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Interior y Exteriores auguran "recelos" en la UE con el plan Escrivá para los menas
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Interior y Exteriores auguran "recelos" en la UE con el plan Escrivá para los menas

El Consejo de Estado avala la reforma que facilita la residencia a menores extranjeros pero refleja "las fuertes objeciones" que provoca en el Ejecutivo: "Es susceptible de mejora"

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)
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Una reforma legal del Gobierno para facilitar residencia y trabajo en España a menores extranjeros no acompañados (menas) ha abierto un nuevo frente en el Ejecutivo. Los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores advierten de que el plan puede provocar “recelos” entre los socios comunitarios de la Unión Europea. Estas reservas de una parte del gabinete de Pedro Sánchez vienen recogidas en el dictamen del Consejo de Estado que ha avalado el proyecto, aunque con algunas observaciones y reproches al redactado, que ha necesitado tres versiones por las tensiones entre departamentos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, remitió a mediados de julio el expediente al Consejo de Estado, que lo examinó con carácter de urgencia. Se tramita mediante un real decreto que modifica la Ley de Extranjería del año 2000. Según el preámbulo, el objetivo del Gobierno es “suprimir los obstáculos que impiden la documentación del menor extranjero no acompañado tutelado por una entidad pública y diseñar un régimen propio de residencia en el momento en que accede a la mayoría de edad”.

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El Confidencial ha tenido acceso a los 38 folios de respuesta del Consejo de Estado. Se hace eco de los reparos manifestados por el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en un “contundente informe” emitido el 14 de julio: “Ha subrayado el riesgo de que el contenido de la reforma ‘acarree consecuencias”. En concreto, Interior cree que puede “perjudicar los esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular y por otro proporcionar recelos en determinados socios comunitarios”. El dictamen añade que esa “preocupación la comparte, por ejemplo, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”.

"Puede perjudicar los esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular"

Pese a todo, el órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega saluda positivamente la iniciativa. Dice que responde a una petición del defensor del pueblo y goza de un apoyo mayoritario. Pero lamenta no poder pronunciarse sobre las reservas de Interior y Exteriores porque “el expediente adolece de una falta de datos sobre la realidad de los menores extranjeros no acompañados”. Sostiene que la ausencia de documentación sobre la propia magnitud del problema le impide “llevar a cabo una valoración más precisa del proyecto desde un estricto punto de vista de oportunidad”.

"Es susceptible de mejora"

La memoria del proyecto defiende la oportunidad de la propuesta alegando que la Ley de Extranjería colocaba a los menas en “una posición complicada para integrarse plenamente en la sociedad”. La respuesta del Consejo de Estado insiste en que “el contenido de la memoria es susceptible de mejora (...) los argumentos no se reflejan con demasiada claridad”.

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El dictamen también pone de relieve que no han participado todos los departamentos implicados: “Sorprende la falta de emisión de informes por el Ministerio de Justicia y Asuntos Económicos. Hubiera sido importante contar con su opinión, respectivamente, en relación con el tema de la valoración de los antecedentes penales de los menores y el impacto económico del proyecto”.

Lo que afecta a los antecedentes de los menores es un punto relevante para el Consejo de Estado y otro de los motivos de disputa entre Seguridad Social e Interior. La reforma defiende que “se habrá de valorar la existencia de antecedentes penales, considerando la concesión de indultos o la suspensión de la pena privativa de libertad”, por lo que se consultará el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia. Interior defiende ir más allá de una “valoración” y pide que acreditar la ausencia de antecedentes sea un “requisito inexcusable”. El Consejo de Estado falla en este caso en favor de Seguridad Social, apelando a que la actual Ley de Extranjería no lo exige. Añade que la protección de datos de los menores solo faculta a la autoridad judicial para revisar sus antecedentes.

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Otra de las medidas que propone el plan del Gobierno es que las autoridades inicien los trámites de documentación de los menores a los tres meses y no a los nueve como ahora. También que para renovar la residencia se tengan en cuenta los ingresos del afectado en comparación con el ingreso mínimo vital y no del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), que marca unos límites demasiadas veces inaccesibles. La vigencia de esta renovación pasaría a ser de dos años renovables por otros dos. También se refuerza la posibilidad de que estos trámites se puedan hacer a través de terceros.

"Fuertes objeciones"

El Consejo de Estado considera “adecuado” el nuevo plazo de 90 días para iniciar los trámites. Lo cree más acertado que las primeras versiones del proyecto, que apostaban por suprimirlo por completo o dejarlo en 15 días, “propuestas que fueron objeto de fuertes objeciones” por parte de Interior y Exteriores. No ve conveniente en cambio usar como referencia el ingreso mínimo vital porque no es un indicador de renta, sino una prestación social no contributiva. Por ello, sugiere que se “reconsidere” mantener el Iprem.

El dictamen del Consejo de Estado plantea “observaciones esenciales” a dos artículos y a la disposición transitoria única. Aboga por dejar claro que la habilitación del menor para trabajar solo abarca aquellas actividades que favorezcan su integración a juicio de la entidad protectora y se opone a conceder una nueva autorización de residencia y trabajo a un mayor de edad como mera renovación de una autorización que habría podido obtener cuando era menor. A juicio de este órgano, eso tiene “difícil acomodo” dentro del marco legal. Más allá de estos apuntes, el dictamen da luz verde al ministro Escrivá para elevar la propuesta al Consejo de Ministros para "su aprobación".

Una reforma legal del Gobierno para facilitar residencia y trabajo en España a menores extranjeros no acompañados (menas) ha abierto un nuevo frente en el Ejecutivo. Los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores advierten de que el plan puede provocar “recelos” entre los socios comunitarios de la Unión Europea. Estas reservas de una parte del gabinete de Pedro Sánchez vienen recogidas en el dictamen del Consejo de Estado que ha avalado el proyecto, aunque con algunas observaciones y reproches al redactado, que ha necesitado tres versiones por las tensiones entre departamentos.

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