La lucha por el SMI y la fiscalidad marcan la negociación de los PGE en Moncloa
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La lucha por el SMI y la fiscalidad marcan la negociación de los PGE en Moncloa

Hay debate en el seno del Gobierno, pero también la voluntad compartida entre morados y socialistas de llevar a término la legislatura y hacerlo con la mayor estabilidad posible

placeholder Foto:  La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)

La maquinaria para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año está ya engrasada. Como adelantó este diario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informará sobre el techo de gasto en el Congreso antes de verano, mientras que en el seno del Gobierno de coalición, socialistas y morados han comenzado ya a negociar el primer borrador. Su objetivo es aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros y llevarlo a la cámara baja "en tiempo y forma"; esto es, antes de que finalice el mes de septiembre. Mientras tanto, los socios deberán pulir aspectos en los que tienen fuertes diferencias como la fiscalidad, pero también con relación a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la senda para la subida del SMI, con el compromiso de situarlo al final de la legislatura entre los 1.012 y los 1.047 euros en 14 pagas. Actualmente, su cuantía está fijada en 950 euros. Para Trabajo es urgente cerrar un nuevo incremento antes de que finalice este mismo mes de julio, mientras que la parte socialista se inclina por retrasarlo para incluirlo en el proyecto de Presupuestos de 2022, completando así un año con el salario mínimo congelado.

Foto: Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (EFE)

El jefe del Ejecutivo coincide con los ministerios de Hacienda y Economía en que lo prioritario en estos momentos es la recuperación del empleo. "Ahora lo importante es poner todo el foco en la recuperación del mercado laboral", explicaba Sánchez esta semana en una entrevista en 'La Sexta'. Sin embargo, los buenos datos de afiliación del mes de junio (233.000 nuevos afiliados y 84.000 ERTE menos), alientan las tesis del ministerio liderado por Díaz. La parte socialista del Gobierno, en cambio, insiste en que todavía es pronto y que se debe esperar, al menos, a conocer cómo siguen evolucionando estos datos también en el mes presente. Además, se pretende consensuar la subida del SMI en el marco del diálogo social con sindicatos y empresas, por lo que si esta mesa no se activa hasta septiembre, lo más probable es que se vincule ya al futuro proyecto de Presupuestos.

Desde Unidas Podemos no tiran la toalla e incluso se muestran optimistas al subrayar que las negociaciones en este sentido están marchando bien. Hay discrepancias, pero la negociación se está produciendo directamente entre la presidencia del Gobierno y la ministra de Trabajo, al margen de los departamentos que desde un principio se mostraron más reticentes a las intenciones de Díaz; esto es, los liderados por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño (Economía), y la propia Montero. En el ala ortodoxa del Ejecutivo, prevalece así la lectura de que una subida en el actual contexto podría ralentizar la creación de empleo en ciertos sectores y lastrar la recuperación económica.

La caída del empleo, sobre todo entre los jóvenes, lleva a concluir que el crecimiento todavía es "insuficiente" para una reforma fiscal

La otra pata de las negociaciones se está centrando en la fiscalidad. Los morados apostaban por una subida progresiva, que afectase a las rentas más altas e incluir un impuesto a las grandes fortunas. Pero, este viernes, el presidente del Gobierno lo descartaba avisando a sus socios de que no se incluirá una reforma fiscal en las cuentas de 2022. La prometida reforma tributaria quedaría así "pendiente", en palabras del jefe del Ejecutivo.

La razón esgrimida vuelve a ser la situación económica provocada por la pandemia con el objetivo de evitar, según los socialistas, que se lastre o se ralentice la recuperación. La caída del empleo, sobre todo entre los más jóvenes, lleva a concluir que el crecimiento todavía es "insuficiente" para emprender este tipo de reformas. "España va a mejor y estos Presupuestos van a eso. Van a consolidar la recuperación económica, a fortalecer el ritmo de creación de empleo en nuestro país, sobre todo en la población joven y, en tercer lugar, a hacer que esta recuperación sea lo más justa posible", zanjaba Sánchez durante una breve comparecencia en Moncloa junto al secretario general de la ONU, António Guterres.

En cambio, los morados mantendrán la presión, sobre todo con vistas a que se implanten algunas reformas tributarias en el primer semestre del próximo año. Actualmente, un comité de expertos está analizando qué cambios impositivos podrían plantearse y está previsto que su trabajo concluya en marzo de 2022. Su objetivo es desarrollar las líneas generales de la propuesta sobre la reforma, de carácter progresivo, y con la mirada puesta en equiparar la recaudación a la de la zona euro, cuya presión fiscal es más de siete puntos superior a la media española.

Foto: Yolanda Díaz. (EFE)

Una de las tareas del comité tiene que ver con los tributos que recaudan las comunidades autónomas, principalmente sucesiones y patrimonio, con la intención de armonizarlos. ERC también presionará en esta línea, puesto que fue una de las cuestiones por las que comprometió su apoyo a los actuales Presupuestos.

Hay debate en el seno del Gobierno, pero también la voluntad compartida de llevar a término la legislatura y hacerlo con la mayor estabilidad posible. Algo que, según entienden tanto socialistas como morados, pasa indefectiblemente por aprobar unos nuevos Presupuestos que eviten prorrogar los de 2021. Aunque se ha publicado hasta la extenuación que con los PGE de 2021 ya no haría falta una actualización, la realidad es que durante los próximos años será muy importante contar con nuevos Presupuestos. Serán la vía para canalizar el dinero que llegará desde Europa en el marco del Plan de Recuperación.

placeholder Consejo de Ministros. (EFE)
Consejo de Ministros. (EFE)

En este contexto, los socios parlamentarios del Gobierno fían la estabilidad de la legislatura a una serie de demandas que han comenzado a poner sobre la mesa con vistas a la negociación de los próximos Presupuestos. Desde la reforma del sistema de financiación autonómica hasta la derogación de la reforma laboral, pasando por la regulación de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional o materializar una serie de traspasos de competencias.

Los representantes de las formaciones que apoyan al Ejecutivo coincidieron durante el pleno del pasado miércoles, que por momentos adquirió tintes de una suerte de debate sobre el estado de la nación, en fijar un horizonte de dos años más de legislatura, para llevarla a término. Eso sí, recordando tanto las facturas pendientes como nuevas reivindicaciones para seguir sosteniendo a un Ejecutivo de coalición en minoría que, además, ya no podría ni aspirar a practicar una geometría variable con Ciudadanos.

La maquinaria para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año está ya engrasada. Como adelantó este diario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informará sobre el techo de gasto en el Congreso antes de verano, mientras que en el seno del Gobierno de coalición, socialistas y morados han comenzado ya a negociar el primer borrador. Su objetivo es aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros y llevarlo a la cámara baja "en tiempo y forma"; esto es, antes de que finalice el mes de septiembre. Mientras tanto, los socios deberán pulir aspectos en los que tienen fuertes diferencias como la fiscalidad, pero también con relación a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

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