Dudas en el Supremo sobre la legitimación del PP y Vox para recurrir los indultos

Nada de lo relacionado con los indultos es sencillo, y tampoco lo será su impugnación. Los integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dudan mayoritariamente de que el PP cuente con legitimación para recurrir la medida de gracia que prevé otorgar el Gobierno a Oriol Junqueras y al resto de condenados por el 'procés'. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que parte de los magistrados considera que los populares no son parte interesada en aplicación de la ley contencioso-administrativa y que, por ello, no estarían en posición de contestar por la vía judicial la medida. Las dudas provocarán algo inédito: una deliberación sobre la admisión de la impugnación que tienen previsto presentar los populares. En el caso de Vox, la legitimación es menos controvertida, pero tampoco está clara.

El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha reiterado desde hace meses su intención de hacer uso de la casación en el caso de que el Gobierno indulte a los presos del 'procés'. Ya el pasado septiembre y desde el Congreso de los Diputados, avisó de que se enfrentaría con armas legales a "una amnistía a la carta" a los condenados y que el PP defendería los intereses de los españoles. Tras el informe en contra de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha repetido la misma idea en distintas ocasiones.

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Sin embargo, la posibilidad de control de la sala sobre los indultos, que son una prerrogativa discrecional del Gobierno, es limitada y se basa en aspectos formales, pero no materiales. Por ello, para poder recurrir se debe considerar a quien impugne la decisión como "parte interesada". El PP no lo es, según la gran mayoría de consultados, porque su único interés es el que pueda tener cualquiera en el cumplimiento de la legalidad. En contencioso, están legitimados "los titulares de un derecho o de un interés legítimo".

Según concreta la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, estos son quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos, o cuyos intereses legítimos, sean individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución. Cuando se habla de afectados, lo son por motivos materiales y no abstractos, concretan estas fuentes. No es suficiente la mera defensa de la ley. Para defender un interés colectivo hay que tener la representación de ese colectivo a través de los estatutos de una asociación o similar.

En cuanto a Vox, la postura no está tan clara. El partido que dirige Santiago Abascal fue parte del procedimiento que acabó en la condena que será levantada por el indulto. Hasta ahí, partiría en mejor posición que el PP. Sin embargo, hay quien destaca que el ejercer la acusación popular y no particular supone como parte no estar afectado por el delito y tampoco si se indulta a los que fueron condenados.

Los magistrados que cuestionan también la legitimación de este segundo partido destacan que para estar legitimado tienes que obtener un beneficio personal de la anulación del indulto. En el caso de una víctima, este es —por ejemplo— la satisfacción moral del cumplimiento de la pena por el daño provocado. Vox no es, sin embargo, víctima directa.

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Además, recuerdan que la propia sala de lo penal rechazó expresamente que el partido presentara informe sobre la cuestión. En una providencia, el tribunal del 'procés' consideró que la formación no debía intervenir porque la Ley de Indulto no incluye en el trámite a la acción popular. No se consideró parte perjudicada por el delito y no se le consultó.

Pese a todo, las dudas existentes solo dejan la posibilidad de un recurso de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía. La primera vía es impensable. Aunque los servicios jurídicos del Gobierno no apoyaron expresamente el indulto, no van a promover una acción en contra de los deseos del Ejecutivo. La segunda es difícil. Si bien es cierto que el Ministerio Público se opuso rotundamente a la gracia, el recurso ante la Sala Tercera depende del área contenciosa y no penal.