Reformar el delito de sedición prolongaría el debate parlamentario durante meses

El Gobierno quiere agilizar los indultos a los presos independentistas para zanjar el asunto lo antes posible y evitar que se prolongue el debate y, por tanto, el probable desgaste político derivado de la decisión. Sin embargo, la otra medida que baraja el Gobierno relacionada con los presos, la de la reforma del Código Penal en el punto del delito de sedición, se prolongaría al menos hasta finales de este año o principios de 2022.

No hay calendario cerrado todavía para esa hipotética tramitación y el Gobierno aún mantiene abiertas decisiones colaterales, como saber si es conveniente llevar a cabo solo la reforma de los delitos de sedición y de rebelión o, por el contrario, unirla al cambio previsto en los delitos de opinión, lo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el pasado mes de enero en reacción a la polémica suscitada por la tipificación del ensalzamiento del terrorismo.

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Ambas posibles reformas, de hecho, han sido trabajadas en el Ministerio de Justicia y han sido concluidos ya los trabajos necesarios, según fuentes de ese departamento. El siguiente paso sobre los delitos de sedición y de rebelión se dará después del 13 de junio, una vez celebradas las elecciones primarias del PSOE de Andalucía.

Informes consultivos

El anteproyecto debe pasar en primera instancia por el Consejo de Ministros, lo que no podrá ocurrir antes de finales de junio. A partir de ahí, se abre la fase de informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado. Esos informes no estarán concluidos antes de finales de septiembre, en el mejor de los casos para el Gobierno.

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Hay una vía alternativa, la de la proposición de ley, que presentaría el Grupo Parlamentario Socialista en lugar del Ejecutivo. De esta forma tan llamativa, se eludiría el trámite de informes, como se hizo con la 'reforma dura' del sistema de elección del CGPJ que, finalmente, quedó bloqueada en el Congreso. Esta vía sería un tanto extravagante para una reforma de semejante calado político.

Si siguiera la vía normal del proyecto de ley del Gobierno, una vez recabados los informes tendría que volver a pasar por el Consejo de Ministros para ser remitido al Congreso de los Diputados.

Pasaría por el pleno para la toma en consideración; por la comisión para el debate del texto, incluidas las enmiendas, y de nuevo por el pleno antes de recalar en el Senado, en donde el tránsito por los órganos parlamentarios sería el mismo. Incluso acortando los plazos, no se aprobaría la reforma antes de que empiece 2022. Y, sobre todo, supondría multiplicar el debate sobre los indultos hasta entonces, lo que algunos dirigentes socialistas no consideran muy conveniente para intentar amortiguar en lo posible el desgaste que pueda tener para el partido.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado, no obstante, su voluntad de llevar a cabo esta reforma porque, según ha dicho, el Código Penal “está desacoplado” en la redacción de estos delitos.

El informe elaborado por el Tribunal Supremo para oponerse a los indultos dedica un apartado a explicar que la regulación en España de los delitos de sedición y rebelión es similar a la de otros países europeos. Cita el caso de Alemania, donde puede llegar a penas de prisión perpetua o 10 años de cárcel; de Francia, con penas de hasta cadena perpetua por poner en riesgo la integridad territorial; de Italia, no menos de 12 años de prisión, y de Bélgica, con entre 20 y 30 años de cárcel.

Una vez concedidos los indultos parciales y condicionados, la reforma del Código Penal no tendría ya efecto alguno en la situación de los presos independentistas, salvo que reincidan y sea revisado su indulto.