El juez sigue el rastro de 10 millones en mordidas de clientes de Villarejo

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha dado el primer paso para investigar el presunto soborno cometido en Guatemala por unos empresarios españoles que luego recurrieron al polémico comisario para que les salvase de una extradición al país centroamericano. El magistrado ha pedido información sobre 17 transferencias bancarias internacionales que ascienden a un total de 9,7 millones de dólares.

La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan por estos hechos al empresario naviero Ángel Pérez Maura y a su hermano Álvaro junto a otros cinco directivos de la mercantil Group Maritim TCB, propietaria de la filial guatemalteca Terminal de Contenedores de Quetzal. Se les acusa de haber pagado 30 millones de euros en sobornos a funcionarios públicos para que aquel país les adjudicase el proyecto de construcción de una terminal de contenedores.

También pagaron para eludir la normativa de contratación de Guatemala y de ese modo lograron que se sustituyera el procedimiento. De una concesión con licitación pública pasó a un contrato de usufructo oneroso, seguido de otro de operaciones portuarias. Entre los 30 millones, se incluían mordidas para los intermediarios locales e internacionales.

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El juez señala al menos a dos empresarios argentinos "de la máxima confianza" de los investigados. Se trata de Mauricio José Garín y Bernardo Arecco. Estas dos personas fueron los encargados de facilitar el presunto soborno y cifraron sus servicios en cinco millones de dólares.

Esta es la pieza separada del caso Tándem en la que se investiga la contratación de Villarejo para mediar en favor de estos empresarios ante la Audiencia Nacional, órgano competente para decidir extradiciones. En las conversaciones del caso se oye a Villarejo usar el nombre del exjuez Baltasar Garzón como "conseguidor". Se refiere a él con el mote de 'el Mago'.

Fuentes de la investigación informan a este periódico que en las últimas agendas incautadas en octubre al comisario hay notas que aluden a un reparto "recíproco del 10% por clientes entre Villarejo y el exjuez". La nota está escrita apenas unas semanas antes de que los Pérez Maura recurriesen a sus servicios. El exjuez afirma desconocer esas anotaciones o a qué se pueden referir, según fuentes de su entorno.

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En abril, el juez acordó asumir la causa abierta por las autoridades de la República de Guatemala contra el naviero Ángel Pérez Maura a los efectos de concluir la fase de instrucción y en su caso su posterior enjuiciamiento.

Ahora, el juez quiere tener información sobre esos pagos y por eso reclama tanto a Banco Sabadell como al Santander información sobre cuentas bancarias y transferencias realizadas entre el 25 de septiembre de 2012 y el 12 de enero de 2016. En un auto del pasado 19 de mayo al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez pide información al Banco Sabadell de 12 movimientos bancarios.

Son transferencias ordenadas por Group Maritim. La menor es de 90.000 dólares y la mayor de 1,1 millones. Los destinatarios son bancos en distintos puntos del planeta: Guatemala, Uruguay, Indonesia, Suiza. En ocasiones, las operaciones pasan por bancos intermedios en otros lugares como Estados Unidos, Holanda o Alemania. Las operaciones ordenadas por el Sabadell ascienden a 6,2 millones de dólares.

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Las cinco operaciones restantes corresponden a otra cuenta bancaria de Group Maritim en el banco Santander, a quien también se dirige el juez. En este caso, los movimientos son todos del 17 de septiembre de 2013 y uno de 2016. En este último, se destinaron hasta 1,7 millones a un banco de Venezuela.

Los investigadores han identificado las sociedades a las que iba a parar ese dinero. Figuran nombres como Suministros A&R 2021 CA., Soluciones Infor. Venezolanas 2000 CA, Jardine Re International INC, Agri Equipment Export Corp, Diexcosur CA, Importadora Super Sport CA, Trs Machinery Export Corp, Proyectos Ingeniería y Construcción Proic SA, Sudamerican Services SA o Inversiones CBG CA.

El juez reclama "documentación acreditativa sobre la existencia de cada una de las transferencias", la fecha de apertura de la cuenta ordenante y sus titulares. También solicita "cuanta información y documentación se disponga en relación al beneficiario y cuenta de destino del importe transferido, al mayor nivel de detalle posible".