La gran frustración. Hablan los funcionarios que pararon el 'procés': ¿sirvió de algo?

Formaron la primera línea de defensa del orden constitucional en Cataluña. El último dique de contención del Estado ante el golpe separatista del 1-O. Servidores públicos marcados como el enemigo en su propia tierra. Ciudadanos anónimos que se rebelaron cuando lo más fácil era callarse. Profesionales abnegados como la directora del instituto que se negó a ceder sus aulas para colocar las urnas en el referéndum ilegal. Como el interventor que denunció la malversación de fondos para construir una república ficticia. O como el funcionario que se fajó en Bruselas para neutralizar la propaganda independentista. Jueces, fiscales, abogados del Estado, personas de la sociedad civil, diplomáticos, también políticos. La mayoría de ellos asiste hoy a la concesión de los indultos a los líderes del 'procés' con una mezcla de frustración, desencanto, resignación y rebeldía. Aunque otros ven la medida del Gobierno con comprensión y, alguno, con indiferencia.

Justo después de que el Consejo de Ministros aprobara la concesión del perdón a los presos del 'procés', El Confidencial recabó ayer el testimonio de una docena de protagonistas que soportaron sobre sus hombros el blindaje del Estado de derecho frente al embate independentista. Empezando por el 'señor del 155'. Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administraciones Territoriales con Soraya Sáenz de Santamaría, fue el enviado para tomar el control de la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia. "Es un día triste. Te deja una sensación de orfandad, la sensación de que mucha gente se dejó el alma por un compromiso con la defensa del Estado de derecho. Y pasados casi cuatro años, te preguntas, ¿sirvió de algo?", señala con voz apagada, lejos ya de la política. "Lo único seguro es que cumplimos con nuestra labor. Y que lo volveríamos a hacer", añade, recordando el "alto coste" personal y familiar que para muchos supuso aquel otoño negro de 2017.

La misma mezcla de sensaciones, entre la resignación y el orgullo del deber cumplido, invade a un agente de los antidisturbios de la Guardia Civil que estuvo el 1-O en el colegio electoral al que acudió a votar el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont.

“Te voy a ser sincero. Tal y como está España, me interesa el día 28 de cada mes, que es cuando cobro. Y pasar el resto de los días hasta el siguiente día 28 lo mejor posible disfrutando de mi familia y mis amigos. La lealtad y fidelidad a tus principios, para los que están cerca de uno y los valoran. Para los demás, la más amplia indiferencia”, asegura ante la inminente excarcelación de los procesados. “Me dan igual los indultos, para qué me voy a cabrear, para qué voy a sentir impotencia. Me va a quitar tiempo de lo que realmente me importa, y de aquí a unos años volveremos a estar igual. La solución no es a mí a quien corresponde darla, yo tengo mi función y es hacer cumplir la ley”.

"Lo que me duele es que la argumentación pase por la deslegitimación de la sentencia", afirma una fuente del Supremo

Otro agente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional que estuvo días hacinado en el barco Piolín en las semanas que rodearon al 1-O dice sentir “vergüenza” ante la decisión del Gobierno. “Parece que fuimos para nada, para que se rían de nosotros”. Tiene palabras de recuerdo para el compañero de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que resultó gravemente herido en la plaza de Urquinaona de Barcelona en los disturbios tras la sentencia del Supremo que dictó las condenas para los dirigentes independentistas: “Hicimos lo que teníamos que hacer, había que cumplir la ley, pero parece que la ley es solo para algunos. Si hay que volver se volverá, guste o no guste, somos la Policía”.

Una voz autorizada del Tribunal Supremo, que sentenció a los nueve líderes del 'procés' y se ha opuesto frontalmente a la concesión de los indultos, comenta a este periódico que “la única forma de sobrevivir es entendiendo que hay ámbitos de actuación distintos”. “Lo que me duele no es el indulto, es que la argumentación pase por la deslegitimación de la sentencia”.

"Lo entiendo como una victoria"

También la sociedad civil tiene mucho que decir como protagonista de la rebelión en las calles de Barcelona tras el 1-O. Josep Ramon Bosch, exmilitante del PP, presidió durante años la plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerció de punta de lanza contra el separatismo arollador. Bosch está de acuerdo con la concesión de los indultos. “Los entiendo como una victoria del Estado de derecho”, dice, alineándose con la posición del presidente, Pedro Sánchez.

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A su juicio, “es un pequeño paso para la resolución del conflicto” y cree que la cuestión “se percibe muy distinto en Cataluña que en Madrid”. Lamenta haber pasado de ser un 'botifler' en su tierra a ser un traidor en Madrid. Tras definirse como una víctima del “zarpazo” nacionalista en Cataluña, percibe que “España se ha catalanizado”. Admite que quienes, como él, se sienten españoles, carecían de un relato a diferencia de los nacionalistas, que tenían un discurso que apelaba a los emocional y que ha ido ganando terreno.

“Frente a eso, nosotros teníamos la Justicia, que lo hizo muy bien. Ahora, en 2021, el independentismo está derrotado, a pesar de las bravatas no lo van a volver a hacer, saben que volverán a la cárcel. Ahora es necesario un relato en positivo desde la catalanidad”, sostiene antes de calificar de “triste” que se hiciese en la plaza de Colón de Madrid una concentración contra los indultos que, en todo caso, se tendría que haber convocado en Cataluña.

No lo ve así Dolores Agenjo, nacida y residente en Cataluña. Su nombre se dio a conocer como directora del Instituto Pedraforca, en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat. Se negó a ceder las instalaciones del centro para la celebración del referéndum del 9-N impulsado por el presidente Artur Mas. Aquella consulta fue el precedente del 1-O y ella quedó expuesta. Ve los indultos como “una humillación”. “Esa gente quiso quitarnos España, no lo consiguieron porque la Justicia les puso en su sitio y ahora llega este Gobierno y les da la razón”.

"Sánchez ha dado la espalda a las organizaciones que se han partido la cara"

Rechaza calificar los indultos como un perdón del Estado porque los beneficiados ni siquiera lo han pedido ni se han arrepentido: “Es como volver al momento anterior a los hechos que provocaron la condena”. “Nadie que no viva aquí sabe lo que pasamos los catalanes que nos sentimos españoles”, dice al tiempo que deja claro que volvería a actuar como lo hizo en su día. “Es lo que creo que tengo que hacer y volveré a hacerlo si se repite, que yo creo que se repetirá".

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Isabel Fernández, miembro de Impulso Ciudadano, pero también de Foro de Profesores como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), enfatiza que “Pedro Sánchez ha dado la espalda a las organizaciones constitucionalistas que se han partido la cara”. “Creo que no tiene autoridad para arrogarse el protagonismo de liderar un diálogo. Yo soy progresista y no estoy ni a favor ni en contra de los indultos, pero los que nos partimos la cara por la Constitución pensamos que las cosas se deberían hacer de otro modo”, lamenta, informa Antonio Fernández.

Por su parte, Yeray Mellado, presidente de S’Ha Acabat, subraya su negativa a aceptar los indultos. “Es una concesión de Pedro Sánchez a sus socios separatistas. Echa por tierra el trabajo que hemos realizado durante años y consideramos que es una sumisión del Estado a los separatistas”.

El frente polìtico

En el plano político, hubo muchos cargos implicados en la gestión del 1-O, tanto en el ámbito del Ministerio del Interior como en el de Justicia o en la Presidencia del Gobierno. Por debajo de ellos, también hubo un amplio cuerpo funcionarial de la Administración que se afanó durante semanas en encontrar la respuesta adecuada al desafío. Jornadas maratonianas sin descanso, entre reuniones, diseño de estrategias y el estudio de escenarios ante una situación inédita.

José Antonio Nieto era el secretario de Estado de Seguridad cuando el 1-O. Compareció como testigo en el juicio del Tribunal Supremo y no tuvo reparos en reconocer que él fue quien activó el ‘código rojo’, es decir, ordenó a las fuerzas de seguridad que actuasen en los colegios electorales para impedir el referéndum: “Tuvimos mucha tensión en nuestras manos, desde los mandos hasta el último agente. Era a lo que estábamos obligados porque nos lo decía la ley”. Todavía hoy hay agentes policiales investigados por las cargas en juzgados de Cataluña tras las denuncias de votantes que les acusan de las lesiones sufridas.

“Yo no siento rabia”, afirma. Dice que ahora su principal “preocupación es calibrar el alcance” de esta decisión. “Nosotros siempre tuvimos claro que el independentismo nos había ganado en el plano del relato, pero entendíamos que la aplicación de las leyes y la Justicia había supuesto una corrección. Ahora se da por hecho que la sentencia fue política y sin que haya habido un arrepentimiento”, opina.

Bal: "Los compañeros preguntaban si había un plan en Madrid. Si tendrían que elegir entre ser fieles al Estado o a lo que saliese de la república"

Entre el cuerpo de funcionarios estaba también un entonces desconocido Edmundo Bal, hoy portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Era el abogado del Estado responsable del área Penal de los servicios jurídicos dependientes del Gobierno. De él dependía la acusación a los líderes del 'procés'. Dio el salto a la política después de ser apartado por negarse a acusar por sedición, y no por rebelión, como él había defendido durante toda la instrucción del caso en el Tribunal Supremo.

“Los días anteriores al 1-O o cuando vandalizaron los coches de la Guardia Civil ante la Consejería de Economía, los vivimos con angustia. Te llamaban compañeros destinados en Cataluña que llorando te preguntaban si había algún plan en Madrid. Se preguntaban si iban a tener que elegir entre mantenerse fieles al Estado o a lo que resultase de la república catalana, si iba a haber repatriación de funcionarios. Lo recuerdo como si fuera hoy”, narra Bal, quien rememora los años sin vacaciones y los sacrificios personales hasta que fue cesado. “Mi sentimiento es de cabreo, pero también de serenidad y fortaleza. Le va a pasar factura a este Gobierno y si lo vuelven a hacer, les volveremos a meter en la cárcel. No vamos a dar ni un paso atrás”, concluye.

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La línea de defensa exterior

La línea de defensa exterior frente al 'procés' se situó en Bruselas. Los funcionarios españoles en las instituciones europeas y los propios eurodiputados de casi todos los partidos sufrieron con profunda tensión aquellos días de octubre de 2017 en que el prestigio de España fue dañado. Las imágenes de las cargas policiales recorrieron Europa, los móviles de los españoles en las instituciones se llenaron de mensajes de colegas de otros países, y la situación se hizo muy difícil de gestionar. Se vivieron escenas muy tensas en la Eurocámara, pero lejos de los focos mediáticos: en los pasillos y despachos de Bruselas, también fueron jornadas muy difíciles.

Muchos de esos funcionarios y eurodiputados no encajan bien ahora este golpe de timón del Gobierno español. “Desolación”, “confusión” y cierta sensación de haber quedado “a los pies de los caballos” es como algunas personas consultadas describen su situación. Ellos dieron la cara a lo largo de los últimos años, pero especialmente en 2017 y después en 2019, con la sentencia del ‘procés’, que fue dura y que hubo que explicar, y mucho, en Bruselas y otras capitales. Para ellos, este cambio de estrategia significa tener que dar marcha atrás en lo que defendían con vehemencia hace solamente unos meses, informa desde la capital europea Nacho Alarcón.