Abandonados y sin rumbo: la deriva de los rescatados del 'Aquarius' tres años después

"El Gobierno no quiere saber nada de nosotros". Así de contundente se muestra Félix Sesay, un joven sierraleonés de 24 años que llegó a España en el 'Aquarius' hace tres años. Él es uno de los 629 inmigrantes que rescató en junio de 2018 el Ejecutivo de Pedro Sánchez nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura. El presidente sacaba pecho entonces, pero con el tiempo se ha olvidado de ellos. “Nos dijeron que en seis meses tendríamos permiso de residencia, pero seguimos esperando”. La realidad es que solo han aceptado las solicitudes de ocho de los migrantes, aunque el 90% ni siquiera han visto las suyas procesadas, pese a que les prometieron protección. La burocracia se ha convertido en un nuevo océano para ellos, dejándoles abandonados y sin rumbo.

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La regulación de los migrantes ha vuelto recientemente a la actualidad con la concesión por parte del Gobierno (de manera discrecional) de los permisos de trabajo y de residencia para Ibrahima y Magatte, los dos jóvenes senegaleses que trataron de salvar la vida de Samuel Luiz frente al grupo de agresores que lo mataron a golpes en A Coruña el pasado 3 de julio. "No tienes que ser un héroe para tener documentación", reclaman algunos activistas por los derechos de estas personas, que celebran el reconocimiento a la valentía, pero critican las trabas administrativas a las que se enfrentan los miles de extranjeros anónimos que no tienen papeles, así como la forma en la que el Gobierno se ha olvidado de los rescatados del 'Aquarius'.

Aquel rescate quedó en una foto, en una medalla autoimpuesta. De hecho, 13 días después de acudir al puerto de Valencia, con su correspondiente eco mediático, Sánchez rechazó el desembarco del Open Arms: “No hay emergencia”, justificó. Y dos meses después, en agosto de 2018, el propio 'Aquarius' pidió un segundo permiso para traer a 60 migrantes, que también se denegó. En ese momento el Ejecutivo estaba a otra cosa: la exhumación de Franco.

Pero aquellas 629 personas seguían en territorio español, sin papeles ni trabajo. Al llegar recibieron un permiso extraordinario de 45 días para entrar en España “por motivos humanitarios”, y después se les dio un plazo de un mes para formalizar sus peticiones de asilo, pero tres años después el Gobierno sigue sin procesarlas. Algunos buscaron diversas soluciones: “Muchos se fueron a Francia, a intentar tener suerte”, cuenta Félix. Concretamente se marcharon 78, mientras que 551 se quedaron, casi todos en la Comunidad Valenciana. Pero no se lo han puesto nada fácil.

A Félix le concedieron la ‘tarjeta roja’, un documento para trabajar que se otorga a quienes han solicitado el asilo, y que debe renovarse cada seis meses. Sin embargo, no es reconocida por muchas empresas, bancos ni inmobiliarias, porque no se fían de su garantía. De esta forma, los migrantes se quedan sin trabajo, comida y techo, condenados no solo a la pobreza, sino también a la marginación social. La Asociación ‘Aquarius Supervivientes’ pide al Ejecutivo que “actúe con humanidad” y que “regularice a todos los solicitantes de protección internacional y proteja a todas las personas en situación irregular”.

Sin papeles, sin futuro

En España hay entre 390.000 y 470.000 residentes 'irregulares', según datos de la Fundación porCausa. Desde esta asociación explican que esas personas pasaron a constituir “un grupo de alto riesgo epidemiológico” por la pandemia, debido a “la cautela y ruptura de confianza con respecto a las autoridades, las barreras lingüísticas y los problemas para recibir información y las dificultades de las familias de bajos ingresos para mantener el confinamiento”.

La directora de Políticas y Campañas de CEAR (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Paloma Favieres, cree que es importante “regularizar a las personas que dieron el do de pecho durante la pandemia, como los que son sanitarios o los que perdieron su trabajo”. Es el caso de Félix, que tras desembarcar del ‘Aquarius’ y conseguir el permiso de trabajo colaboró con Cruz Roja y fue empleado de dos residencias en la Comunidad Valenciana, ya que en Sierra Leona había cursado estudios de enfermería, que continuó en España. Ahora, sin embargo, ha perdido ese trabajo por culpa de las trabas burocráticas, y ha terminado viajando a Madrid, donde no tiene hogar y depende de la solidaridad de algunos conocidos que le ofrecen techo y alimentos.

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Durante la pandemia, miles de extranjeros lucharon contra el covid desde sus puestos de enfermeros, repartidores a domicilio, técnicos de la producción y manejo de alimentos esenciales, etc. En porCausa destacan que “el conjunto de la Unión Europea depende de los trabajadores extracomunitarios en sectores tan sensibles para la gestión de una epidemia como las trabajadoras en el sector de los cuidados y el hogar (el 33%) o el procesamiento de alimentos (20%), y en buena parte de sus Estados miembros los sistemas públicos de salud serían insostenibles sin la participación de profesionales inmigrantes”.

Favieres piensa que hay que “flexibilizar los criterios y facilitar el acceso al empleo”, y defiende la necesidad de “plantearse por qué lo excepcional es lo ordinario”, ya que según ella “habría que revertirlo y replantear el sistema, reformando tanto el reglamento como la ley de extranjería”.

La asociación Karibu (“bienvenido”, en suajili) se dedica a dar servicio jurídico y ayuda humanitaria a quienes llegan a nuestras fronteras desde África. Su directora general, Nicole Ndongala, defiende que “no tienes que ser un héroe para tener documentación”. Explica que “las trabas burocráticas son prácticamente imposibles” para las personas que llegan a España huyendo de situaciones bélicas o de indigencia. Pide “facilitar la regularización de los migrantes y flexibilizar las normas”, porque “nadie es ilegal”, y además la situación ha empeorado con la pandemia: “Llevan meses o incluso años intentando pedir una cita para solicitar asilo”, pero incluso en el caso de que les tramiten esos permisos a veces no es suficiente, ya que la renovación semestral provoca que les cueste encontrar un trabajo estable.

“Es un círculo vicioso”, afirma Ndongala; “Tienen que demostrar que has vivido tres años en España, pero llegan sin pasaporte y no se pueden empadronar, de forma que no pueden justificar esos tres años”. Esto les complica también la búsqueda de un empleo o la firma de un alquiler, por lo que “no tienen una vivienda digna, tienen que vivir en la calle” o grupos de muchas personas en pisos pequeños.