Las CCAA exigen fondos para acoger a los menores inmigrantes y ayudar a Ceuta

Son casi 2.000 menores inmigrantes no acompañados los que han llegado a Ceuta esta semana, según calculan aún de forma estimada fuentes policiales. Es un número que ni siquiera comunidades como Andalucía o Canarias, que conocen de cerca la presión de atender a estos menores que llegan a sus costas, conocen en tan pocas horas. Son los que llegaron aproximadamente en todo el verano de 2018 a las costas andaluzas, cuando se registró una ola de pateras que puso al límite la red de acogida andaluza, pero en apenas un día y en Ceuta (85.000 habitantes).

Esta realidad es la que empujó al Ministerio de Derechos Sociales a convocar de forma urgente a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial celebrada este miércoles y en la que propuso el reparto solidario de 200 de estos menores no acompañados llegados a Ceuta. La ministra Ione Belarra apeló a la “solidaridad” y la “respuesta colectiva” de las distintas autonomías. Los gobiernos autonómicos tendieron la mano pero pidieron concreción sobre el reparto, ayuda a las comunidades que soportan más presión migratoria y fondos extraordinarios para atender a estos extranjeros que deben tutelar hasta que alcancen la mayoría de edad. Deben responder en 24 horas.

Los 200 menores a los que se dará un traslado urgente desde Ceuta son adolescentes inmigrantes que ya están instalados en la ciudad autónoma y ya estaban acogidos en centros del Gobierno ceutí. Su situación legal, escolar y sanitaria está regularizada por la comunidad autónoma, explican desde el ministerio.

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Los menores recién llegados aún deben pasar un proceso antes de entrar en la red pública y de esta forma se agiliza que haya plazas disponibles en Ceuta. Tanto esta ciudad como Melilla están fuera del reparto. A diferencia de los adolescentes que llegan en pateras con un proyecto migratorio bien definido y un destino claro, normalmente a alguna ciudad española u otro país europeo donde tienen familia ya instalada, estos menores, que han llegado a nado en muchos casos, son más pequeños que la media, entre ocho y diez años, y muchos piden poder volver con sus familias. A algunos incluso, advierten fuentes policiales, les suenan los teléfonos y sus padres les reclaman volver a pueblos cercanos desde donde se lanzaron a cruzar la frontera, empujados por las facilidades o por otros adolescentes de esas localidades marroquíes.

En ese sentido, el Gobierno considera que habrá muchos más casos de reagrupaciones familiares que en otras circunstancias. La ley marca que siempre debe primar el interés del menor y procurar en primer caso la vuelta a sus países de origen con sus familias, pero esa es una decisión voluntaria.

“La solución no puede recaer solo en la ciudad de Ceuta sino en el conjunto del país”, sostuvo la ministra, que insistió en la importancia de que los traslados a otros puntos se hagan en los próximos días. “Es importante entender que estamos ante niños mucho menores de lo habitual. Muchos de ellos no sabían las consecuencias de pasar la frontera y nos encontramos con que muchos quieren volver a sus casas”, relató Belarra. Canarias, que conocen bien la presión migratoria y se ha visto desbordada en ocasiones como la crisis de los cayucos, reclama una ley que articule soluciones a largo plazo.

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El pasado diciembre, los datos oficiales señalaban que en España había registrados un total de 9.020 menores inmigrantes no acompañados pero con un reparto muy desigual entre autonomías. La que más menores acoge es Andalucía, con 2.507 en esa estadística, hoy son 3.000, de ellos 1.700 inmigrantes no acompañados, informó la consejería andaluza de Igualdad y Asuntos Sociales. Tras la comunidad andaluza, Canarias es la que más menores acoge (1.849) y detrás Cataluña (1.168). Les siguen Melilla (798), Ceuta (496, con cifras de diciembre), la Comunidad Valenciana (473), País Vasco (471) y Madrid (356).

Según confirmaron fuentes autonómicas que asistieron a esa conferencia sectorial, el Gobierno no puso sobre la mesa ninguna financiación extraordinaria para hacer frente a esta acogida. Andalucía, que ya ha advertido que tiene plazas reservadas para atender a los menores que empiezan a llegar en pateras a sus costas y que tiene la red de acogida al límite, ya ha denunciado en muchas ocasiones que esta atención tengan que afrontarla las comunidades “a pulmón” y sin ayuda extraordinaria del Estado.

En 2019, para atender la importante llegada de menores que se registró en las costas andaluzas, Ceuta y Melilla y que obligó a crear plazas de urgencia, el Gobierno de la nación aprobó un fondo extraordinario de 40 millones de euros, 26 para Andalucía. Un año más tarde, los Presupuestos del Estado eliminaron esa partida. En aquel momento la Junta andaluza, de PP y Cs, denunció que la comunidad debía sufragar la atención de unos 2.000 menores sin ninguna financiación desde el Gobierno, que aseguró, en una misiva a la que tuvo acceso El Confidencial, que la idea era “caminar hacia otro modelo”, explicaron, que permitiera afrontar costes de forma compartida. Desde el Ministerio aseguraron que aquella partida tenía carácter “excepcional” pero Andalucía dejó claro que los menores que habían llegado seguían bajo tutela de la Junta.

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Las comunidades deben sufragar la atención de estos menores, desde necesidades básicas como la manutención o el alojamiento, a un itinerario educativo o de inserción profesional. Lo hacen a través de plazas públicas y en la mayoría de los casos concertadas. El Presupuesto andaluz destina alrededor de 15 millones de euros para atender a estos extranjeros no acompañados. Vox ha puesto en la diana el coste de tutelar a estos adolescentes, a lo que obliga la ley y la convención de derechos humanos. Hace política con esto en Andalucía y la hizo en Madrid, donde se convirtió en motivo de controversia en la pasada campaña electoral, al criticar, en unos carteles que fueron denunciados por xenófobos, que un pensionista cobra menos que un menor no acompañado, un dato que fue desmentido por el Gobierno de la comunidad.

El sistema de financiación de esta atención a menores arrastra deficiencias desde hace años. Desde el Gobierno andaluz se comprometieron a estudiar los criterios de reparto que había ofrecido el ministerio. Hay 24 horas para dar una respuesta. Fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales advirtieron de que esos criterios no consideran la situación de frontera de Andalucía ni la presión migratoria que soporta. Insistieron en reclamar una dotación económica extraordinaria que no sea excepcional ante episodios puntuales como el de Ceuta, sino que se considere como una política de Estado. “Andalucía es una comunidad solidaria como ha demostrado en estos últimos años, con un modelo de atención que ha recibido el reconocimiento de todas las organizaciones que trabajan con la administración”, defendieron desde el Gobierno andaluz. No obstante, subrayaron, “ese esfuerzo requiere de la colaboración económica del Estado”. “Andalucía no va a dejar a su suerte a estos menores que vienen de situaciones muy complicadas”, añadieron desde el Gobierno andaluz.

El mensaje va en la línea expresada por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que dejó claro que no atenderá la exigencia de Vox de no atender a los menores llegados a Ceuta bajo la amenaza del partido de extrema derecha de que retirará su apoyo a la coalición de PP y Cs en el Gobierno andaluz.