El exgerente del Canal recurre el auto que lo envía a juicio: "No hay indicios de cohecho"

Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II procesado por presuntas irregularidades en un contrato público del ente madrileño del agua relacionado con la construcción de un campo de golf, ha recurrido el auto que lo ha enviado al banquillo junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, dos familiares de este último y un empresario supuestamente beneficiado por la adjudicación bajo sospecha. El instructor del procedimiento, el juez Manuel García-Castellón, atribuye a todos ellos un delito de cohecho.

Por un lado, De Miguel sustenta su apelación en la falta de indicios contra él. La acusación pivota sobre la adjudicación presuntamente irregular a la constructora Dragados de un modificado de obra sobre un concurso previo en una sesión del consejo de administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2016. En ella, participaron tanto De Miguel como Ignacio González. Según la Fiscalía, el cambio en la adjudicación era suficientemente relevante como para que fuera objeto de una nueva licitación. Sin embargo, sostiene que los procesados evitaron el concurso para emplear a una tercera empresa subcontratada por Dragados para esos trabajos, Tecnoconcret, que habría obtenido un beneficio de 505.000 euros financiado con fondos públicos.

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De Miguel manifiesta que “es absolutamente falso que impulsara el modificado del contrato para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II que se adjudicó a Dragados en marzo de 2003, pues es públicamente conocido que dicha modificación viene impuesta por la decisión de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid [Esperanza Aguirre] de construir un campo de prácticas de golf sobre la superficie del tercer depósito del Canal de Isabel II, como por otra parte lo ha reconocido ella misma en la Asamblea de Madrid”.

En cuanto al propio proceso de tramitación del contrato investigado, De Miguel señala que “fueron los técnicos del Área de Contratación del Canal de Isabel II los que se encargaron de tramitar el modificado”. “Por ello, es totalmente falso que facilitara ninguna tramitación”, asegura el escrito remitido a la Audiencia Nacional por su abogado, Javier Vasallo, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. En ese sentido, recuerda que no se ha acreditado ningún tipo de conveniencia con Dragados o Tecnoconcret, a las que ni siquiera conocía, afirma.

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En todo caso, De Miguel defiende la corrección del proceso de tramitación y denuncia que no puede entender cómo ha sido procesado y, sin embargo, las actuaciones han sido sobreseídas para otros investigados en el mismo procedimiento que “tenían igual o superiores funciones ejecutivas” que él. “Del curso de la investigación no ha resultado indicio alguno que racionalmente” permita atribuirle los hechos, manifiesta el exdirectivo del ente público madrileño. En otro punto del escrito, insiste en la misma idea, subrayando que "no existen indicios de criminalidad racionales y suficientes" contra él.

Prescripción

Por otro lado, De Miguel alega como motivo previo que el supuesto delito de cohecho que se le atribuye ya habría prescrito. “Los presuntos hechos que a mi representado se le imputan en el auto de transformación tuvieron lugar, tal y como se indica en la referida resolución, así como en el escrito del Ministerio Público de fecha 20 de mayo de 2021, en el año 2006”, expone su defensa, para añadir a continuación que, según el Código Penal vigente en el momento de los hechos, la supuesta infracción penal habría prescrito a los cinco años de ser cometida.

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De Miguel recuerda que la Fiscalía no interpuso la querella hasta julio de 2016. "Esto es, el delito estaba más que prescrito, no pudiendo producirse la interrupción de la prescripción propia de este acto procesal". "Es más", añade en su recurso de apelación, “en dicho periodo de tiempo, [el delito de cohecho] podría haber prescrito hasta dos veces”.

“En consecuencia”, plantea el procesado, “de conformidad con lo expuesto en el presente motivo previo de este recurso, resulta manifiestamente improcedente la transformación de las presentes diligencias a procedimiento abreviado, al haber transcurrido desde la fecha de los presuntos hechos (julio de 2006) hasta la fecha de interposición de la querella e incoación de las presentes diligencias (julio de 2016) diez años, el doble del plazo de prescripción señalado por el artículo 131 del Código Penal”.

En otro plano, De Miguel también cuestiona que el instructor del caso usara “exactamente las mismas razones consignadas por el Ministerio Público en su auto de transformación a procedimiento abreviado (…), no introduciendo el instructor argumentación o fundamentación alguna que permita conocer las causas por las que decide acoger íntegramente las razones invocadas por la Fiscalía”. Asimismo, denuncia que en su momento no se le dio traslado del informe del Ministerio Público en el que solicitaba la transformación. Por todo ello, sostiene que se ha vulnerado su derecho de defensa y reclama la “nulidad de pleno derecho” del auto. Tras su recurso, apurando el plazo concedido para la impugnación, también ha recurrido el expresidente madrileño Ignacio González.