Archivada la causa del Santander, pero el juez advierte en el auto que "contribuyó" al blanqueo

Una decena de directivos de Banco Santander han esquivado, por muy poco, una imputación por un delito de blanqueo de capitales. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional archiva el procedimiento abierto contra ellos por colaborar en el lavado de fondos y en la evasión de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. Sin embargo, el auto reprocha a la entidad su falta de control y asegura de forma rotunda que "la operativa de las dos entidades bancarias analizadas ha contribuido al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delitos". Una combinación de falta de pruebas inequívocas y de la prescripción del delito han librado al banco de responsabilidades penales y un escándalo a nivel internacional.

El escrito al que ha tenido acceso El Confidencial destaca las conclusiones alcanzadas por los peritos judiciales designados por el Banco de España que, como adelantó este medio, pusieron el foco en la opacidad de la operativa destapada a raíz de la 'lista Falciani'. El escrito pericial sostenía que los trasvases entre los dos bancos se produjeron de forma anónima hasta 2012, aprovechando que el Santander era la entidad corresponsal de HSBC para España. Tras el fin del acuerdo de corresponsalía en ese ejercicio, los saldos de las cuentas de HSBC pasaron a moverse entre España y Suiza mediante un complejo intercambio de claves que seguía camuflando a los verdaderos propietarios de los activos. También expusieron presuntas irregularidades en la gestión de valores de HSBC en una cuenta de custodia de Santander Investment.

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Agencias

La conclusión que alcanza ahora el juez es que existen "numerosos elementos que deberían haber alertado del importante riesgo asumido por los responsables de las entidades investigadas en la operativa llevada a cabo que facilitó la ocultación y el aprovechamiento del producto de los delitos". Este riesgo se deducía, concreta, del país ordenante de la operativa (Suiza); de la entidad cliente (HSBC Private Bank Suisse) con un importante historial de colaboración en la ocultación de fondos de contribuyentes europeos y españoles, público y notorio; y de la concreta operativa analizada que favorecía la ocultación del titular real de los fondos.

El auto destaca el profundo análisis llevado a cabo por los peritos que puso de manifiesto "la muy notoria e irregular ausencia de valoración del riesgo desarrollada por los investigados en los expedientes de diligencia debida, en contra incluso de los criterios asumidos en sus propios manuales de procedimiento internos". Solo entre 2005 y 2008, se produjeron 1.070 operaciones entre Santander y HSBC Suiza por un importe total de 73,9 millones de euros. Según los peritos, en la totalidad del periodo bajo sospecha, Santander únicamente dio la voz de alarma por transferencias relacionadas con HSBC en tres ocasiones. De hecho, Santander consideró hasta 2016 que el riesgo de blanqueo de las operaciones con HSBC debía considerarse 'bajo', pese a las numerosas investigaciones abiertas contra la firma suiza en Estados Unidos y Europa por la ocultación generalizada de patrimonios.

A pesar de todo, el Central 5 indica que las evidencias halladas "resultan insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal" a la vista de que no se ha hallado una prueba directa, inequívoca y sin fisuras, que acredite "el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por ambas entidades, Banco Santander y BNP Paribas, a otra entidad de alto riesgo, HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas".

Prescripción

El magistrado instructor, ahora Santiago Pedraz, señala también en su auto que cabría imputar a los directivos afectados por la modalidad imprudente del delito. Sin embargo, la reforma del Código Penal de 2004 estableció un plazo de prescripción de cinco años. La pieza separada en la que se investigaba la actuación del banco fue abierta el 28 de abril de 2016 y los afectados fueron imputados en abril de 2017. Los años transcurridos suponen que los hechos investigados queden fueran del plazo señalado. Contactado el banco, no ha contestado a las preguntas de este medio.

Entre los directivos investigados se encontraba Ignacio Benjumea, secretario general desde 2005 hasta 2015 y presidente del Comité de Análisis y Resolución hasta 2014; José Manuel de Araluce Larraz, director de Cumplimiento, entre junio de 2005 y julio de 2014, y vicepresidente del Comité de Análisis desde septiembre de 2006 y Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de Banca Mayorista y Banca de Corresponsales (Global Banking & Markets) donde se desarrollaban las actividades de custodia de valores y banca de corresponsales, desde 2008 a junio de 2010.

También Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo hasta mayo de 2013; Jesús Álvarez Ramírez, encargado del Área de Banca Privada y Sociedades Filiales con competencias para el cumplimiento de los objetivos de blanqueo, hasta 2015; Jesús Rivero González que fue responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Departamento Central de Extranjero hasta 2013; y Marta Mora Villarubia responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales en el departamento de Instituciones Financieras Internacionales hasta 2012. También se investigaba a tres directivos del BNP Paribas Securities Services.