Renovar el Tribunal de Cuentas, prioridad en el Congreso durante el otoño
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NEGOCIACIONES ENTRE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Renovar el Tribunal de Cuentas, prioridad en el Congreso durante el otoño

El Gobierno y el PSOE se pondrán en contacto con el PP a partir de septiembre para intentar de nuevo la renovación de instituciones. La del organismo fiscalizador ha ganado mucha relevancia tanto para el grupo socialista como para sus aliados

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro con el líder del PP, Pablo Casado (i), en la Moncloa. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro con el líder del PP, Pablo Casado (i), en la Moncloa. (EFE)

A finales de junio de 2012, la renovación del Tribunal de Cuentas pasó desapercibida. Entonces, el bipartidismo guiaba la política española y Mariano Rajoy, presidente del PP y del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, lograron un pacto. La renovación del organismo fiscalizador, en 2021, será polémica tanto si se consigue como si no. Si se lleva a cabo, por el perfil de los que lleguen; si no, por la imposibilidad de que socialistas y populares se pongan de acuerdo.

Foto: Pere Aragonès y Oriol Junqueras, tras la salida de este de la cárcel. (EFE)

Antaño, si los pactos institucionales incluían el Tribunal de Cuentas, la noticia aparecía al final de la pieza. No parece que ese sea el paradero informativo de las negociaciones que empezarán en septiembre. Fuentes gubernamentales y parlamentarias han señalado a El Confidencial que el cambio en este órgano fiscalizador será una de las prioridades de las negociaciones que los grupos políticos abordarán en el Congreso a partir de septiembre. El PSOE presionará el PP y varios aliados de los socialistas presionarán al propio PSOE.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, contactó con los portavoces hace una semana, sin que planteara concreciones con ninguno. En septiembre, se reanudarán las conversaciones y entonces sí las habrá. Una de ellas será la urgencia de renovar el "pack' institucional", como lo llama una de las fuentes consultadas. El ámbito judicial está en funciones desde hace más de un año y la legislación establece plazos y mayorías. En el Congreso, tiene que producirse el visto bueno de tres quintos de los diputados, es decir, de 210. Es obvio que el grupo socialista (120) y el popular (88) deben ser los protagonistas, pues si no, descontado Vox (52 escaños), alcanzar ese umbral es imposible.

placeholder El ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Los aliados del PSOE en el Congreso lo saben, pero no se resignan. Hace más de un año, los socios en el Gobierno de coalición llevaron a la Cámara una proposición de ley para rebajar la franja de 210 síes que necesita la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Más tarde, presentaron otra para la limitación del campo de acción del órgano de gobierno de los jueces mientras estuviera en funciones. Han renunciado a seguir con la primera y hasta la UE afeó su intención, pero aprobaron la segunda. Fuentes parlamentarias apuntan que si el bloqueo se alarga aún más, optarán por propuestas similares.

Enfrentamiento entre poderes del Estado

Muchos de los partidos del llamado 'bloque de investidura' están asombrados con la virulencia, dicen las fuentes de estas formaciones, con que el poder judicial está cuestionando medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. Recuerdan el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos y la reciente sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma. Incluyen al Tribunal de Cuentas, a pesar de que su naturaleza no es jurídica, sino administrativa. Pero en su composición hay jueces y magistrados, algunos de pasado directamente relacionado con el PP (caso de Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia), y las elucubraciones cogen vuelo. "Casado ahora tiene en la Justicia una oposición mucho más firme que él", apunta una de las citadas fuentes bajo condición de que no se la identifique.

Foto: Fachada del Tribunal Supremo. (EFE)

Critican una tendencia hacia la politización. Un diputado se pregunta si la motivación de lo que es percibido por estos grupos como "ataques" tiene que ver con la situación de interinidad en que se encuentran jueces y magistrados, sobre todo en el Constitucional, en donde cuatro de sus miembros llevan año y medio a la espera de reemplazo. Pasa lo mismo en el CGPJ, que ha rebasado el umbral de dos años en funciones. Y en el Defensor del Pueblo. Y a partir de este mes de julio, en el Tribunal de Cuentas.

La animadversión cada vez más ruidosa entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial procede de esta anomalía. La fragmentación política ha alcanzado registros máximos. Que haya 10 grupos parlamentarios en los que se agrupan una veintena de formaciones dificulta los consensos. No tendría que imposibilitar el diálogo, acaso lo complica, pero la verdad es que los puentes están rotos en demasiados casos. El colapso más importante es el que afecta al PP y al PSOE, pues son los grupos mayoritarios.

El Tribunal de Cuentas entra en la polémica

El Confidencial avanzó el pasado 25 de junio que la renovación de este órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas de administraciones y entidades dependientes en todo el país será uno de los asuntos a negociar entre el Gobierno y el Govern de Cataluña, en el marco del diálogo que Pedro Sánchez y Pere Aragonès han reanudado. Entonces estaba a punto de recibir a los abogados de más de una treintena de excargos de la Generalitat, a los que ha pedido que entreguen fianzas por un monto total de 5,4 millones de euros. El tribunal considera que participaron y alentaron una campaña de promoción exterior ilegal. La malversación de la que se les acusa, pues usaron dinero público, ha colocado a dirigentes como Oriol Junqueras, Artur Mas, Raül Romeva y Carles Puigdemont ante la posibilidad de que les embarguen cuentas bancarias y propiedades.

Foto: Pere Aragonés, presidente de la Generalitat. (EFE) Opinión

La instructora del caso ha pedido un informe a la Abogacía del Estado antes de tomar una decisión. Existen dudas sobre la legalidad del aval que han presentado 29 de esos 34 excargos, ya que procede del Instituto Catalán de Finanzas, un organismo público, es decir, financiado con el erario de todos. Podría ser un intento de cubrir con dinero de todos los contribuyentes un agujero en el dinero público, y no es así como pretende subsanar el Tribunal de Cuentas esta irregularidad.

El independentismo ha protestado en todos los niveles. El mismo Pere Aragonès expresó su malestar ante el presidente del Gobierno y en público ha tachado el Tribunal de Cuentas de "inquisición económica". En la esfera de JxCAT, la hostilidad es casi palpable. El PSOE y el Ejecutivo acuñaron un lenguaje comedido después de que el exministro José Luis Ábalos deslizara que el proceso abierto era "una piedra en el camino". Ahora, a raíz de la solicitud de la instructora, tendrá que posicionarse sobre el mecanismo usado por la Generalitat para avalar a la mayoría de ex altos cargos.

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Junqueras, Cuixart y Puigdemont. (EFE)

Otra institución que caduca

El Tribunal de Cuentas se compone de 12 vocales, de los que el Congreso elige seis y el Senado, otros seis. Una vez ratificados los nombramientos por los plenos de las dos Cámaras, en la primera reunión, eligen estos miembros a su presidente. Como se ha indicado, la mayoría parlamentaria que avale las selecciones debe ser de tres quintos.

Este mes de julio acaban los mandatos de los vocales tras nueve años en sus puestos. La presidenta del Tribunal de Cuentas envió hace unas semanas a su homóloga en el Congreso, Meritxell Batet, una carta en la que recordaba el final del plazo. El procedimiento establece la obligación de comunicar a los grupos la situación para que procedan a la renovación cuanto antes, lo que ha caído en saco roto. Cuando esta entidad se situó en el centro de la polémica por la petición de fianzas a los excargos independentistas, ERC llamó la atención sobre la urgencia de su renovación. Aragonès, en esta línea, demandó a Sánchez que hiciera "algo".

Foto: Carles Puigdemont en una imagen de archivo del 7 de julio. (EFE)

Fuentes gubernamentales y parlamentarias informan a El Confidencial de que ese 'algo' es conocido, pero difícil: el acuerdo con el PP. La alternativa, por ahora, si fracasa el plan A, es seguir esperando. Pero el precio de alargar los tiempos es alto: degradación institucional y mayor crispación política. Los socialistas acusan a los populares de bloquear las renovaciones porque les convienen las actuales composiciones. Los populares acusan a los socialistas de buscar justo eso, pero a su favor. Mientras los dos partidos encuentran una zona de diálogo o continúan propinándose golpes dialécticos, el bloque de la investidura usará la necesidad de la renovación como herramienta para otras negociaciones, aunque no tengan nada que ver. El otoño de 2021 que le espera al Congreso será frenético.

Tribunal de Cuentas PSOE Partido Popular (PP)
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