El PNV carga contra Montero por criticar una sentencia sobre la custodia de una niña

“La ligereza y dogmatismo ideológico de la ministra son inauditos”. Así comienza el duro mensaje con el que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reprochado en Twitter a la ministra de Igualdad, Irene Montero, poner en duda la sentencia del caso Costumero. El fallo judicial, dictado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, exculpa a varios funcionarios de la provincia, acusados por una madre de varios delitos —prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas— por retirarle la custodia de su hija. No era la primera vez que la dirigente de Podemos mostraba su solidaridad en redes sociales con la mujer, pero que lo haya hecho una vez se han juzgado los hechos y el tribunal ha considerado que no se cometió ilícito alguno ha provocado el enfado del político nacionalista por el señalamiento de los técnicos implicados. El PNV es uno de los socios preferentes del Gobierno de coalición.

La primera en recurrir a las redes sociales fue la ministra, que este miércoles, cuando se publicó el fallo, señaló: “No puedo imaginar el dolor de una madre que protege a sus hijos e hijas de la violencia machista y ve cómo la Justicia le da la espalda. Todo mi apoyo para Irune Costumero. El SAP está prohibido por ley desde junio”. Las siglas a las que se refiere Montero son las del síndrome de alienación parental, una figura muy polémica, no reconocida por la OMS, cuestionada por algunos especialistas, y que para otros constituye el trastorno de salud mental que sufren aquellos hijos que han sido manipulados por uno de sus progenitores para ponerse en contra del otro. La conocida como ley Rhodes prohíbe su uso jurídico en España y este es uno de los argumentos que esgrimió la madre que denunció a los funcionarios de Vizcaya, haberse guiado en su decisión por este síndrome.

Montero además escribió otro mensaje: “Necesitamos Justicia feminista y con clara perspectiva de derechos humanos. Los niños y las niñas deben ser escuchados. No podemos permitir más maltrato judicial contra madres que protegen a sus hijos e hijas de la violencia machista”. Dos tuits a los que este jueves contestaba Esteban: “[La ministra] demuestra que no se ha leído la sentencia (ni demás resoluciones) y que no le importa la presunción de inocencia de los funcionarios y el irreparable daño que sus irresponsables palabras pueden causar. No vale todo”. Un cruce de mensajes que ha acabado por alumbrar un agrio encontronazo entre Podemos y el PNV.

Entre los denunciados por Costumero, que pidió cinco años de cárcel a los técnicos que participaron en la modificación de la custodia de su hija, figuraba Sergio Murillo, en la actualidad diputado de Acción Social de Vizcaya, es decir, un alto cargo del Gobierno de coalición (PNV y PSE) que dirige la provincia vasca.

El fallo judicial

En la sentencia, sobre el SAP, la Audiencia sostiene que los técnicos de la Diputación precisaron que cuando emplearon en sus informes esa terminología "no se referían a un síndrome, sino a una sintomatología apreciada en la menor en su relación con los progenitores que hacía que estuviera posicionada en contra de uno de ellos sin causa justificada a lo largo de las numerosas actuaciones desplegadas" desde el ámbito judicial, los servicios municipales y el Área de Infancia de la propia institución, informa la Agencia EFE.

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El fallo judicial indica que la orden foral por la que le fue retirada la menor a su madre "no fue una resolución arbitraria o grosera" y quienes la dictaron "no actuaron a sabiendas de su injusticia". Señala que la necesidad de la adopción de la medida por "riesgo grave de desprotección" de la menor vino respaldada por informaciones del mismo cariz de instituciones independientes a la Diputación, como Osakidetza, el ámbito judicial y los servicios municipales de base del Ayuntamiento de Barakaldo, que, precisa, "desde hacía años venían conociendo los problemas existentes entre ambos progenitores para compartir la custodia semanal de la hija", establecida desde 2013.

Sobre los delitos de maltrato sobre la menor y lesiones psíquicas, el tribunal considera que no hay "prueba suficiente" para dar por acreditados los hechos del 4 de agosto de 2017, cuando la Diputación se hizo cargo de la niña. La madre denunció que los técnicos le arrebataron a su hija de forma violenta, un extremo que los jueces sostienen no se ha podido demostrar.