El Gobierno y un PP reforzado tras el 4-M negociarán un nuevo CGPJ sin Podemos

Quizás a la enésima vaya la vencida. Un PSOE sin influencia directa de Unidas Podemos y un PP fortalecido después de sus resultados en Madrid ya se preparan para trabajar con la intención de cerrar de forma definitiva y tras múltiples intentos fallidos la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El enquistamiento se ha prolongado durante varios años y ambas partes reconocen que no se puede prolongar más. Tanto unos como otros se muestran optimistas en este caso. El acuerdo estuvo al borde de cerrarse el pasado febrero, aunque la insistencia de la formación de Pablo Iglesias de exigir la presencia del magistrado José Ricardo de Prada, bestia negra de los populares, lo frustró.

Pese a que solo han pasado dos meses, las cosas han cambiado mucho. Iglesias ya no forma parte del Ejecutivo y ha anunciado que abandona la política, y fuentes populares aseguran que ya no hay excusas para contar con el socio de la coalición y cerrar los nombres del nuevo órgano de gobierno de los jueces. La exigencia sobre De Prada ya no sería tal, lo que concede al Gobierno una flexibilidad con la que antes no contaba. "Si en el PP no están demasiado crecidos, las perspectivas son buenas", apuntan fuentes de Moncloa.

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Fuentes del PP aseguran que ahora tienen una posición de fuerza política tras las elecciones y por la debilidad del Gobierno y, sobre todo, porque consideran que la presión de la Unión Europea juega a su favor. Bruselas ya obligó al Gobierno a retirar la propuesta de reforma que reducía las mayorías para la renovación y, además, el PP considera que esa vigilancia europea debe forzar a cambiar el sistema de renovación para que 12 de los 20 vocales sean nombrados por los propios jueces. Esa reforma ya no serviría para esta renovación, pero sí para las futuras. El Gobierno estaba dispuesto antes a crear una subcomisión que trabaje en esa reforma y ahora el PP entiende que es ejecutiva la petición de Europa para llevar a cabo ese cambio de la ley.

Además, desde la entrada en vigor de la reforma legal que limita las competencias del CGPJ cuando esté pendiente de renovación, esta institución ha quedado prácticamente neutralizada, sin poder hacer nombramientos. Esa situación debe impulsar el acuerdo.

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En la última intentona, horas antes de que el acuerdo saltara por los aires, la composición del CGPJ estaba cerrada por completo. Había también acuerdo sobre la presidencia, que iba a atribuirse a la magistrada Pilar Teso. El PP y el PSOE ya tenían definida la lista de los 12 vocales jueces, con nombres coincidentes con los pactados el pasado 2018 y también en el verano de 2020. Incluían así la presencia de la mujer del magistrado Pablo Llarena, Gema Espinosa, los magistrados del Tribunal Supremo Ángel Arozamena y José Antonio Montero, los progresistas Fernández Seijo y Espinosa y los magistrados Inmaculada Montalbán y Alejandro Abascal.

Tras la ruptura, la batalla del Ejecutivo se centró en impedir que el actual CGPJ, dirigido por Carlos Lesmes, llevara a cabo nuevos nombramientos. Sacó adelante la reforma que limita la actividad del órgano en funciones, provocando enorme malestar tanto en el propio Consejo como en las asociaciones judiciales. De propina, llegó la exigencia de Europa para una renovación inmediata que, además, garantice la independencia. Y el aviso de la Comisión Europea hace inadmisibles nuevas dilaciones.

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Los huecos en el Supremo

A la salida de Iglesias y las instrucciones de la UE se suma un tercer factor que ni uno ni otro partido pueden ignorar. El Consejo no está nombrando cargos, en aplicación de la modificación legal mencionada, y ese hecho ha comenzado a hacer mella en el Tribunal Supremo. Han quedado vacantes y sin cubrir una plaza de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo por la jubilación de Antonio Salas, dos en la Sala Tercera del TS (por las jubilaciones de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego), otra más en la Sala Cuarta por el fallecimiento de José Manuel López García de la Serrana y la presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja. A esa media decena se une una plaza de magistrado en la Sala Quinta por la jubilación de Ángel Calderón. Y la cosa va a más.

La peor situación se encuentra en la Sala Tercera, la de Contencioso, donde el propio Ejecutivo ha hecho recaer el peso de la revisión de las restricciones por el covid una vez desaparezca la alarma. La Sección de Tributos, en la que se espera la jubilación de José Díaz para el próximo agosto, es una de las más afectadas.