en los últimos meses. Tras la ruptura con Vox en la moción de censura y la debacle en Cataluña, las dudas se habían multiplicado, pero todo comenzó a invertirse con las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

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Ahora, entienden que las encuestas respaldan su actuación como segunda fuerza nacional y están convencidos de continuar por la misma senda. Consideran que es la vía para llegar a la Moncloa y esperan que esto ocurra antes de 2023, cuando la legislatura cerrará su cuarto año. "Si hoy hubiera elecciones generales, Pablo Casado sería presidente del Gobierno", defendió esta semana Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación. "Estaremos listos para gobernar. España nos echa de menos", dijo el propio Casado pidiendo a Sánchez que se someta a las urnas.

Su presencia en gobiernos regionales es, además, otro de los pilares en los que se ha apoyado en los últimos tiempos. En Madrid, ha tratado de presentar el éxito de Isabel Díaz Ayuso como la primera piedra con que reconstruir la alternativa de centro derecha mediante la unificación del electorado bajo sus siglas. Con Galicia o Murcia, ha buscado dibujar un PP que sea sinónimo de estabilidad y gestión, mientras que en Andalucía ha visto en Juanma Moreno una figura para demostrar los efectos positivos que tiene su llegada al Gobierno tras años de socialismo.