El ordenanza despedido por Zapatero, Rajoy y Sánchez logra por fin su plaza fija en Moncloa

Raúl Santos, ordenanza y ayudante, lleva 14 años en la Moncloa realizando labores administrativas de todo tipo. Su mano se nota, por ejemplo, en la preparación de cada Consejo de Ministros. Desde 2007 lleva padeciendo, sin embargo, una supresión continua de su contrato. Cada vez que un nuevo presidente del Gobierno accede al palacio —e incluso cada vez que un presidente renueva su mandato, como hicieron Rajoy en el verano de 2016 o Pedro Sánchez en el otoño de 2019—, se le ofrece un 'pack' de trabajadores que, pese a ser siempre los mismos, son cesados y vueltos a contratar.

Así llevaba Santos varios años, hasta que, este mes, la jueza titular del Juzgado número 18 de lo Social de Madrid le ha dado la razón por primera vez frente a los argumentos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad —así se llamaba hasta 2020, cuando Igualdad pasó a ser un ministerio independiente y este recibió la coletilla de Memoria Democrática—, que insistían que Santos, al igual que el resto de trabajadores en su situación, era personal eventual de confianza. Es decir, algo más parecido a un asesor que a un trabajador público.

Opinión

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Del Elíseo a la Casa Blanca

En muchos otros países, es habitual que el presidente del Gobierno se aloje en un lugar que funciona tanto de residencia ejecutiva como de zona cero administrativa. En el Palacio del Elíseo francés, por ejemplo, trabajan unos 800 individuos, todos ellos funcionarios. En la Casa Blanca, funcionan de otra forma y de los 1.800 empleados solo un centenar son permanentes —principalmente, aquellos que se ocupan de la residencia: doncellas, asistentes, fontaneros o floristas— y siguen allí independientemente de si el presidente es demócrata o republicano.

En la Moncloa, entre la residencia y la parte administrativa, trabajan unas 2.000 personas. Inmaculada Parrado estima que unas 700 podrían estar en una situación parecida a la del ordenanza, cuyo caso han llevado desde su bufete, Parrado Asesores. "En una empresa privada, no puedes estar más de tres años con contratos temporales, porque la ley obliga a hacerte indefinido", explica a El Confidencial. "En el Estado, con mayor razón, ha de cumplirse esa normativa y no tener la precariedad contractual que ahora mismo padecen muchos interinos".

La jurisprudencia ha ayudado a Santos a sentenciar que su labor en el palacio no era en absoluto esporádica, sino estructural. El Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo expuso en el juicio que las tareas eran propias de un cargo eventual de confianza, pero la abogada logró imponer que las responsabilidades de Santos no tenían un carácter personal, sino funcional. Ahora el fallo propiciará, previsiblemente, una cascada de nuevas demandas, ya que no se aplicará automáticamente a aquellos interinos de Moncloa en la misma situación.

"Tendrán que ir uno por uno, porque, debido a motivos presupuestarios y a que las administraciones no aplican la legislación vigente, tiene que ser el propio afectado el que interponga la demanda", dice Parrado. "Ya hemos recibido varias consultas de personal de confianza, como era el caso de esta persona".

"Hay gente que lleva 20 años en la Administración con un contrato por obra o servicio"

A partir de ahora, el ordenanza pasará a tener un contrato indefinido no fijo, en conveniencia con el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico de la Función Pública. El tsunami que ha despertado la sentencia no solo afectará a las dependencias de Moncloa. "Por toda España, en ayuntamientos o comunidades autónomas, hay personas contratadas por la Administración o bien con este formato o con contratos por obra y servicio, cuando hay gente que lleva hasta 20 años haciendo la misma obra o servicio".

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