La ley vasca será más inflexible frente a la apología del franquismo que la de Sánchez

Con tan solo una semana de diferencia, el Gobierno central y el vasco han aprobado sus respectivas leyes sobre memoria histórica y democrática. Si el martes 20 fue el turno del Ejecutivo de Sánchez, ayer fue el de Urkullu. Y los dos textos, aunque guardan muchas similitudes, empujan también a una comparación. Y es en el capítulo de las diferencias donde se puede constatar que el proyecto autonómico va un paso más allá, al no contemplar tantas trabas para sancionar a quienes exalten la dictadura franquista.

Las multas pueden alcanzar un máximo de 150.000 euros en los supuestos más graves, según recogen la ley nacional y la regional. Sin embargo, en el caso del País Vasco, el texto especifica que las sanciones irían desde los 2.001 hasta los 10.000 euros por “utilizar o emitir expresiones ofensivas” contra las víctimas “en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales”, o en general “el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio”.

Esta es una cuestión a la que el Gobierno de Sánchez también quiso dar relevancia, pero tras el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, que consideró que algunos aspectos podían constituir una violación del derecho a la libertad de expresión, el Ejecutivo optó por matizar el texto.

Pese a que el dictamen no era vinculante, el ministro Félix Bolaños reconoció que se modificaron algunos puntos tras los informes de ese órgano y del Consejo Fiscal. Así, las consideradas infracciones “muy graves” en el texto del Gobierno central (profanar restos de víctimas o la exaltación del franquismo, por ejemplo) tendrán que cumplir con el requisito de demostrar que conllevan “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas”. Hay que tener en cuenta que las actuaciones que puedan ser constitutivas de un delito, en sí, no son nuevas, sino las sanciones aparejadas a las mismas.

Como ya adelantó este diario, fuentes del Ejecutivo consideraron que “no se puede defender el franquismo sin denigrar a las víctimas”. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo afirmó en el Congreso de los Diputados que “el Gobierno no comparte ni compartirá que el enaltecimiento del totalitarismo, que es el fascismo de la dictadura de Franco, forma parte de la libertad de expresión”. Sin embargo, decidieron acatar el informe del CGPJ.

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Ahora, la ley vasca va más allá, sin necesidad de responder a las resoluciones de este órgano judicial. En principio, el Gobierno vasco (PNV y PSE) no se encontrará con mayores contratiempos a la hora de asegurarse el visto bueno del Parlamento autonómico. Los dos partidos que conforman el Ejecutivo cuentan con mayoría, por lo que podrán aceptar o rechazar las enmiendas que consideren oportunas de las planteadas por la oposición. Otra cosa será si Vox decide emprender algún otro tipo de acción y presentar algún recurso.

La consejera de Justicia del País Vasco, Beatriz Artolazabal, quien compareció ayer para presentar la ley, destacó que la norma tiene el doble objetivo de promover "la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista", y fomentar "principios y valores éticos y democráticos, la dignidad de todas las personas, los derechos humanos, la cultura de la paz, la convivencia, el pluralismo político y la igualdad de género, frente a los discursos de la exclusión, la intolerancia y la negación".