El TC avala las penas del 'procés' y del asalto al Parlament en plena polémica del indulto
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La mayoría del pleno

El TC avala las penas del 'procés' y del asalto al Parlament en plena polémica del indulto

El tribunal de garantías respalda de forma mayoritaria la condena a nueve años de prisión impuesta a los líderes de las asociaciones soberanistas y también las condenas por el asalto al Parlament

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Los presos del 'procès'. (EFE)

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este martes las penas impuestas en la sentencia del 'procés' y respecto al asalto al Parlament de 2011 en plena polémica sobre los indultos. El tribunal de garantías respalda de forma mayoritaria la condena a nueve años de prisión impuesta a los líderes de las asociaciones soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que no considera desproporcionadas. Las ponencias del presidente, Juan José González Rivas, y de Santiago Martínez Vares han contado con el apoyo de la mayor parte de integrantes del pleno.

Con esta decisión, el TC continúa con la línea que estrenó en su revisión del primer recurso estudiado, el de la exconsejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña Meritxell Borràs. Tras esta vinieron Josep Rull, Carles Mundó y Jordi Turull. Todas esas decisiones fueron anteriores a que se conociera la decisión del Ejecutivo de respaldar los indultos por lo que, la adoptada ahora, adquiere otra dimensión.

Foto: Oriol Junqueras. (EFE)

Como ya sucedió en las anteriores decisiones, el Tribunal Constitucional avala la condena por sedición pues "se puso efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho" y concluye que, por tanto, la pena no ha sido desproporcionada. El TC coincide con el criterio del Supremo al no apreciar que el delito de sedición recogido en el Código Penal adolezca de un grado de vaguedad, ya que de su redacción se desprende que el tipo penal que describe resulta reconocible con un razonable grado de claridad.

En el caso expreso de Jordi Cuixart, el ponente González Rivas indica que su conducta, centrada en promover la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, no constituyó ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión. Añade que su condena penal, por delito de sedición, "cumple con las normas constitucionales". La ponencia subraya también que la condena impuesta no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica. La sentencia cuenta con los votos particulares del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer y se hará pública en los próximos días.

Sobre Sànchez, el ponente señala que su conducta no constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión, pues lo que pretendía, como parte de la estrategia concertada con los demás encausados, era neutralizar las decisiones adoptadas por el TC y los órganos judiciales sirviéndose de la movilización ciudadana para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república, prescindiendo de los procedimientos de reforma constitucional. "Su actuación desborda con claridad los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de aquellos derechos para exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos", agrega.

La respuesta de los afectados no se ha hecho esperar. En un tuit, Cuixart ha acusado al Constitucional de ser "un tribunal político" y ha indicado que seguirán utilizando la presión "como altavoz de denuncia internacional". "Vamos a Estrasburgo a acusar al Estado. Libertad para Cataluña", terminaba su mensaje.

Asalto al Parlament

Por otra parte, el pleno del Tribunal Constitucional ha avalado las condenas que impuso el Supremo a los acusados por el asalto al Parlament en el año 2011. El alto tribunal revocó la absolución que había dictado la Audiencia Nacional y condenó a tres años de prisión a varios de los acusados por un delito contra las instituciones del Estado. Los magistrados han rechazado la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, que se inclinaba por un amparo. Mantendrán las penas tras descartar otra de las opciones barajadas, una devolución de la cuestión al TS.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por la plataforma del 15-M derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios regionales, entre ellos Artur Mas, cuyo vehículo oficial fue golpeado y zarandeado hasta el punto de que tuvo que acceder al Parlament en helicóptero. El fallo del Supremo, redactado por el magistrado Manuel Marchena, dejó claro que los acontecimientos "violentos" atacaron "los valores superiores del orden democrático".

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