La política de tierra quemada entre Sánchez y Casado amenaza con judicializar la legislatura
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GESTIÓN DE LA PANDEMIA Y DE LOS FONDOS

La política de tierra quemada entre Sánchez y Casado amenaza con judicializar la legislatura

La oposición a la gestión de los fondos europeos, que serán el principal eje sobre el que girará el resto de la legislatura, se desarrollará tanto en el terreno político como en el judicial

placeholder Foto: Pablo Casado (d) y Pedro Sánchez en el Congreso. (EFE)
Pablo Casado (d) y Pedro Sánchez en el Congreso. (EFE)

El curso político se cierra en niveles de máxima tensión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Con las negociaciones rotas para la renovación de los órganos constitucionales, todos ellos con el mandato caducado, y sin contactos más allá de los segundos escalafones y de carácter meramente formal, ambos siguen endureciendo el discurso, en vez de calmarlo. Las acusaciones mutuas son cada vez más gruesas.

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El panorama que queda es estrecho. No hay margen para el entendimiento en cuestiones estructurales de país, como es el plan de recuperación económica y las grandes reformas asociadas. En este contexto, la política de tierra quemada entre PSOE y PP no solo apunta a una escalada en la polarización, sino que aboca a una suerte de judicialización de la legislatura.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención para hacer balance del curso político. (EFE)

Un frente en el que ya se mueve Vox, promoviendo recursos en el TC como el que recientemente tumbó el primer estado de alarma, y en el que los populares también harán oposición. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, anunciaba esta semana la presentación de una primera batería de recursos para torcer el brazo al Gobierno. El primero, a modo de petición de amparo por haberse vetado su proposición de ley para que la gestión de los fondos europeos recaiga en una autoridad independiente. Todo ello después de que el alto tribunal haya admitido a trámite otro recurso de inconstitucionalidad de los populares contra el decreto que regula el reparto de los fondos europeos.

El segundo recurso presentado estos días concierne a la ley aprobada por el Congreso, el pasado mes de marzo, con la que se suprimen del Código Penal las penas de cárcel por coacciones de piquetes de huelga. Se recurre el texto del preámbulo publicado en el BOE por señalar que "con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

Foto: El presidente del Gobierno y la bancada del PSOE aplauden a Adriana Lastra. (EFE)

La oposición a la gestión de los fondos europeos, que serán el principal eje sobre el que girará el resto de la legislatura, se desarrollará así tanto en el terreno político como en el judicial. Esta estrategia de los populares se centraría, según han señalado desde el partido, en evitar que los cerca de 70.000 millones de euros destinados a inversiones hasta 2023 "solo lleguen a los amigos del Gobierno" o que sean utilizados para "peronizar' la economía".

Incluso la ley del aborto

La sombra de la judicialización, cuyo primer golpe para el Ejecutivo de Sánchez ha sido la sentencia del TC contra el primero estado de alarma, se extiende también sobre cuestiones sociales. El Constitucional planea reactivar la sentencia contra la ley del aborto, pendiente desde hace 11 años, después de que exdiputados populares denunciasen este retraso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El encargado de la ponencia es el también exdiputado del PP Andrés Ollero.

La posibilidad de reabrir esta deliberación contra la ley del aborto, que también defiende el presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha sido contestada con dureza desde el Gobierno, elevando el choque institucional visibilizado a raíz de la sentencia contra el estado de alarma. La nueva titular de Justicia, Pilar Llop, fue la encargada de arremeter contra una decisión que supondría "volver al pasado". "No es el momento de estar en posiciones regresivas cuando España, desde el año 2010, acordó una legislación progresista que nos situaba a la vanguardia junto a otros países", criticó sobre este asunto.

Llop ya se estrenó en el cargo con una dura intervención contra el TC al "respetar, pero no compartir", su decisión de declarar inconstitucional la alarma y afirmar que la actuación del Gobierno fue "conforme a los parámetros constitucionales". Fuentes de Moncloa tampoco escondieron su profundo malestar por el revés, calificando la sentencia de "inédita". Sin embargo, inédita fue también la respuesta oficial trasladada por el Ejecutivo, poco después de conocerse la resolución de los magistrados. "Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a fórmulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia", recalcaron desde Moncloa.

El estado de alarma de seis meses

En los primeros compases del próximo curso político, entre septiembre y octubre, se prevé asimismo que el TC pueda anular el segundo estado de alarma decretado por una duración de seis meses, hasta el pasado mes de abril. Tras declarar inconstitucional el confinamiento, el tribunal apuntillaría así al Gobierno tumbando la forma en que implementó el estado de alarma más largo. La nueva sentencia iría un paso más allá al tachar de inconstitucionales otros dos aspectos: la prórroga de seis meses y la delegación de competencias en favor de las comunidades autónomas. Esta segunda resolución incluso podría contar con una mayoría más amplia.

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De la judicialización al choque institucional, pasando por las acusaciones entre los líderes de los dos principales partidos políticos. Quien abría fuego este jueves, durante su intervención para hacer balance del curso político, era el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Este acusó a los populares de hacer una "oposición destructiva" en un momento "inédito e histórico" por la excepcionalidad de la pandemia y la nueva fase abierta para transitar hacia la recuperación económica de la mano de los fondos europeos. “Lo que pedimos es menos cacicadas y trágalas para repartir el dinero de la Unión Europea”, respondía el jefe de la oposición, asegurando que el Gobierno de Sánchez “está en recesión” y que “lo único que hace es pagar a plazos el apoyo a su investidura”.

A las acusaciones del presidente del Gobierno de bloquear la renovación de los órganos constitucionales caducados, como el CGPJ o una parte del TC, Casado contestaba que “el único que bloquea” en la renovación de órganos institucionales es Sánchez por no aceptar su propuesta de cambiar la ley para que “los jueces elijan a los jueces”. Por otra parte, puso el énfasis en criticar “los ataques” de varios ministros a la monarquía, a la Transición, a la reconciliación nacional y, especialmente, “los ataques a la Justicia de forma inédita”. Denunció así que el Ejecutivo cuestione el Tribunal Constitucional, el Supremo y hasta el Tribunal de Cuentas. El curso político remata con la constatación de que todos los puentes están rotos y de que el próximo se iniciará con un alto grado de crispación y oposición tanto en el terreno político como en el judicial.

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