Anticorrupción vuelve a oponerse a la imputación de Iglesias en el caso Dina

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la citación en calidad de investigado del exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado caso Dina que se instruye en la Audiencia Nacional, han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

El posicionamiento de la Fiscalía, adelantado por 'Infolibre', será entregado mañana al instructor del caso y se realiza en respuesta a una petición de una de las acusaciones populares en esta pieza del denominado caso Tándem sobre las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El instructor de esta causa, el magistrado Manuel García-Castellón, dio traslado de esta petición a la Fiscalía antes de que comenzara la campaña electoral, y el Ministerio Público ha evitado pronunciarse hasta este momento. Ya lo hizo cuando la causa recaló en el Supremo, también en contra de investigar al exvicepresidente.

Se da la circunstancia de que ya también exlíder de Podemos, tras haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento ante el Tribunal Supremo y ello abre la puerta a que el juez pueda citarlo como investigado en esa causa.

En esa pieza separada número 10 de Tándem, en la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, a finales de 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, el secretario general de Podemos ostenta hasta ahora la condición de perjudicado.

Tras el rechazo del Supremo a abrir causa directamente a Iglesias y el regreso de la causa a la Audiencia Nacional, el instructor ha puesto el foco en el supuesto delito de daños informáticos ―ya que Iglesias mantuvo el dispositivo en su poder varios meses antes de entregárselo a su asesora tras obtenerlo de un periodista― y envió de nuevo la tarjeta SD a la Policía Científica. Ahora, las nuevas diligencias dependen de lo que arroje el informe pericial que elaboren los agentes, y de si realmente se puede tener acceso a los archivos que contiene.