Citan como imputada a la directora de Salud Pública en Baleares por detención ilegal

La directora general de Salud Pública en Baleares, Maria Antònia Font, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal en relación con el aislamiento de estudiantes en un hotel de Mallorca tras registrarse a finales de junio un 'megabrote' de contagios de coronavirus en la isla por los viajes de fin de curso. La responsable fue quien ordenó el 25 de junio el confinamiento bajo custodia policial de 250 alumnos y, según fuentes de la investigación, tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre.

Una vez conocida la noticia, el Gobierno balear ha expresado su respaldo a Font a través de un comunicado. A juicio del Ejecutivo autonómico, la medida fue "proporcionada" y atendía a un "criterio fundamental" para la región, como es la "defensa y protección de la población". El Gobierno asegura que respeta la decisión judicial y recuerda que está a disposición de los tribunales ante cualquier requerimiento, si bien mantiene la defensa de la actuación de la responsable regional de Salud Pública así como la de todos los miembros del área, que procedieron con el objetivo de controlar el brote de casos de covid.

TE PUEDE INTERESAR

El 'macrobrote' en Mallorca: casi 950 casos, 12 ingresados y 250 jóvenes aislados en hoteles

B. Tena

El comunicado además recuerda que los jueces no atendieron a las peticiones de 'habeas corpus' solicitadas por algunos de los jóvenes a los que se sometió a una cuarentena. Además, sigue el texto, el volumen de casos detectado en los días posteriores al encierro reafirman al Ejecutivo en que se tomaron "las actuaciones oportunas".

De este modo, el juzgado ante el cual varios progenitores presentaron una querella, ha decidido investigar las circunstancias y los motivos que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver. De hecho, dicho aislamiento fue tumbado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, después de que el Ejecutivo de Francina Armengol solicitara la autorización judicial para aislar a más de 200 jóvenes tras haber ordenado la cuarentena obligada, una medida que requiere, de forma obligatoria, aval judicial.

Tras la notificación del auto, los alumnos fueron trasladados a la península. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue la encargada de anunciar el flete de un barco especial para "garantizar que tengan los mínimos contactos con otras personas", algo que también planteaba el Ejecutivo de Baleares para que los estudiantes pudieran viajar en "un espacio burbuja solo para ellos" y que, una vez en tierra, cada autonomía se ocupara de recogerlos y llevarlos a su lugar de origen. No obstante, el Govern también ofrecía la alternativa de quedarse en el Palma Bellver y terminar allí la cuarentena "que les corresponde hacer".