Hacienda comunica a Juan Carlos I la apertura de una inspección fiscal
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Sobre su última regularización

Hacienda comunica a Juan Carlos I la apertura de una inspección fiscal

LA AEAT reclama al Rey emérito más datos sobre los pagos de la fundación de su primo Álvaro de Orleans

placeholder Foto: Retirada de un retrato de Juan Carlos de Borbón. (EFE)
Retirada de un retrato de Juan Carlos de Borbón. (EFE)

Hacienda ha comunicado a Juan Carlos I la apertura de una inspección tributaria sobre sus últimas regularizaciones voluntarias. Según confirman a El Confidencial fuentes conocedoras de la comunicación, la AEAT ha reclamado más información sobre su declaración de marzo, en la que abonó sin requerimiento previo 4,4 millones de euros incluyendo intereses de demora y recargos, las rentas correspondientes a gastos por viajes y servicios. Se cumple así la postura de la ministra María Jesús Montero, que hace una semana aseguró que, como con cualquier otro contribuyente, se estaba comprobando si la regularización presentada por el emérito es "completa y veraz".

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Como reveló este diario, la entidad administrada por Álvaro de Orleans gastó entre 2009 y 2018 hasta ocho millones de euros en aviones chárteres del monarca. Con este movimiento, el Rey emérito intentaba cerrar la puerta a una nueva causa penal. Como ha adelantado 'El Español', el movimiento con el que buscó una exoneración del delito fiscal amenaza ahora con complicarse. Pese a su salida de España y su residencia en Emiratos Árabes, tiene obligación de responder y aportar los datos complementarios que se le reclamen para comprobar la veracidad del pago realizado y si este es completo.

La de febrero fue la segunda regularización que efectúa con ese objetivo. El pasado diciembre, depositó en Hacienda otros 678.393 euros por el caso de las transferencias irregulares del industrial mexicano Allen Sanginés-Krause. En cuanto al origen de los 4,4 millones pagados en esta segunda regularización, fuentes del entorno de Juan Carlos I reconocieron que procedían de empresarios amigos. Este diario detalló las contribuciones recibidas para poder aportar la elevada cantidad.

Foto: El rey emérito Juan Carlos I. (Reuters)

Por la Fundación Zagatka pasaron decenas de millones de euros. En agosto de 2018, aún controlaba activos por importe de 7,9 millones de euros. Entre sus principales fuentes de ingresos, destacan cinco transferencias por un importe total de 6,5 millones. Aunque la entidad habría sido empleada para costear todo tipo de gastos del monarca, el destino más frecuente del dinero era el pago de vuelos privados. La primera empresa de alquiler de aviones que aparece en los apuntes contables de Zagatka es la británica Netjets UK Ltd. El 15 de mayo de 2009, fue cargado un cheque de 189.026 euros en una de las ocho cuentas que la fundación tenía abiertas en ese momento en Credit Suisse. Los pagos se prolongaron hasta hace dos años, abarcando un periodo en el que Juan Carlos I ya no estaba amparado por su inviolabilidad. En enero de 2018, desde Zagatka se abonaron vuelos a la República Dominicana y las Bahamas.

El movimiento con el que el monarca buscó una exoneración del delito fiscal amenaza ahora con complicarse

La última contratación de la que hay constancia ocurrió en mayo de 2018, casi cuatro años después de que Juan Carlos I renunciara a la Corona y, por tanto, perdiera su condición de inviolable. El día 16 de ese mes, según las facturas a las que ha tenido acceso El Confidencial, partió de Torrejón hacia el aeropuerto internacional Windsor Locks Bradley, en el estado de Connecticut, en la costa este de Estados Unidos. Volvió cuatro días después, sin que haya el más mínimo dato sobre las razones de esa estancia. La factura supuso otro cargo de 358.000 euros en las cuentas de Zagatka.

Tanto en esta ocasión como en la anterior regularización de diciembre, el Rey emérito se apoya en una previsión legal que le permitiría esquivar el delito fiscal. La clave se encuentra en el artículo 305.4 del Código Penal, que recoge las bautizadas con el nombre de 'excusas absolutorias'. El artículo indica que quedará exento de responsabilidad penal "el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación".

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