La Fiscalía pide a la jueza que desbloquee el pago de 34 millones a la aerolínea Plus Ultra
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SU ENTREGA SE ESPERABA EL 28 DE JULIO

La Fiscalía pide a la jueza que desbloquee el pago de 34 millones a la aerolínea Plus Ultra

"Debe tenerse en cuenta que, en caso de levantamiento de la suspensión de entrega del préstamo participativo, existen mecanismos importantes de control", argumenta

placeholder Foto: Fotografía cedida por la compañía española Plus Ultra. (EFE)
Fotografía cedida por la compañía española Plus Ultra. (EFE)

La Fiscalía aboga por desbloquear el pago de 34 millones a Plus Ultra como parte del rescate aprobado por el Gobierno. En un escrito presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el Ministerio Público da por buenas las alegaciones de la aerolínea y concluye que "la ayuda pública es imprescindible para el mantenimiento de la compañía". El 22 de julio, la jueza Esperanza Collazos suspendió el pago de forma cautelar y pidió a Plus Ultra que justificara "su pertinencia".

El 2 de marzo, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate a la aerolínea que consiste en la entrega de 53 millones en dos pasos: por un lado, 19 millones que ya han sido desembolsados como préstamo ordinario con un vencimiento a cinco años y, por otro, 34 millones que iba a recibir el próximo 28 de julio como préstamo participativo con vencimiento a siete años.

Foto: Fotografía cedida por la aerolínea española Plus Ultra. (EFE)

Si este segundo pago no termina por materializarse, la Abogacía del Estado ya argumentó que la devolución de los primeros 19 se tambalea. Ahora, la Fiscalía también se suma a la petición de desbloquear los 34 millones: "En caso de levantamiento de la suspensión de entrega del préstamo participativo, existen mecanismos importantes de control", argumenta. "La gestión económica del fondo a través del Consejo Gestor estará anualmente fiscalizada y se podrá comprobar cualquier irregularidad".

Para reforzar esta idea, su escrito sigue la misma línea que la Abogacía y apunta a que, "solo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución, se podría producir un daño real y efectivo". También insiste en que "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas, la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y, por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".

Foto: Fotografía cedida por la aerolínea española Plus Ultra. (EFE)

Esta argumentación choca la que la propia Fiscalía plasmó en un escrito el 16 de julio, cuando sostuvo que, "teniendo en cuenta que no solo se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, como prevaricación o malversación de caudales públicos, sino un presunto delito de fraude de subvenciones, (...) procede requerir a la compañía Plus Ultra a efectos de que en el término más breve posible, acredite la necesidad de entrega del préstamo participativo de 34 millones de euros".

En cualquier caso, tras analizar las alegaciones de la aerolínea, ahora defiende que "en ausencia de apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas y retornar a la actividad, teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento". La Fiscalía apunta, además, a que su cierre conllevaría "una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores", con un impacto "de 365 millones de euros en términos de facturación".

Su escrito finaliza entonces haciendo referencia a que el Tribunal de Cuentas archivó esta misma semana la investigación que mantenía abierta sobre el rescate Plus Ultra al entender que no existen indicios suficientes de que la concesión de las ayudas públicas a la aerolínea haya provocado daños para los fondos públicos. Apoyándose en este razonamiento, considera que "procede desbloquear la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros", decisión que ahora queda en manos de la jueza Esperanza Collazos.

Fiscalía General del Estado
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