Los vecinos de la zona alta de Barcelona piden expropiar 'el pelotazo' del Arzobispado

El conflicto que enfrenta al Arzobispado de Barcelona con el barrio de Les Corts se agravó esta semana por la petición al Ayuntamiento de Barcelona para que expropie un edificio de la Iglesia por falta de mantenimiento. El conflicto lleva ya cinco años enfrentando al Arzobispado con las principales entidades sociales del distrito de la zona alta de Barcelona, pero ahora se encona con la petición de una medida radical. Lo que tenía que haber sido un 'pelotazo' del Arzobispado, con la construcción de una residencia de 120 habitaciones se ha quedado, de momento, en un proyecto utópico y amenazado por la posibilidad de incautar un edificio catalogado como patrimonio.

En esa zona, un lugar privilegiado de la capital catalana, el Arzobispado cuenta con casi una manzana, en la que se ubica una residencia (en ella están sacerdotes jubilados e incluso reside en la misma el exarzobispo Lluís Martínez Sistach) y otro edificio que en tiempos estuvo alquilado a La Caixa. Hace casi una década, la Iglesia pensó en sacarle partido, ya que el edificio anexo a la residencia, conocido como Can Capellanets, se había quedado vacío. Y pidió permiso para la construcción de otra residencia que tendría que gestionar la empresa Resa, del mismo grupo empresarial que l’Onada, cuya propietaria es precisamente la presidenta de la patronal de residencias, Cinta Pascual. Fue esta empresaria la que contrató al alto cargo de ERC Xavier Vendrell (detenido en la operación Voloh), para gestionar las residencias catalanas tras el estado de alerta el año pasado, con resultados desastrosos.

TE PUEDE INTERESAR

Así vigiló la Guardia Civil a la nueva consejera de Cultura de Cataluña imputada por el 1-O

A. Fernández. Barcelona

El recinto está catalogado, pero desde un primer momento existió la exigencia de los vecinos de que se respetase el edificio histórico que se quiere remodelar y los jardines que lo circundan, una de las pocas zonas verdes de que dispone el barrio. Desde el 2016, el pulso ha sido constante. El proyecto está aprobado, aunque falta la licencia de obras. Pero esta semana los acontecimientos se precipitaron, porque el lunes la plataforma 'Salvem el Patrimonio de Les Corts' envió un paquete de documentos a todos los partidos con representación municipal para que voten a favor de la expropiación del inmueble.

Degradación del edificio

La petición es apoyada por asociaciones de vecinos y entidades cívicas. Adela Agelet, presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Les Corts, explica a El Confidencial que las organizaciones sociales han decidido exigir la expropiación "porque hemos asistido durante los últimos años a una evidente degradación del edificio y de su entorno".

A los partidos se les entregó un escrito, una copia de la ficha arquitectónica, una copia de las ordenanzas municipales y fotografías aéreas de Can Capellanets realizadas año tras año, desde 2015, por el Institut Cargogràfic de Catalunya, en las que se observa cómo el techo del edificio se ha ido degradando hasta prácticamente desaparecer.

"Las ordenanzas municipales dicen que si un edificio carece de mantenimiento durante cinco años, el Ayuntamiento puede iniciar los trámites de expropiación y eso es lo que pedimos. Nuestra argumentación tiene un argumento jurídico claro: el incumplimiento de la Ordenanza de Protección del Patrimonio, que recoge la posibilidad de expropiación si pasados cinco años no se ha restablecido y mantenido un edificio protegido", señala a este diario una fuente de la plataforma 'Salven el Patrimoni de Les Corts'. Agelet, por su parte, denuncia que "cualquier otro propietario ya tendría encima una multa por esa falta de mantenimiento y hubiese sido obligado a reponer el tejado original. Por las fotos aéreas, vemos que Can Capellanets está en estado lamentable”.

Fuentes del Arzobispado de Barcelona explican a El Confidencial que la intención de esta institución es "perseverar en el diálogo y resolver a la mayor brevedad posible el proyecto". Se quejan estas fuentes de que ya se cumplen cinco años de conflicto, pero "la residencia es un equipamiento del que se beneficiará todo el barrio". Reconocen, sin embargo, que puede haber alguna falta de mantenimiento, pero lo achacan a que "el proyecto está paralizado. Durante años, hemos estado realizando modificaciones para acercar posturas. Pero se frenó el proyecto que garantizaba el mantenimiento del convictorio y la residencia. Este ínterin puede haber influido, porque hemos de tener en cuenta que estamos en una situación de bloqueo".

TE PUEDE INTERESAR

El independentismo tropieza y no dominará el Colegio de Abogados de Barcelona

A. Fernández. Barcelona

El concejal de ERC Jordi Coronas interpeló el 18 de mayo pasado a la teniente de alcalde Janet Sanz sobre el tema. Coronas afirmó que el estado del edificio y los jardines "están en un estado lamentable y esta situación se agrava en el caso del convictorio, porque desde hace cinco años se ha sacado la cubierta y no se ha repuesto, lo que ha comportado su rápido deterioro y el riesgo de pérdida de elementos protegidos, poniendo en riesgo la seguridad del edificio".

Cambiar el planteamiento

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por este diario se remiten al posicionamiento de Sanz, expresado en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad. "En marzo de 2019, se inició un expediente por falta de mantenimiento del edificio y ese expediente está abierto y se han interpuesto multas coercitivas a la propiedad. En marzo de 2021, se solicitó una licencia por obra integral del edificio protegido y la construcción de un edificio de obra, y estamos a la espera que aporten documentación". La teniente de alcalde subraya que el consistorio hace lo que puede "para que la propiedad haga lo que le toca". Reconoce que el procedimiento administrativo es a veces lento, pero aseguró que no ha sido hasta este pasado 5 de mayo en que el Ayuntamiento aceptó las enmiendas del expediente y que el consistorio está sobre el tema.

Desde la plataforma 'Salvem el Patrimoni de Les Corts' advierten que "el Ayuntamiento entra en contradicciones: mientras piden muchas zonas verdes y apuestan por proyectos ecológicos, permiten que se carguen un jardín que es vital para el barrio". Además, tanto desde esta entidad como desde la Coordinadora de las Asociaciones de Vecinos se subraya que "el proyecto de la residencia es prepandémico y habría que revisar algunos puntos. Entre otras cosas, la crisis sanitaria nos ha enseñado que es mejor apostar por residencias más pequeñas". Resaltan, en este sentido, que el barrio tiene dos residencias, una grande y una pequeña, de 60 plazas: en la primera, privada, hubo muchas defunciones durante la pandemia; en la segunda, pública, no hubo decesos.

El 'pelotazo' no sería exclusivamente para el Arzobispado, sino también para los gestores del equipamiento

Llama también la atención que a las entidades sociales del distrito les haya llegado la información de que la probable gestora de la residencia ya tenía negociada con la Generalitat (Cinta Pascual es una persona muy próxima a ERC) la cobertura de varias plazas de esta residencia privada para derivar ancianos de las residencias públicas. El 'pelotazo', en este caso, no sería exclusivamente para el Arzobispado, sino también para los gestores del equipamiento.

Pero desde las plataformas cívicas y las asociaciones de vecinos se asegura al alimón a este diario que "los vecinos no nos quedaremos con los brazos cruzados. Exigimos la restitución del edificio y su jardín a su estado original y la no realización de la mastodóntica residencia privada. Lo que queremos es que el Ayuntamiento actúe y que haga cumplir las normas. Queremos que nos diga si prevalece la ordenanza de protección sobre el respeto que pueda infundir una institución como el Arzobispado". Y lanzan una advertencia: "Otros barrios salen a las calles, cortan tráfico y causan destrozos. Nosotros siempre hemos sido muy civilizados. Quizá nos tendríamos que plantear otro modo de actuar…".