Una jueza anula el derribo de una casa ilegal para proteger del covid a una madre enferma

Esta historia empieza en Pontevedra, en un terreno privado cerca del mar. Sus propietarios levantaron en él una pequeña casita, casi una caseta de playa. Paredes de placas modulares, una planta, cierres de fachada de chapa, ventanas de aluminio de color blanco, persiana por el exterior, tejado a dos aguas. Apenas 45 metros cuadrados. Lo hicieron sin contar con los permisos necesarios y en contra de la ley autonómica. Hasta hace poco disfrutaban de esta construcción ilegal durante los meses de verano de forma ocasional sin que pudiera considerarse que el lugar fuera un domicilio.

La administración gallega detectó la construcción y ordenó su derribo. El asunto quedó en manos de un juzgado y fue entonces cuando se descubrió que la pequeña casita ya no era una construcción playera que guardara sombrillas y sillas. Se había convertido en la residencia-burbuja de una madre enferma de cáncer y sus hijos de corta edad. Pese a la evidencia de la irregularidad de su construcción, la jueza encargada del caso ha decidido dar prioridad a la necesidad de la joven de aislarse y protegerse del covid y ha suspendido la demolición de forma cautelar.

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EFE

Su padre, llamémosle Fernando, recurrió la decisión administrativa que abocaba a la casita a desaparecer. Según explica la resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, indicó que se trataba de una manera un tanto 'sui generis', un lugar de residencia en concreto de su hija y sus nietos de cinco y dos años por motivos muy concretos asociados a la actual situación de crisis pandémica que aconsejarían la necesidad de la misma de aislarse por motivos médicos. Fue la solución que idearon después de que se le detectara un cáncer de colon combinado con una dolencia cardiaca.

"Desde el inicio de su convalecencia, se han trasladado a vivir con ella, para poder ayudarla con sus hijos mientras no se recupere del todo, ya que ha tenido que someterse a quimioterapia de forma más o menos interrumpida desde que conoció su diagnóstico así como que su situación médica actual le obliga a mantenerse lo más aislada posible, extremando las precauciones, condiciones normales, cosa que se ha visto seriamente agravada a causa de la actual situación pandémica originada por la propagación del covid que ha hecho que sus médicos, los que la tratan, le recomendaran aún mayor aislamiento del que venía guardando y que permaneciera el mayor tiempo posible al aire libre motivo por el cual decidió aislarse con su madre e hijos en la casita en la que normalmente pasaban los meses", explica la resolución.

Los argumentos

La magistrada realiza una valoración conjunta de la prueba. Indica que al menos por el momento, y probablemente por el tiempo que pueda durar la pandemia hasta que esté mínimamente garantizada la aplicación a un porcentaje importante de la población de la vacuna por parte de las autoridades, "lo que por el momento no tiene una fecha fija", es necesario que las personas que se encuentran en situación de elevadísimo riesgo permanezcan aisladas en la medida de sus posibilidades.

Considera que es cierto que el derecho fundamental a la vida o a la salud que en este caso entraría en juego a la hora de ponderar los intereses en conflicto o lo sería de un "tercero ajeno al proceso" porque la afectada, como hija mayor de edad del propietario del terreno, no se puede decir que forme parte de su unidad familiar celular básica. No obstante, entiende que en un caso como este, dadas las actuales circunstancias de crisis sociosanitaria, la madre enferma se ve obligada, por su situación personal de salud, a confinarse o en su caso aislarse en un entorno preferiblemente natural que le permita mantener ciertos mínimos de movimiento.

"Probablemente viene necesitando de la asistencia y apoyo de otros miembros de la misma unidad, como es su madre" y concluye que el daño "proporcional" que le supondría a la administración y el interés público representado por la exigencia a los particulares de que cumplan con la normativa urbanística y la ley en materia de protección del dominio público marítimo-terrestre, frente a la conservación del derecho a la salud y a la vida de un particular que pertenece al entorno familiar más próximo del recurrente, obliga a decantar la balanza a favor de la adopción de la medida cautelar pedida en este caso.

"Por el momento no parece que haya quedado resuelta la actual situación de crisis sanitaria, asociada a la pandemia, y por tanto sigue existiendo un elevadísimo nivel de riesgo a cargo de la salud especialmente de personas en la situación de la afectada e incluso todo indica que, por otra parte, en fechas más o menos inminentes, cercanas, podría llegar a solventarse, a paliarse en la medida de lo posible la actual situación con la aplicación de la vacuna que ya se tiene constancia que ha conseguido el sector científico y que podría ponerse pronto a disposición de los particulares por la sanidad pública", acaba la resolución.