Vox toma impulso en los tribunales: sus victorias políticas, de la alarma al 'procés'

Para Vox la Justicia es un filón. El modelo es claro. En el partido entienden que recurrir ante los tribunales no tiene ningún coste político, pero sí un margen de beneficios incalculable: una derrota no tiene prácticamente trascendencia, mientras que si se falla a su favor la resonancia para las siglas les sitúa en el centro del escenario. Ha vuelto a suceder esta semana con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el estado de alarma del primer confinamiento, pero no es ni mucho menos el primer caso de éxito para los de Santiago Abascal, que irrumpió precisamente tras su papel en el juicio del 'procés'. La formación ha presentado decenas de escritos en múltiples salas, juzgados y cortes del país, la mayoría contra medidas y dirigentes de la izquierda o de fuerzas independentistas. Muchas de ellas, con una vida muy corta.

Solo en las últimas semanas, Vox ha interpuesto un recurso contra los indultos a los presos separatistas, de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia, ha avanzado otro contra la ley vasca antipandemia, se ha querellado contra una tuitera y ha anunciado otro recurso ante el TC y una querella ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por el aval de la Generalitat a las fianzas de los líderes independentistas. Todas estas medidas, en un margen de cuatro semanas y sobre una variedad de temas que define a la perfección la estrategia del partido.

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Para conocer el futuro de esas iniciativas, habrá que esperar aún. En muchas de ellas, meses, como ha sucedido con el caso del primer estado de alarma, cuyo fallo ha llegado más de un año después. Para Vox, que denuncia esta lentitud día sí y día también, esto no es un impedimento para seguir plasmando su firma en iniciativas judiciales, ya que en la formación consideran que el mero hecho de presentarlas ya les genera una imagen de oposición férrea frente a aquello que denuncian y que si llegado el caso se da una victoria, los réditos merecen la pena pese a la tardanza. Su presencia en causas judiciales ha generado críticas por parte de la izquierda como tras el fallo de esta semana, pero también por parte de los propios jueces. El presidente del tribunal que juzgó el 'procés', Manuel Marchena, abogó posteriormente por poner límites a los partidos en la acusación popular.

La formación ha tenido desde sus inicios un equipo jurídico potente, del que muchos de sus integrantes conforman ahora la primera línea política en las instituciones. Se trata de Javier Ortega Smith, secretario general y abogado que se encargó de poner voz a la acusación popular en el juicio del 'procés'; Macarena Olona, abogada del Estado y ahora portavoz adjunta; Jorge Buxadé, también abogado del Estado y eurodiputado; Juan José Aizcorbe, asesor jurídico y diputado o Pedro Fernández, diputado, concejal en Madrid y abogado que también participó en la causa del 1-O.

Con su entrada en parlamentos y plenos, la organización ha reforzado su plantilla puramente técnica, que es coordinada por Marta Castro, la vicesecretaria jurídica orgánica que dirige un equipo de siete personas. Son estos los que se encargan de manejar y dar forma a su estrategia, si bien es cierto que en momentos puntuales se incorporan los cargos políticos con conocimiento en la materia, según precisan fuentes de Vox.

Victorias y sinsabores

En los últimos tiempos han cosechado triunfos sonados más allá del ya citado sobre el estado de alarma. Con la sentencia del juicio del 'procés' como la bandera que los impulsó a las instituciones en 2018, la formación ha estado inmersa en causas que han tenido salidas muy positivas para ellos como la que culminó con la inhabilitación de Quim Torra, la decisión de repetir el juicio contra Arnaldo Otegi tras anularse su condena (a través de una asociación afín) o el fallo del Tribunal Constitucional que tumbó el decreto que incluía el blindaje de Pablo Iglesias en el CNI. También contra el ya exlíder de Podemos, han estado inmersos en el caso Neurona, consiguiendo reabrir la investigación de los sobresueldos que finalmente volvió a ser archivada, y en el caso Dina como acusación popular.

En total, decenas de acciones legales que se han multiplicado conforme crecía su grupo parlamentario, especialmente tras los comicios del 10 de noviembre, en los que superaron los 50 diputados necesarios para interponer recursos de inconstitucionalidad. Este, de hecho, fue uno de los primeros puntos que destacó Abascal en la noche electoral, en plena efervescencia ante sus seguidores. Junto a los planteamientos que ya tenían en el partido, se ha traducido en una agenda en la que es común encontrarse todos los meses convocatorias frente a distintos tribunales de la geografía española.

Su éxito, sin embargo, no es siempre el mismo. Vox ha tropezado recientemente en casos de amplia proyección como la querella contra el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. En ese caso fue el Supremo quien rechazó el recurso, como también hizo lo propio en la querella del partido en contra de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Reyes Maroto por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Antes, también se llevó un tirón de orejas de la Audiencia Provincial de Madrid ante una querella contra el cese de Diego Pérez de los Cobos en la que le recordaron que tenían que argumentar "una razón mínimamente seria". En esa causa, la Fiscalía ha pedido que sea archivada. Tampoco tuvieron mucho éxito con el caso Delcy y su querella contra José Luis Ábalos, cuyo archivo confirmó el TC a principios de junio, ni en la interpuesta contra Sánchez por su tesis. El Constitucional tumbó también en los últimos meses su recurso contra la ley del mar Menor de la Región de Murcia.

El partido ha centrado buena parte de sus acciones en cuestiones vinculadas al nacionalismo catalán, con querellas (la mayoría poco fructíferas) contra líderes del 'procés' desde el año 2014, cuando lo hizo sin éxito contra Artur Mas y hasta contra Mariano Rajoy por la consulta. Este junio, ha denunciado ante los tribunales que se le haya dejado fuera del reparto de senadores siendo cuarta fuerza. Pero no solo ocurre en Cataluña. En Euskadi tiene recurrido el decreto del Gobierno regional que regula el uso del euskera por parte de los ayuntamientos, reclamando que se eleve al Constitucional; ha avanzado el mencionado recurso contra la ley de pandemia vasca; ha recurrido el llamado 'cordón sanitario' ejecutado en el Parlamento vasco contra su diputada ante el TC. Como el PP, recurrió la constitucionalidad de los juramentos de 29 diputados en el Congreso y el tribunal de garantías lo admitió a trámite.

Restricciones

Las restricciones han sido otro de los ámbitos en los que Vox se ha lanzado a los tribunales para ponerles coto, no solo contra el estado de alarma, sino también contra órdenes de las propias autonomías y leyes aprobadas para hacer frente al covid. Así ha sucedido en el caso de la nueva norma vasca, que se produjo recientemente, pero también en el texto aprobado en Aragón y contra el que ha anunciado un recurso contencioso administrativo. En la Comunidad de Madrid, ya hizo lo propio el pasado octubre, en plena segunda ola, contra las órdenes de la consejería y el ministerio que imponían limitaciones. En Galicia, se ha unido al Gobierno central para reclamar la inconstitucionalidad de parte de la regulación gallega que desliza la vacunación obligatoria.

Hay cuestiones de primer nivel en las que Vox ha recurrido, pero que aún no se conoce su resolución, más allá de las apeladas en las últimas semanas. Es el caso de la inconstitucionalidad de la ley Celaá de educación; del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado; del segundo estado de alarma por la pandemia o la querella contra Fernando Grande-Marlaska por las agresiones en el mitin de Vallecas (Madrid), entre otros.