La CUP no da tregua a Aragonès y monta una manifestación a las dos semanas de mandato

Cuando un Gobierno toma posesión para iniciar la legislatura, la oposición suele dar cien días de gracia para que se adapte al nuevo contexto y se empiecen a visualizar las primeras decisiones. El caso de Cataluña, sin embargo, es atípico: el Govern que preside Pere Aragonès apenas ha ocupado los despachos de la Generalitat y uno de sus socios ya le está reclamando pasos en un determinado sentido. No solo eso: moviliza la calle. La CUP, el partido bisagra que permitió la investidura del líder de ERC, ha convocado para este sábado una manifestación exigiendo iniciativas en materia de medio ambiente.

La plataforma apoya la concentración en la plaza de Sant Jaume, a las puertas del despacho de Aragonès, reclamando que la Generalitat aplique la moratoria de macroproyectos eólicos y derogue el decreto 16/2019. Esta norma es la que determina los requisitos para autorizar las instalaciones de producción de energía eólica y solar fotovoltaica. La derogación de las condiciones para conceder explotaciones de molinos de viento para la generación de energía eléctrica era una de las exigencias reclamadas por los 'cuperos' para apoyar la investidura de Pere Aragonès.

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La CUP reclama, en este sentido, una Ley de Transición Energética antes de 2022 y conceder una moratoria a los proyectos acogidos al decreto 16/2019, exigencia contenida en el punto 8 del acuerdo que firmó con ERC. En el punto 7, se exige un "marco normativo que facilite la remunicipalización de servicios públicos como el agua, la creación de una empresa energética pública y la recuperación de las hidroeléctricas con concesiones caducadas y las que finalicen en los próximos años".

El diputado Carles Riera ya advirtió al nuevo 'president' este pasado miércoles, en el pleno del Parlament, que si no cumple con sus compromisos, la CUP "dejará de apoyar a este Govern". La formación anticapitalista no quiere que Aragonès gobierne para todos, sino que ya le ha adelantado que deberá escoger muchas veces en qué bando está. En el tema de la vivienda, por ejemplo, debe decidir "si está por el derecho a la vivienda y la especulación o por rescatar bancos o familias". Riera le pidió a Aragonès que explique a sus consejeros los compromisos con el partido anticapitalista y le recordó algunos de los adquiridos, desde la creación de un nuevo modelo de seguridad, con la prohibición de que los antidisturbios intervengan en desahucios de familias vulnerables, al impulso de sectores estratégicos públicos pasando por la necesidad de ejercer "la autodeterminación de Cataluña, sin que el Estado y la represión sean un límite".

El control de las hidroeléctricas

En materia de energía, los anticapitalistas reclaman a Aragonès no solo la derogación del decreto que ERC y JxCAT aprobaron hace poco más de año y medio, sino también el control público de las centrales hidroeléctricas con concesiones caducadas y que cree una empresa energética catalana. La Ley de Aguas de 2001 y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 prevén que las concesiones de las infraestructuras de las centrales hidroeléctricas ha de ser de 75 años como máximo y no se pueden prorrogar. Una vez completado ese ciclo, han de pasar a ser de titularidad pública, libres de cargas.

La CUP denuncia que hay una connivencia entre laAgencia Catalana del Agua(ACA), un organismo público de la Generalitat, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el organismo que controla el caudal del río Ebro para cometer "fraude en las concesiones caducadas y la priorización de dar concesiones a los oligopolios privados". En Cataluña hay algunas grandes centrales hidroeléctricas y alrededor de 300 minicentrales de menos de 10 MW de potencia.

El diputado Carles Riera ya advirtió al 'president' que si no cumple con sus compromisos, la CUP "dejará de apoyar al Govern"

Ante ello, da prioridad a dos líneas de actuación: la primera es exigir a Pere Aragonès que cree una empresa pública energética que tenga el control de todo el ciclo de producción, distribución y comercialización de la energía. Esa empresa englobaría la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica, fotovoltaica, etcétera. "La propuesta de la CUP es muy sencilla: apostar por una empresa energética catalana pública porque es la única forma de garantizar que se anteponen los intereses sociales y que nos permitiría avanzar en clave de liberación nacional. Esta energética nos permitiría tener un control público del sector y, por tanto, construir soberanía, contraponiéndonos a los intereses del Ibex 35 y de los oligopolios energéticos que conforman el aparato del Estado español contra el cual luchamos", señaló la diputada Laia Estrada sobre las reivindicaciones de la formación radical.

Estrada recordó que esta propuesta "está dentro del acuerdo que establecimos con ERC y ahora le exigimos no a ERC, sino al nuevo Govern, porque nos permite avanzar en clave social y en clave nacional. Necesitamos, por tanto, que el Govern comience a trabajar ya en esta propuesta". Sería, en definitiva, una 'estructura de Estado' que se utilizaría para controlar estatalmente el sector energético en caso de independencia.

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Para apoyar sus propuestas en el sector energético, la CUP apoya el nacimiento de una plataforma en la que se han integrado, en un principio, 200 entidades y activistas bajo el lema 'Recuperar la Energía', que se estrenará así este sábado como marca de choque para las movilizaciones en la calle. Su manifiesto denuncia fraudes en el Registro de Aguas y reclama "la gestión pública de los aprovechamientos hidroeléctricos, garantizando una justa restitución territorial y que la municipalización sea la vía prioritaria".

El manifiesto hace hincapié en que "ha llegado la hora de que el agua de nuestros ríos vuelva al control público" y subraya que "es necesario potenciar un nuevo modelo energético fundamentado en la generación y distribución de proximidad, basada en el decrecimiento para reducir los impactos ambientales globales y reducir nuestra huella ecológica". Este manifiesto ha sido suscrito por la CUP, por algunas de sus agrupaciones territoriales, por entidades como la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Fundació Alternativa, Comunistes de Catalunya, Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), Associació de Naturalistes de Girona, diversas organizaciones territoriales de Ecologistes de Catalunya, Assemblea Ecologista de la UAB, e incluso por el Ayuntamiento de Viladamat.