El juez abre juicio por el tren de Navalcarnero y ordena rastrear el patrimonio de González

El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el empresario Adrián de la Joya, por la adjudicación del tren de Navalcarnero en 2007. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado atiende la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y concluye que OHL se llevó el contrato tras pagar una comisión millonaria a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Para asegurar el pago de posibles multas e indemnizaciones, también ordena que se investigue "la capacidad económica de los acusados".

Junto a González, López Madrid y De la Joya, García-Castellón procesa además al exconsejero de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas; al exdirector de Control de Gestión Felicísimo Damián Ramos, y al exdirector gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez. La Fiscalía apunta a los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, por lo que pide penas que van desde los tres años y medio de cárcel para De la Joya hasta los seis y medio para López Madrid. En el caso de González, que también ha sido procesado​ por el campo de golf del Canal de Isabel II, solicita cuatro años y multa de dos millones.

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A la vista de estas peticiones, el juez acuerda "la apertura de piezas de responsabilidad pecuniaria y/o de responsabilidad civil, en su caso, de los acusados, a fin de investigar su situación y capacidad económica". Como adelantó El Confidencial el pasado 24 de abril, López Madrid tiene bloqueadas sus cuentas y bienes en España desde abril de 2017 por su imputación en el caso Lezo, pero ha seguido percibiendo un salario en el extranjero durante la instrucción de este procedimiento. En concreto, en un depósito en Londres que no consta oficialmente para la Justicia española.

Una comisión de 2,5 millones de dólares

"La actuación conjunta de los acusados (...) permitió que OHL destinara importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión de construcción de la línea de transporte ferroviario Móstoles Central-Navalcarnero", sostiene García-Castellón en su auto. Según explica, los seis amañaron en 2007 el "concurso público para la construcción y explotación, mediante contrato de concesión de obra pública por un periodo de veinte años, de la nueva línea de transporte ferroviario", un proyecto cuyo presupuesto inicial de inversión superaba los 363 millones de euros.

García-Castellón destaca que López Madrid aprovechó "su estrecha relación personal" con González para que este utilizara "su posición preeminente" sobre Jesús Trabada Guijarro, del que dependía el órgano de contratación de Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra). A cambio, el exconsejero de OHL y Martín de Nicolás Cañas "acordaron destinar 2,5 millones de dólares de los fondos de OHL" para pagar al entonces vicepresidente madrileño y al exdirector gerente del Canal de Isabel II, "que intervendría como intermediario".

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El juez sostiene que, con este pago, "consiguieron el informe y los votos favorables necesarios", lo que permitió a OHL presentar "la oferta económica‒financiera más ventajosa (...), que, si bien aparentemente resultaban compatibles con el pliego de condiciones, impedían claramente la normal ejecución de la obra". Una vez ganado el contrato, el plan pasaba por pedir que se modificaran las condiciones del mismo por "causas imprevistas", como finalmente hicieron en 2011. Pese a ello, la Consejería de Transportes no atendió su solicitud, la concesionaria fue declarada en concurso de acreedores en 2016 y las obras nunca llegaron a ejecutarse.

En cualquier caso, el juez sostiene que el pago de 2,5 millones de dólares sí se produjo, para lo que subraya el papel de De la Joya: "Siguiendo las instrucciones de los acusados Francisco Javier López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas", Ramos ordenó transferir los fondos a una cuenta en Ginebra cuyo único beneficiario era este empresario. Con el dinero ya en su poder, De la Joya retiró en efectivo más de 2,3 millones de dólares entre 2007 y 2008, tras lo que cerró la cuenta y transfirió el dinero que quedaba en la misma a otros depósitos que tenía en Zúrich a nombre de una sociedad "con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas".

Mientras realizaba esas operaciones y en fecha anterior a julio de 2008, "se hicieron llegar al acusado Ildefonso de Miguel Rodríguez en Madrid fondos en efectivo por un importe entre dos millones de dólares y 2,5 millones de euros con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas", explica el juez. "No obstante, al día de la fecha, no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este acusado y el acusado Jaime Ignacio González González". Tampoco "ha quedado acreditado que Jesús Trabada Guijarro llegara a percibir cantidad alguna", por lo que este queda fuera de la apertura de juicio oral.