Trabajo busca acelerar la subida del SMI tras recibir el informe de los expertos este mes

Todos los ministros son reacios a hablar de plazos, máxime cuando se trata de cuestiones que se están negociando, pero en lo que respecta al salario mínimo interprofesional (SMI), se reconoce la "urgencia". Al menos así lo entienden desde el Ministerio de Trabajo, que lidera la también vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. El calendario está trazado y la voluntad del Ejecutivo pasa por incrementar el salario mínimo, una vez encarrilada la fase de la recuperación económica.

El primer hito será la remisión del informe de conclusiones elaborado por un comité de expertos. El texto, indican fuentes de Trabajo, se conocerá antes de que termine el mes de junio. Sus conclusiones servirán de base para la posición que adopte el Gobierno respecto al SMI. El grupo compuesto por académicos, representantes de la patronal, los sindicatos y del propio Gobierno (a través de asesores de Hacienda, Economía y Trabajo) tiene el objetivo de fijar cuál es la cifra que corresponde al 60% del salario medio y cuál es la senda de convergencia para implantarlo.

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El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se comprometía a rematar la legislatura situando el SMI en el 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Sin embargo, hay diferencias a la hora de fijar la cifra exacta del salario medio, oscilando así de los 1.050 a los 1.200 euros. En función de ello, el Ejecutivo adoptará su propuesta de subida y el horizonte de cara a 2023.

Con esta propuesta bajo el brazo, se convocará la mesa de diálogo social el próximo mes de julio. Un proceso obligado en el caso del SMI, aunque fuentes de Trabajo avanzan que la decisión final se adoptará con o sin acuerdo. "La decisión final será del Gobierno", indican estas mismas fuentes. Se pretende asimismo que, a pesar de no poner un plazo a la mesa de diálogo, la negociación sea lo más rápida posible y que en cualquier caso no se demore más allá del mes de julio. La medida, por tanto, podría llevarse al Consejo de Ministros antes de verano, en el mejor de los casos, o dejarla para septiembre tras el arranque del nuevo curso político.

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Economía ya frenó a finales del pasado año las intenciones de Trabajo de subir el SMI 50 euros, hasta los 1.000 en 14 pagas (13.300 euros brutos al año), argumentando que no era el momento debido a la situación de crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, la decisión adoptada fue congelarlo.

La ministra Nadia Calviño ganó el pulso interno y se asumió la necesidad de que la decisión no frenase el crecimiento económico ni produjese la salida de más trabajadores del mercado laboral. Diferencias que ahora se intentan minimizar, trasladándose que hay coordinación entre los diferentes departamentos y que además el comité de expertos cuenta con presencia de asesores de los gabinetes de las ministras de Hacienda (César Veloso) y Trabajo (Manuel Lago), así como el director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo.

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Se entendía desde el sector reacio del Gobierno que una subida afectaría a los sectores más golpeados por la crisis, como el pequeño comercio o la hostelería, además de que en 2019 y 2020 se produjeron aumentos del 22,3% y el 5,6%, respectivamente. La pandemia y la consiguiente crisis económica ya obligaron al Ejecutivo a reajustar el calendario de algunas de sus medidas programáticas, como la reforma fiscal.

La parte del Ejecutivo favorable a la subida se apoyó entonces en el hecho de que ni las pensiones ni el sueldo de los funcionarios se congelaron en 2021 (creciendo cerca de un punto), además de que los convenios de empresa también aumentaron, dejando más desprotegidos a los trabajadores con sueldo mínimo, ya que habitualmente son los que no están cubiertos por convenio.

Durante una reciente vista a Canarias, Yolanda Díaz volvió a destacar sobre esta cuestión que el Gobierno ha entendido "desde el minuto uno" que la mejor política de rentas para combatir la pobreza laboral era la subida del salario mínimo interprofesional. Según la ministra, esto ha permitido que 1,5 millones de trabajadores hayan visto mejorada su situación salarial, sobre todo mujeres y jóvenes, lo que demuestra que es "una herramienta muy eficaz, con un enorme impacto de género e igualación social". Y volviendo a echar mano del argumento de que la subida media de los convenios colectivos para este año oscila entre el 1,5% y el 1,8%, concluyó que, "por tanto, no es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con una pérdida de poder adquisitivo". Ahora sí, parece que la voluntad del Gobierno pasa por aprobar una subida en las próximas semanas, aunque se evita confirmar si tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.