Campo solicita su plaza en la Audiencia Nacional tras dejar el ministerio de Justicia

La salida de Juan Carlos Campo del Ministerio de Justicia parece ser también el final de su carrera política. El punto y final de su vinculación con el Gobierno, escenificado este lunes con el traspaso de su cartera a Pilar Llop, ha provocado que el magistrado en excedencia solicite su incorporación a la plaza de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que obtuvo solo unas semanas antes de ser designado para el cargo que ha desempeñado hasta esta semana.

Como publicó un Boletín Oficial del Estado que curiosamente firmó él mismo en marzo de 2020, su plaza ha sido cubierta durante el último año por la magistrada María Teresa García, procedente de la Audiencia Provincial de Madrid, "mientras su titular don Juan Carlos Campo Moreno se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial". Campo, al igual que otros ministros como Fernando Grande-Marlaska, perdió su escaño de diputado cuando se incorporó a Justicia y el organigrama del partido no dispone ahora de vacantes en las que encaje su perfil.

Su faceta política siempre ha estado vinculada al PSOE. Desde los noventa, inició una larga trayectoria en el seno del partido donde ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en los últimos 20 años, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno de la nación. En 1997, fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia por el Gobierno de la Junta presidido entonces por Manuel Chaves, y en 2001 entró como vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente será ahora la encargada de estudiar la solicitud de Campo.

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Ascendió de la mano de Zapatero, que le llamó en 2009 para liderar la Secretaría de Estado de Justicia en la etapa del ministro Francisco Caamaño. A partir de 2015, elegido diputado por Cádiz, desarrolló su faceta parlamentaria como portavoz del PSOE en materia de Justicia. La cumbre de esa escalada se produjo con su llegada al ministerio en enero de 2020. Año y medio en el que ha dejado varios proyectos inacabados, entre ellos, una reforma de la sedición destinada a rebajar las penas por este delito y el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Deja proyectos inacabados, como la reforma del delito de sedición y el anteproyecto de la Lecrim

En cuanto a su carrera como juez, el exministro ha desarrollado su vida laboral en Cádiz. Disponía de una plaza en la Audiencia Provincial que no desempeñó durante años debido a sus responsabilidades políticas. En la Navidad de 2019, casi al borde de su nombramiento como ministro, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le eligió como magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para sustituir a una de las dos que dejaron su destino en la Sección Tercera, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri.

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La Sala de lo Penal se encarga de enjuiciar los delitos que investigan los seis juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional y de revisar las decisiones adoptadas por los juzgados centrales como primera sala de apelación. Presidida por el juez Alfonso Guevara, está integrada por otros tres magistrados que se dividen para conocer los asuntos que se les elevan.

La Audiencia Nacional ha sido uno de los tribunales en los que Pedro Sánchez encontró varios componentes de su Gobierno. La actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ejercía allí hasta su nombramiento como ministra de Justicia. Lo mismo sucede con el actual ministro del Interior, que fue titular del Juzgado Central de Instrucción 3 durante años y fue nombrado posteriormente presidente de la Sala Penal, antes de ser designado vocal del CGPJ.