La batalla judicial de una teleoperadora de 33 años para lograr una pensión por incapacidad

A sus 33 años, Samira ya da por hecho que tiene que pasar por el hospital una vez al mes. "Me lleva el oncológico, me lleva el digestivo...". Tras años de dolores y dudas sin resolver, en 2016 le diagnosticaron síndrome de Peutz Jeghers, un trastorno poco frecuente que provoca tumoraciones llamadas pólipos en los intestinos. A partir de ahí, Samira ya pudo poner nombre a su calvario, pero entonces se enfrentó a un segundo problema: conseguir que le reconocieran una pensión por incapacidad permanente absoluta al no poder enfrentarse a una jornada laboral en su día a día. "Por muy joven que sea, uno no elige lo que tiene", resume en conversación con El Confidencial.

El síndrome se refleja en que Samira suma tres visitas al quirófano desde 2016. La primera se produjo ese mismo año y se alargó siete horas: "Me hicieron tres resecciones intestinales. Ahí empecé con el tema de las diarreas, entre otros problemas, más que nada por la parte de intestino que me falta". Aquella cirugía fue el pistoletazo de salida para enlazar una operación tras otra, pero al presentarse ante el tribunal médico, se encontró con que no le reconocían la incapacidad permanente: "Lo único que me dijeron es que yo era muy joven para estar allí". Por muy joven que fuera, en 2019 volvió al quirófano por un tumor retrorrectal en el coxis y, en 2020, por un tumor en el ovario.

Samira repasa las cirugías de carrerilla, pero entre unas y otras, se encontraba con el problema de mantener su puesto de trabajo como teleoperadora. Con un contrato por obra, el temor a perder su principal fuente de ingresos era constante: "Tú tienes tus descansos estipulados, que son 55 minutos durante las siete horas y media de tu jornada, que te lo tienes que organizar en tres descansos. Claro, ya de por sí el descanso más largo lo haces al mediodía para comer, luego tienes otros dos, pero cuándo te levantas y tienes que ir al baño, ¿cómo lo haces?". Los pañales que le indicaban los médicos no bastaban ante una incontinencia que le obliga a ir al baño hasta 10 veces al día.

"Eso me ha supuesto mucho en el trabajo y a eso súmale el tema de las faltas por médicos. Cada dos por tres me hacen colonoscopias, gastroscopias...", explica. "Estaba muy mal visto. Puedo llegar a entenderlo porque era muy difícil, pero yo no podía hacer nada". Después de la primera operación, de hecho, apunta a que optó por cogerse los días de vacaciones en lugar de la baja para tratar de recuperarse: "Tras los 15 días que me correspondían, con la cicatriz que ni había cerrado, volví a trabajar". Pero los dolores seguían y, meses después, no le quedó más salida que coger su primera baja: "No me estaba curando. Visitaba urgencias una y otra vez porque no cicatrizaba...".

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P. Gabilondo

En febrero de 2018, Samira consiguió acogerse a una situación de incapacidad temporal que se alargó hasta agosto de 2019, pero por mucho que insistiera ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, le negaron la incapacidad permanente en octubre de ese mismo año, una resolución que terminó por confirmarse en enero de 2020. No conforme con la decisión, decidió acudir a los tribunales representada por Campmany Abogados para demandar a la Seguridad Social. La sentencia se le notificó el pasado 11 de mayo: "Declaro a la parte actora en situación de incapacidad permanente absoluta derivada de la contingencia de enfermedad común".

En la resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juzgado de lo Social número 20 de Barcelona destaca que "las lesiones que padece la parte actora y que resultan de la valoración conjunta de los informes médicos obrantes en autos suponen a la misma una limitación funcional para la realización cualquier tipo de actividad laboral con un mínimo de rendimiento". Entre ellas, destaca "cuadros de diarreas líquidas con más de 10 deposiciones diarias con urgencia defecatoria e incontinencia", todo ello "con mala respuesta a los antidiarreicos". A la vista de estos síntomas, el magistrado ha condenado a la Seguridad Social a pagar a Samira una pensión de por vida.

"El saber que tengo 33 años y que a lo mejor no voy a poder dar de sí como otra persona de mi edad o algo más mayor... Psicológicamente supone muchísimo", explica. "A lo mejor no valgo para trabajar, pero lo primero es mi salud y supone una tranquilidad enorme". Samira destaca además la importancia de esta sentencia ante un síndrome poco conocido: "Me ha pasado estar con médicos que se han tenido que meter en internet para saber qué era". Desde hace años forma parte de un grupo de Whatsapp en el que se agrupan otras personas con el mismo síndrome, así que esta vez, la victoria es compartida: "Soy la primera que me he atrevido a demandar y he ganado".