Fernando Grande-Marlaska no quiere reducir los motivos de la crisis migratoria a la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario. Tanto el Gobierno como él han evitado apuntar a una represalia de Marruecos, pero no es la primera vez que el ministro se enfrenta a una situación compleja con el conflicto saharaui de fondo: en 2014, cuando ejercía como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el PP había 'derogado' la justicia universal, Grande-Marlaska abrió la puerta a que España pudiera seguir investigando a Marruecos por un posible genocidio contra saharauis.
Los motivos se plasman en un auto del pleno dictado en julio de 2014. Con él como presidente, 15 magistrados determinaron que no había lugar al archivo de un caso que afectaba a altos cargos de Marruecos por supuestos delitos de lesa humanidad y genocidio en la antigua colonia española. La reforma del PP ya había entrado en vigor y la continuidad del procedimiento estaba en el aire, pero concluyeron que debía seguirse adelante: su razonamiento pasaba por que España está obligada a proteger a los saharauis.
"España 'de iure', aunque no 'de facto', sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento", sostiene la resolución, con el juez José Ricardo de Prada como ponente.
De esta manera, se esquivaba la reforma del PP, que en la práctica implicaba el fin de la llamada justicia universal al neutralizar la capacidad de los jueces españoles de perseguir crímenes de lesa humanidad fuera del territorio (genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y torturas). El asesinato en Irak de José Couso, el genocidio tibetano... El cambio legislativo provocó un archivo tras otro en la Audiencia Nacional, pero no el de este caso.
La investigación en cuestión ponía el foco en lo ocurrido entre octubre y noviembre de 2010 en el asentamiento Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad), instalado en las proximidades de la ciudad de El Aaiún. Durante el desalojo del campamento por parte de Marruecos, se produjeron desapariciones, agresiones físicas, torturas y asesinatos. Entre ellas, la muerte violenta del ciudadano español Baby Hamday Buyema la mañana del 8 de noviembre de 2010.
Tanto su familia como la Liga Española Pro Derechos Humanos se querellaron en España contra el titular marroquí del Ministerio de Defensa, el del Interior y el de Exteriores, así como contra el gobernador de la ciudad de El Aaiún. Su escrito incluía diversos delitos como genocidio o lesa humanidad y, antes de admitirse a trámite, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno libró una comisión rogatoria a Marruecos para saber si tenía algún procedimiento en curso sobre estos hechos.
"Hasta el día de hoy Marruecos no ha cumplimentado la comisión rogatoria, consecuentemente las querellas siguen en suspenso", explicaba la Fiscalía al posicionarse en contra del sobreseimiento en 2014. "Si por la legalidad internacional un territorio no puede ser considerado marroquí, tampoco puede aceptarse su jurisdicción como fuero preferente del lugar de comisión del delito". La Sala de lo Penal atendió sus argumentos.
La resolución devolvió entonces el caso al juez Moreno, que admitió a trámite la querella mediante un auto del 19 de septiembre de 2014 al que ha tenido acceso este diario. Una vez más, el razonamiento se centraba en que para los hechos objeto de la acusación era aplicable el principio de territorialidad. Siguiendo la postura de la Fiscalía, se rechazó imputar a los altos cargos señalados y, según explican fuentes jurídicas, la investigación terminó por sobreseerse en 2017 sin procesamiento.
En cualquier caso, ahí queda el razonamiento de la Sala que presidía Grande-Marlaska: la obligación de España de proteger a los ciudadanos del Sáhara Occidental "contra todo abuso". Siete años después, ya como ministro del Interior, él es uno de los miembros del Gobierno que debe hacer frente al amago de 'marcha verde' en Ceuta, una crisis migratoria que desde Marruecos no dudan en relacionar de forma velada con la idea contraria: si quiere su colaboración, España debe dejar de interferir en el Sáhara Occidental.
Fernando Grande-Marlaska no quiere reducir los motivos de la crisis migratoria a la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario. Tanto el Gobierno como él han evitado apuntar a una represalia de Marruecos, pero no es la primera vez que el ministro se enfrenta a una situación compleja con el conflicto saharaui de fondo: en 2014, cuando ejercía como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el PP había 'derogado' la justicia universal, Grande-Marlaska abrió la puerta a que España pudiera seguir investigando a Marruecos por un posible genocidio contra saharauis.
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