El Gobierno acusa a Casado de "chantaje" por vincular el nuevo CGPJ a frenar los indultos

El Gobierno sigue insistiendo en que la decisión de indultar a los presos del 'procés' es una prerrogativa del propio Ejecutivo y que se tomará una vez recabados todos los informes preceptivos. Sin querer confirmar si la intención pasa por conceder la medida de gracia de manera parcial, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sí ha arremetido contra la condición del líder del PP, Pablo Casado, de asociar la renovación del CGPJ a que no se produzcan indultos. "El PP chantajea o condiciona en base a la actualidad", ha arremetido Montero tras el Consejo de Ministros. Una reunión que este martes ha presidido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al encontrarse el presidente del Gobierno en Bruselas para participar en el Consejo Europeo extraordinario.

"Lo hace porque no quiere renovar" el órgano de gobierno del poder judicial, que lleva más de dos años caducado, ha añadido la también ministra de Hacienda en referencia al bloque de los populares, para reiterar que "no se puede chantajear" cuando "la constitución obliga" a renovar estos órganos. "Hoy es una cosa y mañana será otra, pero la realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren y es exigible que el principal partido de la oposición cumpla la ley", ha concluido Montero. Los populares ya han avanzado que recurrirán ante la Justicia en el caso de que se conceda la medida de gracia.

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El Tribunal Supremo prevé tener listo el último de sus informes, el correspondiente al tribunal sentenciador, esta misma semana. Como ha adelantado este diario, el Gobierno sopesa condicionar el indulto de los presos del 'procés' a que cumplan la ley. Es decir, que exijan que para disfrutarlos no se cometan delitos dolosos en un plazo determinado de tiempo. Necesariamente, además, serán parciales, porque así lo prevé la ley cuando, como en este caso, los informes sean contrarios.

Desde el Ejecutivo pretenden disociar la medida de gracia a los políticos catalanes encarcelados de la puesta en marcha de la mesa de diálogo con el Govern. Sin embargo, defienden que lo primero se hará según "lo que consideremos que es lo mejor para el interés general de España cumpliendo la legalidad vigente" y que lo segundo busca "retomar la agenda de reencuentro con Cataluña". En esta línea, desde el Ejecutivo no descartan que antes de que se retome la mesa de diálogo pueda celebrarse una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el recién investido 'president', Pere Aragonès.

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Se trataría de una "reunión bilateral" y "de cortesía", según lo califican desde el Gobierno y que enmarcan en la normalidad institucional coincidente con el nombramiento de un nuevo presidente autonómico, con la "voluntad de reforzar los lazos afectivos". Aun remarcando que "se sabe cuáles son los límites", para Montero "el diálogo nunca sobra" y ha mostrado el interés del Gobierno a que la mesa de diálogo "se reanude a la mayor brevedad posible".

Los "límites" se visualizaban este mismo martes en el Congreso con los socialistas alineándose con PP y Vox en la Mesa del Congreso para apoyar un nuevo informe de los letrados que impide que hoy se pueda debatir la ley de amnistía propuesta por los partidos independentistas y que la CUP llevaba este martes al pleno de la Cámara en forma de moción. El rechazo a la iniciativa coincide con las pretensiones reiteradas por Aragonès de llevar a la mesa de diálogo con el Gobierno la demanda de un referéndum acordado y la amnistía de los políticos presos.

Los "límites" se visualizaban este mismo martes en el Congreso con los socialistas alineándose con PP y Vox en la Mesa del Congreso

Entre las iniciativas que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros destaca el proyecto de ley de convivencia universitaria, que deroga la actualmente en vigor de 1954. Una norma "anacrónica", según la ha tildado la portavoz del Ejecutivo, y en "contradicción con los principios democráticos", que será sustituida por un marco común para la resolución de conflictos. Para ello se creará una Comisión de Convivencia encargada de canalizar las iniciativas para mejorar la convivencia en la universidad, promover la utilización del mecanismo de mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador. Entre otras cuestiones, realizar novatadas con grave menoscabo de la dignidad de las personas, el acoso o el plagio son conductas que podrán ser castigadas con la expulsión de dos meses a tres años de la universidad.