El Govern consigue 48 horas más para avalar las fianzas entre dudas sobre su legalidad
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PUIGDEMONT PIDIÓ MÁS TIEMPO

El Govern consigue 48 horas más para avalar las fianzas entre dudas sobre su legalidad

El plazo en principio expiraba la medianoche de este miércoles, pero la maniobra ideada por el Govern para cubrir las fianzas con dinero público terminó por hacer agua

placeholder Foto: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en su encuentro del pasado 7 de julio. (Reuters)
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en su encuentro del pasado 7 de julio. (Reuters)

El Tribunal de Cuentas ha dado 48 horas más al Govern para que avale con dinero público la fianza de 5,4 millones de euros que exige a excargos del gobierno autonómico. El plazo expiraba la medianoche de este miércoles, pero las fuentes consultadas apuntan a que la mayor parte de los encausados no llegó a tiempo y esta misma mañana seguían intentando formalizar su situación para evitar embargos. Por el momento, 29 de los 34 encausados se han acogido a este aval y, por mucho que ahora se amplíe el plazo, las fuentes consultadas insisten en que las dudas sobre la legalidad del mismo se mantienen.

"En este punto, lo que ahora está haciendo la delegada instructora es las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables", explicaban desde el Tribunal de Cuentas a las 10:20 de este jueves. Los encausados que aún no hayan presentado la correspondiente documentación cuentan ahora con dos días más y, una vez se revise, la instructora decidirá si se admite o no el ardid del Govern. Según explican fuentes cercanas al organismo, no existen precedentes al respecto y su legalidad se tambalea.

Foto: Oriol Junqueras. (EFE)

Sea como sea, la jugada ideada por el gobierno autonómico para cubrir las fianzas comenzó a hacer agua este miércoles. El 'conseller' de Economía, Jaume Giró, anunció a primera hora que recurrirían al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) al no encontrar ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo creado por el Govern, pero finalmente no lograron sacar adelante este plan antes de medianoche. Esta situación abría entonces la puerta a que comenzaran a tramitarse las órdenes de embargo, una opción que el Tribunal de Cuentas ha terminado por desechar al otorgar 48 horas más.

A la vista de que se quedaban sin tiempo, la defensa de Puigdemont fue una de las que presentó este mismo miércoles un escrito en el que pedía que se les diera un mayor margen, incidiendo así en el que ya interpuso a comienzos de mes. "Esta parte no logra entender cómo 15 días pueden ser considerados como un plazo razonable y suficiente para depositar más de dos millones de euros", criticaba. "Se establece un plazo irracional que impide poder conseguir las cantidades, los avales o las garantías necesarias para satisfacer las extrañas aspiraciones de la delegada Instructora".

Foto: Jaume Giró, en una imagen de archivo. (EFE)

El Tribunal de Cuentas rechazó las peticiones de aplazamiento esta misma semana, pero ahora opta por darles 48 horas más. Las fuentes consultadas, de hecho, apuntan a que este nuevo plazo no finaliza hasta las doce de la noche del lunes. Si a esa hora alguno de los investigados sigue sin presentar el aval o la fianza por su cuenta, "se procederá, conforme al artículo 47.1 g) de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal de Cuentas, al embargo de los bienes de los presuntos responsables", advierten desde el organismo.

De los 34 excargos de la Generalitat encausados, entre los que también se encuentran Oriol Junqueras, Raül Romeva, Artur Mas o Andreu Mas-Colell, solo dos habían depositado las fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles como aval a las 10:20 de este jueves. Con otras 48 horas de margen, se descartan por el momento los embargos contra los otros 30, de los que 29 que se acogerían entonces al aval del Govern, explican las fuentes consultadas.

Desde el Tribunal de Cuentas insisten a su vez en que, por mucho que se dicte una providencia de embargo, esto "no significa que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, no admita fianza o depósitos, de tal forma que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutarlo". La principal duda, por tanto, pasa por la legalidad del propio aval que va a presentar el Ejecutivo autonómico, una maniobra que las fuentes consultadas apuntan a que "roza la prevaricación". En otras palabras: se está utilizando dinero público para cubrir el presunto uso irregular de dinero público.

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