Calvo estudió regular una figura intermedia entre la alarma y la excepción en la ley de 1981

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado parte del decreto que reguló el primer estado de alarma ha desatado una nueva disputa política en la que el Gobierno no esconde su malestar por el fallo, y la oposición, de manera generalizada, se atribuye un éxito sin justificación aparente. Pero también ha hecho aflorar las vías jurídicas que se estudiaron en aquellos meses convulsos en los que la población estuvo recluida en casa. Según ha podido saber este diario de distintos portavoces parlamentarios, la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, estudió y se planteó la posibilidad de reformar la ley orgánica de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio ante la posibilidad de crear una nueva figura, a caballo entre las dos primeras medidas, que encajara mejor con la situación generada por la pandemia.

Fuentes gubernamentales confirman a este diario que la entonces número dos del Gobierno sí lo tuvo en mente y estudió a fondo los modelos europeos equiparables al español, pero que no llegó a plantearlo formalmente ni a elevarlo ante la consideración de que no tendría respaldo interno ni externo. El Ejecutivo se decantó por el estado de alarma, comprendiendo que en mitad de una epidemia como la del coronavirus, era la mejor solución frente al de excepción, que ahora el TC apunta como la fórmula correcta.

En los meses posteriores, Calvo sí estudió esa tercera vía y su posible reforma legal, que llegó a comentar con los portavoces parlamentarios que apoyaron las prórrogas de los estados de alarma. Según relatan estas fuentes políticas a este diario, la ex vicepresidenta examinó los modelos italiano, francés y alemán, siendo el último el que más le gustaba por la existencia de una figura intermedia que suponía "un estado de alarma reforzado o uno de excepción leve", aseguran. Implicaba, en todo caso, un mayor control del Congreso sobre el Ejecutivo.

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La Constitución establece en su artículo 55 que los derechos fundamentales solo podrán ser suspendidos bajo un estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la propia Carta Magna, frente a la postura del Gobierno que sostiene que empleó la alarma porque únicamente fueron limitados. En todo caso y dejando a un lado este debate, que también fue acalorado dentro del TC en vista del resultado de la votación, la figura intermedia entre los dos estados, explican fuentes parlamentarias, no chocaría con ese precepto porque se podrían establecer con detalle las garantías de ese 'estado de excepción leve', enumerando medidas de limitación de los derechos fundamentales más reducidas que las generales que se recogen en un estado de excepción normal y articulando también diferentes supuestos como la pandemia.

La idea de un estado de excepción leve habría dejado excluidas, por ejemplo, las medidas más contundentes que se recogen en la ley de 1981 para esa figura, como la intervención de toda clase de comunicaciones, que en ningún caso tendrían cabida en una crisis sanitaria como la del covid-19.

La posibilidad de reformar la ley, aseguran fuentes parlamentarias, estuvo presente en muchas de las reuniones que mantuvo la propia Calvo con los grupos que se abrían a seguir apoyando las prórrogas del estado de alarma. Dirigentes de la cúpula de Ciudadanos así lo acreditan a este diario, asegurando que en distintas ocasiones (de manera presencial y telefónica) abordaron a lo largo de los meses más duros de la pandemia la posibilidad de llevar a cabo esta reforma. Y fue la ex vicepresidenta la que explicó los avances que había hecho en el estudio de otros modelos europeos.

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"En innumerables ocasiones, cada vez que me reunía con Calvo se lo repetí porque era una discusión que teníamos en la comunidad jurídica", explicó Edmundo Bal el pasado jueves al conocer el fallo del Tribunal Constitucional. Y el portavoz del grupo de Inés Arrimadas zanjó: "No quería cambiar la ley por no molestar a sus socios nacionalistas", porque esa nueva figura suponía también reforzar la capacidad del Estado.

Más allá de los motivos, tanto en Ciudadanos como en otros grupos parlamentarios que tuvieron conocimiento de ese planteamiento preliminar, aseguran que la reforma de la ley orgánica se quedó metida en un cajón y el Ejecutivo, después, solo apostó por el estado de alarma. También en la última ocasión por un periodo de seis meses (sin contemplar el confinamiento domiciliario), y agitando de nuevo a los partidos, que criticaron especialmente la falta de control por parte del Congreso. En el caso de la formación naranja, tras el fiasco de la negociación de los Presupuestos de 2021 —al final Moncloa se decantó por sacarlos adelante con ERC e incluso Bildu, con un papel destacado de Pablo Iglesias en la interlocución—, los contactos dejaron de existir prácticamente a partir de aquel momento.

El compromiso en las Cortes

Casi todos los partidos de la oposición han reprochado a Calvo muchas veces que se comprometió a una reforma legal para no tener que recurrir al estado de alarma en las Cortes Generales. En mayo, justo antes de solicitar al Congreso una última prórroga antes de la desescalada del verano, la entonces vicepresidenta aseguró: "Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y el otoño, por si existe un repunte, en unas condiciones que no tengamos que utilizar el artículo 116 de la Constitución. Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos instrumentos importantes para navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos".

Un día después, ya en el Congreso, Calvo aseguraba que la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública recogía “muchísimos instrumentos” para "reaccionar de muchas maneras" cuando la alarma decayera. Moncloa nunca vio con buenos ojos reformar la ley de 1986 para autorizar a las comunidades a tomar medidas como los toques de queda o los cierres perimetrales sin aval judicial. Pero de las primeras palabras de Calvo en el Senado, el PP interpretó que la vicepresidenta se refería a su alternativa jurídica de reforma de esa ley de medidas especiales. Por eso, los reproches fueron en aumento. También en Ciudadanos y el PNV (grupos que apoyaron al Ejecutivo en las distintas prórrogas) había un compromiso de legislar más allá de la alarma.

Pero la cuestión, insisten fuentes de Ciudadanos, es que son dos planos distintos de actuación. En el plano de lo excepcional, el estado de alarma, las conversaciones con Calvo rondaban la idea de esa reforma de la ley de1981, que nada tiene que ver con cambiar o añadir artículos a la legislación ordinaria.

Por otro lado y sobre la petición del PP, un marco legal en el que las CCAA puedan moverse cuando el estado de alarma no esté en vigor y echando mano de la ley ordinaria, las propuestas también son diversas. Los populares insisten en su 'plan b' jurídico para que los presidentes autonómicos, en situaciones muy concretas de la pandemia, puedan intervenir sin depender de los jueces. El partido naranja, en cambio, coincide con la visión de Moncloa de que no se pueden restringir derechos fundamentales con una ley ordinaria, más todavía ahora que el TC ni siquiera lo ve bien bajo el estado de alarma.

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La iniciativa de Bal pasaba por unificar criterios en la jurisprudencia de todo el país para que en vez de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad fuera la Audiencia Nacional la que tuviera que ratificar las decisiones de los presidentes autonómicos. Sería la manera, insisten, de evitar el caos generado con jueces que en una comunidad autorizan el toque de queda y en otra lo rechazan.

El Gobierno, sin embargo, se mantiene firme en su defensa de que actuó bien aplicando el estado de alarma en lo peor de la pandemia y sigue considerando que la mejor vía para afrontar el virus es la de pedir aval judicial para imponer medidas al amparo de la ley de 1986. Eso sí, confiaba en que el Tribunal Supremo unificara los criterios. El Alto Tribunal determinó en el mes de junio que las leyes sanitarias vigentes no permitían imponer toques de queda de manera general y, al final, la quinta ola ha vuelto en pleno verano (el segundo con coronavirus) y con otro lío jurídico para todas las comunidades.