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La Fiscalía pide un año y medio de cárcel por el escrache al juez Llarena en un restaurante
  1. España
Durante sus vacaciones en el Empordà

La Fiscalía pide un año y medio de cárcel por el escrache al juez Llarena en un restaurante

El fiscal dice que actuaron movidos por su rechazo al magistrado del Tribunal Supremo debido a la instrucción de la causa del 'procés' que afecta a los principales líderes políticos independentistas

Foto: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. (EFE)
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. (EFE)

En el verano de 2018, en plena ebullición por los acontecimientos ocurridos un año antes durante el 1-O, un grupo de independentistas identificó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de la instrucción del 'procés', en un merendero del Empordà. El magistrado se encontraba cenando con un grupo de amigos y tuvo que abandonar el lugar escogido para la reunión, Can Cou-Cou, en Mont-ras (Girona), cuando comenzaba a arremolinarse una decena de personas que le increpaban al grito de "las calles serán siempre nuestras". Su vehículo fue zarandeado y golpeado. Tres años después de lo sucedido, la Fiscalía pide una pena de un año y medio de prisión por atentado a la autoridad para uno de los detenidos por aquel ataque. Reclama también una multa de 1.500 euros.

El lugar escogido para el encuentro de amigos, todos ellos miembros de un club motero al que pertenece el magistrado, se encontraba ubicado a menos de dos kilómetros del centro de Palafrugell. Horas antes del escrache, se había celebrado en esta localidad un concierto en apoyo de la libertad del expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Alguno de los clientes que coincidieron con el grupo en el merendero envió una foto alertando de la presencia del juez. El aviso se difundió a toda velocidad por Twitter y chats grupales. Según relata el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Confidencial, el único detenido por aquellos hechos se enteró de cuán cerca tenía al juez precisamente a través del móvil. Recibió en su teléfono una fotografía en la que aparecían el magistrado y su esposa, Gema Espinosa, y la comunicación de que se encontraban cenando en el restaurante.

Foto: El juez Pablo Llarena en una imagen de archivo. (EFE)

"Movido por su rechazo al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde, debido a la participación del mismo como magistrado instructor de la causa especial 20907/2017 seguida en el Tribunal Supremo por un delito de rebelión en la que han sido procesados los principales líderes políticos independentistas de Cataluña, este acudió al aparcamiento del restaurante Can Cou-Cou, integrado en un grupo de unas ocho personas, sobre las 00:30 horas del día 29 de julio de 2018 y esperaron a que el Excmo. magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde saliera en el vehículo oficial del servicio de escolta", relata el fiscal.

Una botella de cristal

Explica que una vez localizaron el coche, las personas reunidas lo rodearon con la finalidad de impedir su salida del aparcamiento. El acusado, "guiado por la misma finalidad y con claro ánimo de menoscabar el principio de autoridad que representa el magistrado, portando una botella de cristal en la mano, se subió al capó del vehículo y lo golpeó en dos ocasiones". Después de esa primera tanda de golpes, se dirigió a la ventanilla trasera del vehículo del lado donde se encontraba Llarena y comenzó a golpear el cristal de la ventanilla y el vehículo.

Mientras esto sucedía —refleja el fiscal—, tanto él como el resto de personas gritaban "els carrers serán sempre nostres", "fill de puta" y "adeu maco, benvingut a L’Empordà" y continuaban golpeando el vehículo, hasta que la conductora del mismo pudo hacerse un hueco y abandonar el lugar. El vehículo no sufrió daños. El fiscal reclama un año y medio, como ya solicitó en anteriores procedimientos vinculados con ataques al juez o a su familia, como el abierto contra una tuitera que insultó a su esposa e identificó dónde vivía y trabajaba. En ese caso, la acusada fue absuelta. El vecino de Palafrugell investigado por participar en el escrache se defendió durante la instrucción tachando de "desproporcionadas" las acusaciones y esgrimiendo su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

En el verano de 2018, en plena ebullición por los acontecimientos ocurridos un año antes durante el 1-O, un grupo de independentistas identificó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, encargado de la instrucción del 'procés', en un merendero del Empordà. El magistrado se encontraba cenando con un grupo de amigos y tuvo que abandonar el lugar escogido para la reunión, Can Cou-Cou, en Mont-ras (Girona), cuando comenzaba a arremolinarse una decena de personas que le increpaban al grito de "las calles serán siempre nuestras". Su vehículo fue zarandeado y golpeado. Tres años después de lo sucedido, la Fiscalía pide una pena de un año y medio de prisión por atentado a la autoridad para uno de los detenidos por aquel ataque. Reclama también una multa de 1.500 euros.

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